por: Carlos Ernesto Santa Cruz
El proceso de transformación de la justicia es largo. Sus causas, sus problemas y sus proyecciones son analizadas por el ministro responsable de que esa revolución empiece a darle señales positivas a la gente.
El 3 de diciembre se realizarán las segundas elecciones por sufragio popular. Pero el problema de la justicia, que tiene un acumulado que antecede al proceso de cambio, va más allá de ese acto electoral y se convierte en parte de una agenda de pronta y urgente resolución.
Todos y cada uno de los elementos de esa problemática es abordada por el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, quien es él mas estudioso del derecho, sino el único, del actual gobierno y quien tiene la responsabilidad de llevar adelante las conclusiones de la Cumbre de Justicia que se realizó el año pasado.
Entones, el objetivo de la entrevista es entender la situación de la justicia en Bolivia como un fenómeno estructural cuya condición depende de más factores que la forma de elección de sus magistrados. Aunque no se subestima la importancia de las elecciones judiciales venideras, deseamos saber cómo se evalúa a la justicia como un todo, más allá del Órgano Judicial.
La Época (LE).- ¿Qué instituciones considera que son fundamentales o el núcleo central para el funcionamiento de la justica en Bolivia desde una perspectiva no liberal?
Héctor Arce (HA).- Desde una perspectiva sistémica, es imposible hablar de “un núcleo central”, sino de la interacción virtuosa de tres grupos.
En primer lugar el conjunto del Órgano Judicial, es decir, la suma del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, los Tribunales Departamentales y los juzgados públicos en las diferentes materias, y como órgano independiente el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Un segundo grupo estaría constituido por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, quienes poseen un mandato particular de protección y defensa de la sociedad.
Y un tercer grupo compuesto de Instituciones Legislativas y Gubernamentales que diseñan e impulsan políticas públicas que sostienen a los primeros dos grupos, estas son La Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Gobierno e instancias especificas de las Entidades Territoriales Autónomas.
LE.- La percepción mayoritaria de la gente es de rechazo a la justicia, ¿cómo entender ese estado de ánimo desde una visión más estructural?
HA.- La Justicia en Bolivia al igual que en Latinoamérica tiene un concepto negativo por tres hechos: la retardación de Justicia, la falta de transparencia en la administración de Justicia y la falta de acceso a este servicio público. Dichos males se pueden adscribir a diferentes razones, sin embargo, es importante que seamos conscientes de la herencia histórica que nos ha tocado vivir, los ritualismos y ceremonias en la administración de justicia son propios de un sistema europeo que aplicado a nuestra realidad no causa efectos productivos, la descolonización en la justicia es una tarea pendiente en la mayoría de nuestros sistemas judiciales en Latinoamérica.
Sin embrago, en el caso de Bolivia, a pesar de los grandes cambios económicos y sociales que hemos vivido en los últimos años, el sistema de justicia no ha corrido la misma suerte, la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, no han sido suficientes para revertir la mala atención de los administradores de justicia con nuestra sociedad.
LE.- Es evidente que el sistema judicial de nuestro país enfrenta aún muchos obstáculos para alcanzar un nivel de aceptación popular aceptable ¿Qué obstáculos políticos, económicos, sociales, institucionales y otros identifica usted?
HA.- En lo político, la Administración de Justicia nunca ha sido prioridad de la Administración Pública, lo que ha significado una desigualdad con los otros Órganos del Estado, cuando deberían ser iguales entre sí.
En lo social, es la propia sociedad civil quien alimenta los vicios de la corrupción y alienta a los abogados a conseguir triunfos judiciales a cualquier precio. Asimismo, las brechas sociales han generado tratamientos discriminatorios ante el sistema de Justicia.
En lo económico, la justicia nunca ha gozado de un presupuesto que este en correspondencia de sus obligaciones, y lamentablemente los administradores de los recursos del Órgano Judicial siempre han sido cuestionados en su forma de obrar y de distribuir los recursos asignados.
En lo institucional, existen serias debilidades, no existe una carrera judicial institucionalizada, las y los jueces que ejercen actualmente no fueron formados para administrar justicia, con una formación integral de jueces, evaluaciones periódicas y un sistema disciplinario transparente y eficiente.
