En los últimos días, algunos medios de comunicación, particularmente dos de los considerados miembros del Cartel de la Mentira, han estado desplegando con amplios e insidiosos titulares, “noticias” referidas a casos de familiares de tres ministros trabajando en el sector público. La verdad es que daría lo mismo si fueran más los casos. Ese no es el problema. No es un tema personal ni profesional lo que impulsa la difusión de estas noticias.
Ese nivel de cobertura, ya habitual en un periódico y en una agencia de noticias, deja mucho que desear en su nivel de apego a los más elementales principios deontológicos que, al menos en la formalidad liberal que inspira sus notas, debería caracterizar el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, en ninguno de los tres casos se ha cumplido con la “parte” y “contraparte”, que es un mandato que los viejos periodistas, por muy conservadores que podían ser muchos de ellos, se esforzaban por cumplir al pie de la letra.
Lo que se hizo es publicar las noticias como una suerte de “investigación periodística” sin buscar ni a los tres ministros nombrados ni a los familiares de estos que trabajan en el sector público. Obviamente publicaron la reacción de éstos al día siguiente, pero no es lo mismo. Al no hacerlo, al no decir la verdad completa, lo que hacen estos medios es incurrir en la categoría de difusores de “noticias falsas” que si bien tiene sus orígenes hace un par de años en las campañas de marketing en varios países del mundo, en la actualidad es un instrumento usado con fines políticos y hasta militares. Sirve para atacar candidatos o para justificar invasiones o ataques militares. No es una casualidad ni mucho menos que apenas publicadas estas “noticias” jefes y dirigentes opositores se plieguen a la campaña de descrédito con declaraciones y mensajes en las redes sociales.
Estas noticias provocan efectos morales en los que no quieren al gobierno de Evo Morales ni lo querrán nunca por razones de clase y coloniales. Pero estas noticias, fundamentalmente, buscan provocar desorientación en la amplia base social que apoya el proceso de cambio al tratar de meter el “gusanito” de la presencia de ciertos privilegios en algunos niveles del gobierno. Su objetivo es provocar una crisis emocional y debilitar o romper el lazo que une a los identificados con la revolución boliviana. Por lo demás, no solo se violenta la legalidad del país pues todo ciudadano tiene derecho al trabajo, salvo la prohibición tácita del nepotismo (que dos familiares trabajen en el mismo lugar), sino que se afecta la imagen de los involucrados en las “noticias falsas”.
Pero sería un grueso error y un alto nivel de ingenuidad pensar que se trata de yerros en el ejercicio del periodismo. No cabe la menor duda que esos medios forman parte de una estrategia global de la oposición destinada a afectar la imagen del gobierno y, por tanto, de poner trabas para la continuidad del proceso de cambio. El ejemplo más grande hasta hoy lo representa el “caso Zapata” que tomando algunos datos de la realidad concreta (una pasada relación sentimental de Evo Morales) se construyó otra realidad mediática que tuvo su efecto en el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.
La línea de acción es clara: golpear al gobierno colocando en escena política el tema de la moral. Estos golpes, que manipulan el sentimiento y la subjetividad de la gente, se basan en la “verdad” de los que construyen esa realidad noticiosa aunque la misma esté extremadamente alejada de la veracidad de los hechos. Se trata, por tanto, no de un trabajo periodístico sino de acciones políticas que deben ser respondidas como tal. El periodismo para estos medios es solo una fachada, una cobertura.
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