por: José Fernando Siñani Cárdenas
Han estado circulado en diversos medios notas referidas a una mayor presión tributaria en Bolivia haciendo un mal uso de la información contenida en documentos del Banco Interamericano Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM); manifestando de manera tendenciosa y errónea que el país es el que más aumentó la imposición tributaria.
Al respecto, es de vital importancia aclarar los conceptos que se exponen en ambos documentos así como su contrastación con la realidad nacional, a objeto de evitar imprecisiones en la información que se comunica a la población, enfocándome en tres aspectos: 1) el uso del indicador de presión tributaria, 2) el análisis comparativo en el documento del BID, y 3) el alcance del “ajuste fiscal” propuesto en el documento del BM.
1. La presión tributaria, como indicador convencionalmente usado se calcula como el porcentaje de los ingresos que personas naturales y jurídicas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al Producto Interno Bruto (PIB), es decir el nivel de ingresos tributarios comparado con la totalidad de ingresos del país.
Bajo este concepto, la presión tributaria en la gestión 2017 alcanzó a un 20,7%; no obstante, en el país existe una característica particular referida al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que aplica única y exclusivamente a la explotación hidrocarburífera y cuenta con un único contribuyente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; por lo que se trata de un impuesto especial y no de una generalización que afecte a la totalidad del sistema tributario.
En este entendido, el indicador de presión tributaria, que engloba la recaudación de mercado interno y aduanera, alcanzó a un 18,3% la pasada gestión menor en 2,1% a lo observado en 2016; cifras que se encuentran por debajo del promedio internacional expuesto en los mencionados documentos; por lo que, no se puede concluir que existe una mayor presión tributaria.
2. El documento del BID titulado “Actualización de la Presión Fiscal Equivalente en América Latina y el Caribe” efectúa una comparación del quinquenio 2011 a 2015 respecto al período 2000 a 2004. Éste análisis comparativo debe ser contrastado con la realidad nacional puesto que en las gestiones 2000 a 2004, la recaudación tributaria era ínfima, producto de la baja actividad económica, inestabilidad social, política y económica, así como una escasa participación estatal; en contraposición a lo que ahora se vive en el país, con mayor dinamismo de la economía, indicadores macroeconómicos sólidos, crecimiento sostenido del producto, estabilidad social, contando además con una Administración Tributaria transparente, y medidas de lucha contra la evasión que permiten generar mayores ingresos tributarios.
Por otra parte, no se puede dejar de lado que el análisis de Presión Fiscal Equivalente planteado por el BID engloba no sólo los conceptos tributarios sino también los royalties o imposiciones sobre explotación de recursos naturales, en ese sentido, el indicador necesariamente se incrementa pues los períodos de comparación son pre y post IDH.
Aclarados estos dos conceptos, cabe notar que en los últimos trece años no se registraron incrementos de impuestos, salvo la alícuota adicional del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE) aplicada únicamente a ganancias extraordinarias en la minería y la banca.
Adicionalmente, Bolivia tiene una de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más bajas de la región, encontrándose muy por debajo de países como Uruguay (22%), Argentina (21%), Chile (19%), Brasil (19%), República Dominicana (18%) y Perú (18%). Asimismo, en el caso del IUE, Bolivia tiene una alícuota por debajo de las establecidas en Argentina (35%), Venezuela (34%), Brasil (34%) y Perú (30%) entre otros (se puede corroborar y ampliar buscando “KMPG tax rates” en internet).
Esto último deriva en el tercer punto a resaltar:
3. El informe del BM denominado “Ajuste Fiscal en América Latina ¿Costos en el Corto Plazo, Beneficios en el Largo?”, de ninguna manera puede ser utilizado para reflejar mayores cargas impositivas; al contrario, el mismo documento señala que un incremento en la carga tributaria, no generaría distorsiones en el consumo, trabajo o inversión, debido a los niveles impositivos bajos en el país.
Finalmente es preciso mencionar que las empresas privadas se han beneficiado de las políticas económicas implementadas por el gobierno, con un fuerte impacto en el incremento de sus utilidades durante los últimos 13 años, en más del 310% pasando de Bs. 6.766 millones en el 2005 a Bs. 27.766 millones en la pasada gestión; es decir las utilidades empresariales se cuadruplicaron.
Por todo lo expuesto, se puede concluir categóricamente que no existe una mayor presión tributaria en el país y más bien llama la atención que se utilicen de manera errónea y tendenciosa documentos de organismos internacionales para desinformar sobre la situación tributaria y se asemejan más a criterios oportunistas en una coyuntura de negociación de incrementos salariales con los trabajadores del país.
* El autor es economista.
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