Entender las desigualdades sociales existentes en los países de la región, requiere abordar las varias dimensiones en las que se manifiestan estas divergencias regionales, así como al interior de cada uno de los países, identificando las políticas públicas que se aplicaron, en las diferentes épocas de sus desarrollos históricos y en el marco de los derechos humanos:
América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones más desiguales del planeta, tanto en las sociedades caribeñas como en las de América del Sur; situación que se ha mantenido tanto en periodos de crecimiento económico y prosperidad y, con mayor razón en los tiempos de crisis.
Eventos e informes de organismos internacionales como la CEPAL, plantean que la desigualdad habría sido reducida en los años de la primera década del Siglo XXI, momento histórico en el que la mayoría de los gobiernos de la región apoyaron la necesidad de cumplir los objetivos del milenio (2000-2015), promoviendo políticas redistributivas. Sin embargo, las desigualdades permanecen, al respecto informes de la CEPAL concluye que:
“A pesar de estos avances, persisten altos niveles de desigualdad, que conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos, así como para la gobernabilidad democrática. Avanzar para reducirlos significativamente es un compromiso plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y asumido por todos los países de América Latina y el Caribe.” (La matriz de la desigualdad social en América Latina, 2016)
Así como el desarrollo es considerado desde múltiples dimensiones, la desigualdad adquiere también característica de mutidimensionalidad. Consecuentemente, las políticas públicas tendrían que tomar en cuenta esta característica, cuando se trata de disminuir las brechas que configuran las desigualdades existentes.
La primera dimensión de la desigualdad está referida a la económica-productiva, la ubicación de los grupos sociales en la estructura productiva. Además de la dimensión de clases, también está la que tienen que ver con las diferencias de género, generacional, etnicidad y espacialidad.
Uno de los aspectos básicos del eje productivo se manifiesta en la estructura de la propiedad y la distribución del poder político, la propiedad de los medios de producción, el nivel de la productividad; los resultados de estas diferencias se exponen en una evidente desigualdad de los ingresos, causa y efecto de desigualdades estructurales como la educación, la salud y las oportunidades en el mercado de trabajo.
Las políticas públicas deben acompañar a los grupos vulnerables en las distintas dimensiones de la exclusión, atendiendo las necesidades específicas en cada una de ellas, velando por la articulación entre estas dimensiones en el tiempo y el espacio. Sin embargo, a lo largo del primer decenio y medio del Siglo XXI, los programas y servicios públicos se concentraron solo en los objetivos del milenio, sin establecer articulaciones orientadas a resolver los distintos niveles de exclusión en un enfoque de largo plazo. En este sentido, las desigualdades y las políticas públicas que se apliquen para resolverlas, requieren medidas complementarias y de continuidad, más allá de lo que obligaron los objetivos del milenio. Responder a la “imagen objetivo” de largo plazo que se diseñe por parte de los programas de gobierno y los planes de mediano y largo plazo.
La CEPAL, en el su documento citado, plantea la necesidad de tomar en cuenta su propuesta de políticas públicas que estarían ampliando los objetivos del milenio al 2015 y se enmarcan en los objetivos al 2030, propuesta de la ONU. Dichas propuestas están resumidas en:
“1. Articular la política económica, la política ambiental y la política social
2. Para superar las desigualdades sociales es necesario desarrollar políticas públicas basadas en un enfoque de derechos y con una mirada integral
3. Las políticas de desarrollo social deben orientarse hacia una universalidad sensible a las diferencias
4. Una política social de calidad (efectiva, eficiente, sostenible y transparente) debe sustentarse en el fortalecimiento de la institucionalidad y en pactos sociales
5. Fortalecer la dimensión territorial de la política social
6. Es necesario contar con información estadística sistemática sobre las diferentes dimensiones de la desigualdad
7. Proteger el gasto social y fortalecer los ingresos tributarios
8. Es urgente transitar de la cultura del privilegio a una cultura de la igualdad”
De estas políticas recomendadas por la CEPAL, la mayoría de los países, de la región, se concentraron en las que están relacionadas a los objetivos del milenio. En el caso de Bolivia estas políticas recomendadas fueron asumidas en su totalidad, desde el 2006. Dicha afirmación es posible visualizar en los planes de desarrollo, los programas de gobierno, las leyes y decretos correspondientes que, permitieron a este gobierno, ganar tres elecciones consecutivas. De la recomendación 2 de la CEPAL, el derecho de mayor relevancia es el del acceso a las oportunidades de una fuente laboral y a partir de ello, una remuneración que permita niveles de existencia digna. En esta línea de reflexión, la importancia de una política salarial progresiva es el mejor instrumento para disminuir las brechas de la desigualdad.
La política salarial en Bolivia se constituye en la opción más importante para explicar la disminución en la desigualdad y la pobreza
Desde 2006 el Gobierno Nacional ha iniciado una expansión sostenida del Salario Mínimo Nacional (SMN) y aplico incrementos salariales para toda la población ocupada, incrementos por encima de la tasa de inflación. Entre 2006-2016 se registró una tasa de crecimiento promedio de 13,0%, asimismo se registró un valor de Bs. 1.805 en 2016, cifra superior en más de 310% respecto al salario del 2005 (Gráfico 14.1) y en términos promedio en la última década el SMN fue de Bs. 904,0 mayor en más 151% al promedio del periodo 1996 – 2005. En consecuencia, el promedio la tasa de crecimiento del ingreso per-capita entre 2006 – 2015 fue de 11,7%. En comparación al salario mínimo observado en diversos países latinoamericanos, Bolivia fue incrementando gradualmente el SMN, logrando sobrepasar a algunos países como Perú y México en 2015. El gráfico 1 muestra la tasa de desempleo y su evolución.
(ver gráfico citado en pdf del semanario en:
https://www.la-epoca.com.bo/portada/1502158949/digital/#/26/zoomed)
A consecuencia de la dinámica interna implementada en el país, resultado de una inversión pública agresiva, la tasa de desempleo en Bolivia es la más baja de la región, ver gráfico 2.
(ver gráfico citado en pdf del semanario en:
La política salarial es la más efectiva para disminuir las brechas de la distribución. En tanto que los trabajadores utilizan sus ingresos incrementados en demanda interna y el efecto multiplicador se traduce en el crecimiento económico.
Por otra parte, el salario mínimo nacional tuvo importantes incrementos. De acuerdo a las normas vigentes, no es legal remunerar a los trabajadores y trabajadoras por debajo de este salario. En 1996, el salario mínimo era de Bs. 223, actualmente la suma de este salario alcanza a Bs. 2.000.
De acuerdo al gráfico 3, al 2016, el salario mínimo llego a Bs. 1.805 y al 2017 a Bs. 2000.
(ver gráfico citado en pdf del semanario en:
https://www.la-epoca.com.bo/portada/1502158949/digital/#/26/zoomed)
En términos comparativos, en la región, economías como la argentina y la brasileña marchas hacia atrás en materia de disminución de brechas de pobreza, desempleo y exclusión. Estas diferencias se explican por los modelos adoptados, el retorno de un nuevo neoliberalismo que se supuso haber sido superado.
* Docente investigador titular del IIE-UMSA, miembro de la “Red Boliviana de Economía Crítica”.
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