Norberto Bobbio sostuvo alguna vez que el principal criterio para diferenciar a un gobierno de izquierda de uno de derecha es la igualdad como principio orientador de su política pública. Un gobierno de derecha tendrá, en el mejor de los casos, una tendencia a la conservación del status quo o la restauración de inequidades, en el peor. Un gobierno de izquierda, dependiendo de su radicalidad, tenderá a su disminución o a su supresión total. Los medios, las razones, los justificativos, en suma, la ideología, podrá variar entre la infinita variedad de tendencias zurdas, pero el principio rector será similar en todos los casos: eliminar o disminuir desigualdades.
El gobierno de Morales es incuestionablemente un gobierno de izquierda. Su nivel de radicalidad puede ser puesta en debate, pero no hay duda acerca de su impronta igualadora e inclusiva: más de 1,5 millones de personas salieron de la pobreza extrema en los últimos diez años, muchos empujados por las políticas redistributivas de éste gobierno, y cerca de tres millones han salido de la pobreza moderada, aunque quizá no sea bueno, políticamente, pensar que todos han ido a la clase media; se aumentó, exponencialmente, la inversión en infraestructura se incrementó exponencialmente a través de diversas fuentes de financiamiento que en muchos casos obnubilaron a gobiernos locales pero que de todos modos alcanzaron mayores niveles de efectividad; salud y educación recibieron un suma de recursos económicos que casi superan nuestro PIB nominal durante los últimos 12 años, con más de 24 mil millones de dólares sólo en salud; y todo esto sin mencionar la inclusión de sectores sociales históricamente ninguneados en el poder político.
El incremento del salario mínimo durante la última década puede verse desde esta perspectiva: el gobierno de Morales incrementó en un 300% el salario mínimo hasta 2017, con picos en 2006 (13%), 2009 (12%), 2011 (20%), 2012 (22%), 2013 (20%), 2014% (20%) y 2015 (15%). Se pasó de un salario mínimo de 500 Bs. a 2000 Bs. Algo que no hubiera sido concebible durante la gestión de gobiernos conservadores inclinados a políticas de austeridad económica como la recetada por el FMI. Y aunque es cierto que el costo de vida se ha incrementado también durante los últimos años, no es menos cierto que el costo de vida en Bolivia sigue siendo uno de los más bajos a nivel regional.
No obstante, no es en este terreno donde debemos ser críticos, sino en el siguiente, que parte de un dato que puede sonar repetitivo sin dejar de ser por ello impactante: 7 de cada diez bolivianos económicamente activos viven en la informalidad. Es decir, sólo tres trabajadores recibirán doble aguinaldo, incremento salarial y otros beneficios sociales. Dos del sector público (en cualquiera de los niveles del Estado) y uno en el privado. Aunque no es una regla, se puede decir que aquellos tres trabajadores privilegiados tienen una mano de obra calificada, profesiones con cierto grado de especialización, carreras que deberían satisfacerlos económica y espiritualmente. El resto de los siete trabajadores del sector informal están generalmente en comercio, construcción o transporte. Sectores saturados con mano de obra y con ganancias muy magras.
¿Es esto culpa del gobierno? No. Al menos en cuanto al origen del problema, que puede situar incluso antes del DS 21060 y el advenimiento del neoliberalismo. La culpa es de algo llamado “división internacional del trabajo” que limita las posibilidades de desarrollo no sólo de países sino de personas. Un joven del primer mundo, siempre al tanto en cuanto tecnología, puede aspirar a diseñar videojuegos; un joven de un país tercermundista que sólo exporta materias primas (nosotros y Sudan del Sur) sólo puede aspirar a contrabandearlos.
Ésta es la injusticia primigenia que debe cambiar este gobierno. Éste es el origen de todos nuestros males. Éste es el desafió del gobierno de Morales y de cualquier otro que asuma las banderas de la izquierda. El incremento salarial debe ser aplaudido, pero es claro que aún hay montañas más grandes por escalar.
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