por: María Jesús Ramos Mendieta
El 23 de junio pasado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), hicieron dejación de armas, con lo que concluye una de las etapas, no la última, de la implementación de los acuerdos de paz.
Las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) fueron fundadas por líderes campesinos en respuesta a las masacres ordenadas por el gobierno colombiano en 1964, que pretendía exterminar comunidades campesinas autónomas y que ya había cobrado la vida de miles de dirigentes como el líder nacionalista Jorge Gaytán. El auge de las FARC fue alcanzado en los 80’s y en algún momento el movimiento tuvo 20.000 combatientes; sin embargo el número se redujo en los últimos años a 8.000. Esto los llevó a optar, paulatinamente, por estrategias controversiales para recuperar a sus compañeros guerrilleros capturados por el gobierno colombiano; la estrategia consistía en intercambiarlos por personas que secuestraban, entre ellos políticos, militares y policías.
En varias ocasiones se dieron intentos fallidos de acuerdos de paz con el gobierno, en febrero de 2012 se iniciaron los diálogos entre ambos en la Habana Cuba. Estas mesas de dialogo concluyeron en 2016, donde se consiguió que las FARC-EP renuncien a los secuestros como unas de sus tácticas de lucha.
El 29 de agosto de 2016, se anunció el cese al fuego entre el gobierno colombiano y las FARC-EP definitivamente. Un logro histórico, tomando en cuenta que este conflicto duró 52 largos años, en los cuales se calcula que tuvo 220.000 muertes y más de 6 millones de desplazados de la zona. El acuerdo de Paz en sí se firmó el 26 en septiembre de 2016 en Cartagena.
Acuerdos del proceso de diálogo
Durante el proceso de dialogo entre el Gobierno de Colombia y las FARC–EP se concretaron importantes transformaciones, muchas de ellas en beneficio de los campesinos, la población más golpeada por el conflicto. No sólo por las FARC, sino sobre todo por paramilitares cuyas estrategias de control territorial siempre fueron brutales.
Primero, los campesinos dejarían de ser ciudadanos de segunda. Esto se modificaría a través de medidas de protección social donde se elaboren garantías sobre los derechos de los trabajadores rurales. Sobre el tema de las tierras se crearía un mercado de las mismas vía un fondo de distribución gratuita para los campesinos que no poseen tierras, se brindarían subsidios y créditos para la compra de tierras. Respecto a los impuestos éstos serían implementados a los terratenientes, históricamente vinculados con los círculos de poder colombianos. También se buscaría debilitar (erradicar el clientelismo creando escenarios donde participen las comunidades en la ejecución y evaluación de proyectos y programas. Por otro lado, se buscaría mejorar la alimentación del campo, creando un sistema de seguridad alimentaria y de nutrición para la población del área rural.
Dentro de los acuerdos también se tocó el tema del surgimiento de nuevos movimientos de izquierda garantizando la participación de los movimientos sociales en el proceso político colombiano. Se planteó también una nueva definición del “orden público”, reestructurándolo y aplicando a la coyuntura actual, basándose en el respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos y los valores democráticos serán promovidos mediante la cultura de la tolerancia. Se propusieron cambios en la dinámica del periodismo, normando a los medios en base a criterios de transparencia, de objetividad y de equidad. Por último y como décimo punto se propusieron cambios en la producción de la coca desarticulando de esa manera la cadena de valor del narcotráfico.
Impacto interno en Colombia
Haciendo un análisis general podemos ver que de manera directa el cese al fuego o acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP impacta en la economía posibilitando la reestructuración gradual del país con cambios post acuerdos de Paz. La importancia principal es la reinserción de los combatientes guerrilleros al sistema productivo del país induciendo al crecimiento económico local y nacional. Por otro lado, el gobierno reduciría el gasto o el financiamiento en seguridad interna y esos fondos podrían ser re-direccionados a otras áreas, programas o proyectos de salud, educación, agro e infraestructura, siempre y cuando el gobierno recupere el control del crimen organizado por las bandas paramilitares financiados por terratenientes del país y los enemigos de la paz en Colombia.
Impacto geopolítico y regional
Colombia carecía de sentido geopolítico propio ya que los conflictos armados entre las FARC–EP y el gobierno representaban una desventaja para el país en el tablero geopolítico regional, por el desgate que ocasionaba el despilfarro en seguridad interna y por la falta de control del territorio geográfico, lo cual ponía al país, una situación deficiente frente a la articulación geopolítica de los otros países basados principalmente en las soberanías de los pueblos, –al menos en la articulación de los países del bloque Progresista–.
Soberanía que Colombia no poseía a causa de la situación en la que se encontraba, no sólo por el control de una parte de su territorio por las FARC, sino sobre todo, por la injerencia que este conflicto le permitía a los EE.UU., que siempre consideró a Colombia como su puerta de ingreso a América Latina.
Lo posible, por no decir lo ideal, sería que Colombia estabilice su soberanía nacional e ingrese al bloque de países progresistas en busca de fortalecer el desarrollo de la Patria Grande. Para ello la primera medida debe ser readecuar el sistema democrático basándose en la defensa de los derechos de sus pueblos, como se sostiene en los acuerdos de paz con las FARC – EP; darle no solo soberanía nacional, soberanía democrática, soberanía alimentaria, soberanía educativa a Colombia, alejándose principalmente de la influencia imperialista a la que el país era vulnerable y por otro lado, impulsar la libertad de generar y reconocer su soberanía cultural.
Fueron 52 años de desgaste interno que no permitieron a Colombia desarrollarse de la mejor manera. La acción de las FARC le permitió a los EE.UU. establecer un control no sólo sobre su gobierno, sino incluso sobre los vectores de su economía ilegal, además de dar un justificativo que posibilitó la proliferación de bases militares de aquel país como en ningún otro de la región; EE.UU. intervino en políticas públicas bajo el pretexto de control del terrorismo y del narcotráfico pero que en realidad benefician sólo a sus propios intereses imperiales y a los hacendados y empresarios capitalistas. Se podría decir, incluso, que EE.UU. no hizo más que intensificar aquel conflicto.
La lectura más cercana y optimista desde una visión progresista de la soberanía de los pueblos latinoamericanos, sería de una Colombia que opte y se direccione a las políticas de integración junto a Ecuador, Venezuela y los otros pueblos latinoamericanos que se levantan contra el tutelaje imperial. La pasada semana el presidente Santos oficializó la paz y el fin del conflicto con las FARC. Esta podría ser una oportunidad para que aquel hermano país recupere su soberanía frente al yugo imperial. Sin aquel conflicto, sin embargo, es difícil saber cuál será la actuación del Pentágono.
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