por: María Jesús Ramos Mendieta
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
La declaración de derechos humanos está basada principalmente en una normativa que articula pautas en interacciones basadas en la tolerancia y el respeto dentro de la organización de una sociedad conformada por seres humanos que, en esencia, deben integrarla sin dejar de ser libres. Asumimos que esta libertad de la que se habla hace alusión a la elección personal de identificarse con alguna religión, asociación o grupo político, sexualidad, cultura, deportes, etc.
América Latina tiene un registro histórico de intervención y falta de tolerancia en el ámbito político desde hace ya muchos años: dictaduras, golpes de estado, planes de intervención, se tornaron en acciones de represión que terminaron con muchas vidas tanto de activistas, líderes políticos e incluso transeúntes en el lugar equivocado. Estas características son ahora líneas de acción o contra-acción de algunos gobiernos dentro de su propio territorio. Ya no sorprende a la sociedad latinoamericana que después de que surjan diferencias políticas, activistas desaparezcan o sean encontrados muertos, un claro ejemplo es el caso de los 43 de México.
Todos somos Santiago Maldonado
Santiago Maldonado era un joven Argentino de 28 años que viajó hasta la localidad de Cushamen, en la vecina provincia de Chubut, donde desde 2015 la comunidad mapuche ocupa terrenos comprados por el empresario italiano Luciano Benetton. Se encontraban realizando reclamos por el derecho a sus tierra ancestrales. El hermano de Santiago, aseguró que él ni siquiera era “militante” o “activista”, sino que era un joven sensible que se solidarizó con la protesta de la agrupación “Resistencia Ancestral Mapuche” que venía bloqueando intermitentemente la ruta que conecta la provincia con Chile.
Santiago se encontraba con un grupo del pueblo mapuche cuando el 1 de agosto, un día después de que él había llegado a la zona, la Gendarmería Nacional de Argentina desalojó la protesta por orden del juez federal Guido Otranto. Lo último que testificaron los que se encontraban junto a Santiago fue que cuando empezó la represión con balas de plomo y balas de goma, todos corrieron y cruzaron a nado el río Chubut, y vieron que Santiago se aferró a un árbol sin poder cruzar el rio e inmediatamente fue rodeado por la gendarmería, los que lo golpearon, detuvieron y lo subieron a una camioneta. Sin embargo las alegaciones de la gendarmería indican que jamás detuvieron a Santiago.
El juez Otranto alegó que no había elementos para sostener que Santiago fue detenido por la Gendarmería. La Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, indicó que ni siquiera se podía confirmar que Santiago estaba en ese lugar porque todas las personas estaban encapuchadas, ambos excusándose y negando el conocimiento del paradero de Santiago.
El cuerpo de Santiago fue encontrado el 17 de octubre, sin vida, y en el Rio Chubut, zona en la que fue visto por última vez. El caso de Santiago no es el único que quedó sin culpables y sin justicia; en Latinoamérica existe una represión interna por parte de fuerzas oficiales de gobiernos de tendencia de derecha que no parece haber cambiado desde los ignominiosos 70s.
Pueblos indígenas
Argentina tiene el antecedente histórico de que las poblaciones indígenas que habitaban en ese territorio fueron arrasadas y masacradas. Durante el gobierno de Cristina Fernández se lanzaron apoyos e iniciativos económicos dirigidos tanto a los pueblos indígenas como a las personas de bajos recursos, tras aplaudir las acciones del gobierno boliviano de Evo Morales donde se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas en la CPE; se buscó incorporar y reconocer los derechos de sus pueblos basados en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” a través de leyes y políticas públicas. Sin embargo tras que Macri asumió el mando del país, se realizó una re-estructuración económica de amplio alcance y se cortó apoyo o incentivos económicos a una gran proporción de la población, argumentando que existía una deuda que debía ser cubierta con esos recursos.
El panorama se define, los pueblos indígenas en Argentina están abandonados y no cuentan con un apoyo legal o por lo menos plasmado en alguna normativa; la situación de los pueblos indígenas de Chile no está muy alejada a la de los pueblos indígenas de este país. La represión en Chile, principalmente hacia el pueblo Mapuche, tiene una procedencia muy larga; sin embargo el caso al que nos referimos sucedió en territorio argentino a manos de la Gendarmería Nacional. No está demás mencionar que la declaración de derechos humanos indica que todo ser humano tiene derecho a la vida y que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Intervención de la comisión interamericana de DDHH
La reacción cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue tardía. Público una medida cautelar para proteger los derechos de Santiago. El mismo organismo pidió al gobierno argentino que tome acciones para determinar la situación y paradero del joven.
El Estado argentino realizó dos descargos los días 14 y 15 de agosto donde sostuvo que la CIDH no era competente para intervenir en el conflicto, debido a que ya se había iniciado un trámite similar ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que las medidas institucionales y judiciales adoptadas permiten verificar una rápida y adecuada respuesta estatal a la desaparición de Santiago Maldonado, además que no correspondía dictar ninguna medida cautelar en el caso de la desaparición investigada.
No hubo una respuesta estatal a la desaparición de Santiago, la familia sufrió la incertidumbre durante 81 días.
La desaparición forzada en Latinoamérica hoy
La desaparición forzada de personas puede ser entendida como una guerra interna de baja intensidad como lo indica Ana Molina Theissen. Se trata de un método principal de control político y social que se caracteriza por ser practicado clandestinamente, logrando imponer el silencio de ciertos actores políticos o actores de importancia de manera impune.
Al privar de la libertad y desaparecer forzadamente a las personas los Estados que sean cómplices o culpables directos asumen tres responsabilidades: la primera es frente al derecho interno ya que las Constituciones Políticas de América Latina velan por el derecho a no ser detenido arbitrariamente, ya que sería en esencia una desaparición; la segunda es frente a la comunidad internacional. Las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos humanos son ineludibles ya que en estos casos la comunidad internacional se constituye en un factor de presión para determinar el caso; y la tercera es frente a los familiares, cuya situación en el caso de Santiago ya fue señalada.
* Politóloga.
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