julio 15, 2020

Cerco sobre el órgano electoral

La estrategia política de algunos medios de comunicación, como Página Siete, y de las llamadas “plataformas ciudadanas” y los partidos de derecha es, en este segundo semestre, desarrollar presiones de carácter político y simbólico sobre el Tribunal Supremo Electoral, para que se pronuncie sobre el carácter del referéndum del 21 de febrero de 2016.

No hay que ser brujos ni darle demasiadas vueltas al tema. Lo que la oposición está buscando es sacar de la competencia electoral del próximo año al presidente Evo Morales. Para lograr su objetivo estratégico, la oposición busca confundir a la gente, presionar sobre los vocales del Órgano Electoral y desplegar una campaña con apoyo internacional, particularmente con la complicidad del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Lo que la oposición no explica, porque obviamente no le conviene, es que el referéndum del 21 de febrero de 2016 y la sentencia constitucional del 28 de noviembre de 2017 tienen el mismo valor en términos jurídicos y prácticos. La tienen porque así lo establece la propia Constitución.

En el referéndum del 21 de febrero de 2016 triunfó por un estrecho margen el NO. Con ese resultado, independientemente de las causas que produjeron ese resultado, quedó intacto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que el gobierno y el MAS querían modificar para habilitar al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera para una nueva repostulación. Es obvio, que el resultado del 21F tiene un efecto vinculante, en términos de cerrar el candado para cualquier modificación de ese artículo.

Otra cosa es, en cambio, la sentencia constitucional del 28 de noviembre de 2017, que también es de cumplimiento obligatorio e irrevisable, en respuesta al recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por un grupo de legisladores del MAS y de la oposición para pedir la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución –ninguno de ellos es el 168-, por ir contra el derecho preferente de elegir y ser elegido sin más restricciones que las establecidas en la Convención Americana.

La confusión de la oposición responde, por tanto, a una estrategia, Para eso, ante el dato irrebatible de que Evo Morales continúa siendo el que concentra la mayor preferencia electoral y de que ninguno de los jefes de la oposición sube en intención de voto, lo que quiere la derecha es empezar una campaña para presionar sobre los vocales del Órgano Electoral, ya sea para que digan este año algo que no pueden decirlo, ni a favor ni en contra, o en el peor de los casos para empezar a deslegitimar al árbitro de las elecciones de 2019.

Está claro que mientras no haya cronograma electoral y dentro de este la fecha para el registro de candidaturas, el TSE no puede decir nada sobre la habilitación o no de absolutamente nadie. La oposición no sabe, pero igual está jugando sus cartas. De ahí que tampoco sea una casualidad que el presidente del Tribunal Departamental Electoral se haya pronunciado sobre lo que la derecha y sus medios de comunicación quieren agendar. Habrá que ver si fue por ingenuo.

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