En los últimos días, hay dos enseñanzas, con efectos políticos distintos, para la teoría y a la práctica política de los gobiernos de izquierda en América Latina. La una, de firmeza y esperanza; la segunda, de preocupación y alto grado de decepción. Nos estamos refiriendo a la Revolución Bolivariana y la Revolución Ciudadana.
En el caso de la revolución venezolana, no se puede más que admirar los altos grados de patriotismo y de consecuencia del gobierno y de la inmensa mayoría de su pueblo. No es poco lo que está enfrentando esa revolución desde el triunfo de Chávez en 1998 y que se ha redoblado a partir de que Maduro asumió el gobierno en 2013. Contra esa nación sudamericana se la desplegado una guerra de amplio espectro: económica, política, militar y psicológica, solo comparable con la que ha enfrentado la revolución cubana desde 1959. A todo ese tipo de guerras hay que agregar la mediática –que en su alta intensidad solo la experimenta la venezolana- y que exige ser estudiada lo más pronto posible para extraer lecciones e identificar sus fortalezas y debilidades en la perspectiva de la defensa de los proyectos emancipadores. Bolivia debería ser una de las que mas acelere su estudio.
Pero, la actitud de la máxima dirección político-militar del país y la de la inmensa mayoría de su pueblo no ha sido la resignación, el arriar banderas ni la división. Todo lo contrario, si algo ha provocado todo ese tipo de agresiones es la compactación y la unidad entorno al gobierno, al Psuv, los otros partidos del Polo Patriótico y sus fuerzas armadas. Las acciones de terrorismo, a las que ha escalado la oposición ante la observación cómplice de la OEA y varios gobiernos del continente, lejos de debilitar han fortalecido la posición política de los que sustentan ese proceso emancipador. La demostración más contundente de que la consigna es “no retroceder ni un milímetro ante la injerencia” es la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio y su respectiva instalación el jueves 3 de agosto, a pesar de que entre una y otra fecha la administración Trump anunció sanciones contra el presidente Maduro.
Otras lecciones distintas está arrojando la Revolución Ciudadana de Ecuador. Un verdadero terremoto se está produciendo en el país sudamericano a menos de tres meses de que Lenin Moreno asumiera la Presidencia de la República por el mismo partido y por el que se creía el mismo proyecto que formó y condujo Rafael Correa durante diez años.
Para decir verdad, a pesar de los cantos de la música alusiva al Che y a la revolución latinoamericana en la campaña electoral y la celebración del triunfo, varias interrogantes surgieron en el ambiente desde antes de que fuera designado candidato por Alianza País y muchas más preguntas se incrementaron por su discurso en el día de su posesión y otras actuaciones ulteriores. Es decir, no hay sorpresa en algunos temas sobre economía y política, pues conocida ya eran sus diferencias con Correa.
Lo que llama la atención no son las diferencias ni las posiciones en debate. Lo que llama la atención es la forma como Moreno ha procesado las diferencias. Tanto en declaraciones como en actuaciones concretas, el actual presidente ecuatoriano lo que se esfuerza es en dejar claro una ruptura más que una continuidad del proyecto liderado por Correa. Algunos insinúan que es por la inseguridad que siempre mostró Moreno ante Correa, otros son más pesimistas al señalar que es una apuesta por otro proyecto.
Como fuera, lo que hace Moreno -de lo que Correa no deja de tener responsabilidad-, es poner de manifiesto el quiebre al interior de Alianza País y seguramente la tremenda decepción y desmoralización de millones de ciudadanos y ciudadanas que depositaron su apoyo a la revolución ecuatoriana.
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