Todos estos obstáculos, generan un círculo vicioso que desemboca en el rechazo popular.
LE.- ¿Cuál era la situación de la justicia en Bolivia antes de la llegada del MAS al poder y cuál es la situación de la justicia hoy?
HA.- Previamente es imprescindible aclarar que en nuestro Estado existe división de órganos e independencia en su accionar, es decir, ni el gobierno, ni la Asamblea Legislativa pueden intervenir directamente en la administración de justicia, ni mucho menos en la forma de administrar sus recursos.
Sin embargo, se puede evidenciar, que existen cambios sustanciales a partir del inicio del proceso de la Revolución Democrática y Cultural que llevamos adelante. En síntesis, antes los altos magistrados eran elegidos por los parlamentarios en proceso de cuoteo político, ahora los elige el Pueblo por voto popular. No existía la jurisdicción indígena originaria campesina con parte del Estado, hoy se la reconoce a la par de la justicia ordinaria y se procura su desarrollo y revalorización.
Antes se operaba con códigos copiados, obsoletos y ajenos a la realidad de nuestra Sociedad. En el Gobierno del MAS se han aprobando un paquete normativo que si se condice con la realidad socio-jurídica del país, entre los “Códigos Morales” tenemos: el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Niño Niña Adolecente, el Código de las Familias del Proceso Familiar y la Ley del Notariado. Asimismo, al presente nos encontramos trabajando en un nuevo paquete de Códigos: Civil, Comercial, Laboral, Procesal Administrativo, del Sistema Penal, y de Ejecución Penal.
Finalmente, dado el clamor popular por restablecer el Sistema de justicia como un servicio social, desde el Órgano Ejecutivo se realizó la Cumbre de Justicia el año 2016, posteriormente a inicios del 2017 se aprobó la Ley N° 898 de creación de la Comisión para la implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, cuya estructura y funcionamiento radica en un accionar coordinado entre todas las instituciones que conforman el Sistema de Justicia.
El proceso de Revolución de la Justicia todavía es largo, porque lo que hay que reformar no sólo son normas e instituciones sino modelos mentales.
LE.- ¿Considera que el problema de la justicia es una competencia del gobierno central exclusivamente o cree que existen otros niveles de nuestra sociedad que también juegan un rol fundamental?
HA.- El problema de la justicia es de todas y todos los ciudadanos que conformamos el Estado, en primer lugar, es una responsabilidad del Órgano Judicial, sin embargo, hemos visto que el trascurso de la historia pocos han sido los esfuerzos y resultados de cambios estructurales en la administración de Justicia en sus manos.
Los Órganos Ejecutivo y Legislativo, son los responsables de establecer la normativa y las políticas públicas para coadyuvar al órgano judicial en la administración de justicia, de la misma forma las Entidades Territoriales Autónomas tienen tareas concretas en cuanto a la implementación de servicios de acceso de justicia en diferentes ámbitos.
En suma, es una gran responsabilidad recae sobre la Sociedad en su conjunto. Esto significa reflexionar y cuestionar profundamente nuestros modelos mentales sobre el sistema judicial. Esto es erradicando nuestra cultura pleitómana y revanchista. Al contrario, debemos profundizar nuestra cultura de paz, las prácticas de diálogo de nuestros ancestros y buscar soluciones salomónicas y perdurables a través de medios alternativos al sistema judicial, tales como la mediación y la conciliación.
LE.- Como Estado, se podría decir que la justicia en Bolivia enfrenta problemas estructurales muy latinoamericanos, posiblemente explicables por la herencia colonial del continente. Su copamiento por clases altas o políticas, su carácter opresivo con su propia sociedad civil, su orientación a resguardar ciertos privilegios y, sobre todo, su incapacidad para hacerse positiva o efectiva. ¿Qué piensa de todo esto?
HA.- La administración de la Justicia es el sector más colonial del Estado. Ello claramente se expresa en que siempre hemos tenido una tendencia a copiar las legislaciones que no se adaptan a la realidad coyuntural de donde serán aplicadas, partiendo del Constitucionalismo derivativo hasta el positivismo adaptativo.
