junio 18, 2021

Mesa y el uso político del caso Quiborax


Editorial La Época-.


El expresidente Carlos Mesa está nuevamente en el centro de la escena política. Pero esta vez no está como vocero de la causa marítima –que no es igual a reconocerle su condición de estratega de la demanda como algunas veces la oposición partidaria y mediática lo ha presentado-, y tampoco como uno de los investigados por la comisión mixta legislativa en el caso Odebrecht, a propósito del contrato para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Esta vez Mesa ha ocupado páginas y minutos en varios medios de comunicación desde hace más de dos semanas por el caso Quiborax, una empresa chilena a la que se le rescindió el contrato de explotación en el Salar de Uyuni, presuntamente de manera ilegal, por lo cual el Estado boliviano tuvo que acordar el pago de 42,6 millones de dólares tras un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Dada la naturaleza de uno de los protagonistas y por las características de la coyuntura, el caso Quiborax adquiere, por la sucesión de hechos que se han ido registrando, una triple dimensión.

En primer lugar, jurídica. El gobierno sostiene que hay suficientes elementos que permiten establecer que la rescisión del contrato con la firma chilena se hizo sin seguir el procedimiento establecido por ley, lo que ha conducido a que Bolivia no tenga más alternativa que aceptar el fallo del CIADI. Mesa, por su parte, ha presentado denuncia contra dos ministros (Justicia y Minería), el procurador y la ex procuradora general, a quienes les encuentra responsabilidad por no haber asumido una buena defensa de los intereses del Estado.

El expresidente ha declarado ante el Ministerio Público y en dependencia de la resolución que tome la Fiscalía General se producirá o no un proceso de responsabilidades.

En segundo lugar, es política, pues el expresidente considera que el proceso que se le está siguiendo es únicamente por su posición de defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando por estrecho margen se cerró la posibilidad de modificar el artículo 168 de la Constitución para habilitar una nueva repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera en las elecciones de 2019. El gobierno niega que el caso esté motivado por razones políticas.

En tercer lugar, es mediática, pues una parte de los medios de comunicación, conocidos por su oposición al gobierno, han desarrollado una campaña de amplificación de la dimensión política que Mesa y otros dirigentes de derecha le han impreso al caso Quiborax.

Haciendo un balance de las tres dimensiones, es posible identificar que son la política y mediática las que han logrado posicionarse en la coyuntura, lo que ciertamente explica que no es el interés del Estado lo que está en debate sino el cómo se utiliza este caso para provocar efectos en las relaciones de fuerza.

Es importante, por tanto, que la gestión del caso sea llevada adelante con la más absoluta transparencia normativa, pues el calificar de “político” a cualquier investigación que se lleva adelante, se ha convertido en una muletilla recurrente de la oposición, lo cual tiene tres objetivos: colocar al Estado en indefensión, desvirtuar los hechos jurídicos y afectar la imagen del gobierno.

Be the first to comment

Deja un comentario