En suma, toda vez que el Sistema de justicia en América Latina fue construido bajo una visión colonial elitista y de exclusión y, por ello, el derecho terminó siendo ajeno al Pueblo que debe sufrir su implacable rigor. Como alguna vez señaló el vicepresidente Álvaro García: en la justicia colonial que aún pervive “se es desigual por origen, por historia; luego se remata: se es desigual por idioma, por color de piel y por vestimenta”. Por ello, aún hoy, las leyes le pertenecen al excluyente círculo de los abogados que lucran por “traducirlo” a un Pueblo al que consideran “ignorante”. Esos son los lastres coloniales que debemos erradicar.
LE.- Específicamente en cuanto a la influencia de la justicia en la política y viceversa, ¿considera usted que la justicia y la política tienen una relación perversa en Bolivia? ¿Se puede decir que nuestros políticos son impunes? ¿O qué tipo de relación debe haber entre ambos órganos del Estado?
HA.- La relación de la política y la justicia ha existido siempre mediante la elección de las autoridades judiciales que antes de la Constitución del 2009, se realizaban mediante un cuoteo político del Congreso, hoy en día podemos decir que somos el único país donde el elector es directamente el pueblo, sin embargo, tenemos sumidos en nuestras mentes que un proceso electoral siempre tiene un trasfondo político, y lamentablemente ha ocasionado que este gran paso de nuestra democracia sea pintado de preceptos políticos sin fundamentos.
Por otro lado, la coordinación entre órganos para realizar una reforma integral y ambiciosa que nos ha dejado la Cumbre de Justicia, es fundamental, es necesario que todos los órganos del Estado en el marco de sus atribuciones coadyuvemos en su construcción, porque como ya vimos antes el órgano judicial solo no puede con tan grande responsabilidad.
LE.- ¿Qué obstáculos de la justicia en Bolivia pueden ser enfrentados directamente por el gobierno central y qué obstáculos requieren de mayor participación ciudadana?
HA.- El Órgano Ejecutivo puede generar mejores condiciones materiales (infraestructura, tecnología, etc.), impulsar mejoras normativas y proveer políticas públicas para reformar la justicia en una relación cooperativa y horizontal con otros Órganos del Estado. No obstante, el Órgano Judicial tiene iniciar un profundo cambio en la generación de nuevos profesionales que administren la justicia y en sus sistemas disciplinarios.
Como señalamos la tarea institucional es muy grande, sin embargo, la ciudadanía es la piedra de toque de cualquier intento de reforma. Por ello, se requiere el compromiso de la sociedad para el cambio de mentalidad que necesitamos y el retorno de confianza en sí misma. Si la propia sociedad desacredita la función judicial pero al mismo tiempo promueve conflictos judiciales y alimenta la corrupción, esto nunca cambiará.
LE.- En Bolivia, la justicia involucra a ciertos actores colectivos o corporativos muy específicos, como la policía, los abogados, los magistrados, los políticos e incluso sectores de la economía informal y también de la ilegal ¿Cómo piensan lidiar con cada uno de estos actores?
HA.- En realidad, la Cumbre de justicia, ha sido justamente el escenario para lidiar y escuchar a todos estos sectores de la sociedad, que han manifestado abiertamente que criticas tienen y que esperan del sistema de Justicia, creemos, que es fundamental escuchar al pueblo para actuar en decisiones tan transcendentales como una reforma a la justicia.
LE.- ¿Por qué es tan difícil cambiar para bien nuestro sistema judicial?
HA.- Entre todos los problemas descritos, debemos estar conscientes que existen dos cánceres mayores que carcomen al sistema de justicia, esto es la corrupción y la retardación, que se alimentan recíprocamente en un círculo vicioso. Al respecto, debemos acabar con una justicia diferenciada para ricos y pobres; no es posible que la diosa Temis tenga un ojo abierto para los primeros y el otro cerrado para los segundos; no es admisible que la justicia se determine por los diezmos que algunos operadores del sistema de justicia piden para “destrabar” los procesos y que los usuarios consientan en otorgarlos porque “así nomás son las cosas”. Estos modelos mentales mercantilistas de la justicia deben ser cambiados desde las universidades, los centros de formación en todos sus niveles, pero particularmente en la familia que es el origen de todas las virtudes o defectos de una Sociedad.
Leave a Reply