agosto 16, 2022

¿Revolución o reforma judicial? ¿Como salir de la crisis?


Por Oscar Silva-.


Varios casos judiciales se han tornado emblemáticos en las últimas semanas y han puesto en evidencia y, felizmente, en debate público, la dramática situación de la administración de justicia en nuestro país, sumida en una profunda y casi terminal crisis muy próxima al colapso.

Si nos detenemos en las causas de esta situación seguramente no podríamos nunca acabar. El sistema judicial desde el inicio de nuestra historia republicana ha sido una extensión accesoria al poder real. Dictaduras y democracias durante más de 180 años no solo concibieron a éste como un botín político, sino como un instrumento de consolidación y legalización del ejercicio del poder.

Se trata ahora de encarar soluciones que apunten por un lado a la normativa, partiendo de la reposición del código del sistema penal que fue bloqueado por sectores opositores que se sintieron afectados por esta propuesta a finales del pasado año, así como otras normas que modernicen el sistema y le garanticen eficiencia e idoneidad, hasta una paulatina renovación de los recursos humanos encargados de la administración de justicia en todos sus niveles.

El sistema de elección de las máximas autoridades judiciales, con todas sus observaciones, ha sido un avance cualitativo muy importante, en la búsqueda de una verdadera institucionalización e independencia del órgano judicial. Sin embargo, el resto de la estructura ha permanecido intacto desde hace décadas; pero, más allá de las personas, se ha mantenido una mentalidad y una cultura, que marca su desenvolvimiento, basada en la prebenda, el clientelismo y la corrupción, que se han convertido en moneda de curso común.

Es necesario entonces apuntar a este aspecto, ya que el marco normativo, por muy bueno que fuese, nunca logrará sus propósitos a cabalidad, sino se trabaja en la gente, en los operadores, que son los que deben aplicar las normas.

En este sentido, son varios los aspectos que se deben abordar. Por una parte, se requiere una detallada evaluación del sistema de reclutamiento de funcionarios judiciales, pasando por una reingeniería de la escuela de jueces, desarrollar un nuevo concepto sobre la calificación de méritos, la formación académica y los antecedentes no exclusivamente laborales, sino también los personales, familiares, psicológicos y todos los que se consideren necesarios para el desempeño de estas funciones.

Pero además no puede quedar al margen de todo este proceso, la formación universitaria de los abogados, que son los principales operadores. Las universidades se han desconectado de la sociedad y las facultades de derecho se han subsumido dentro de esa cultura judicial que mencionamos antes. Es allí ya donde precisamente se forman a los futuros profesionales del derecho con una visión estrictamente prebendal.

Esa es una de las explicaciones del porque existe tal demanda por estudiar esta carrera y porque estas carreras han surgido en todo el país, en centros de estudio públicos y privados, sin mayor control ni regulación, ni menos control de calidad de la oferta académica de estos centros de formación.
En síntesis, podemos afirmar con certeza, que se requiere implementar una verdadera revolución en la administración de justicia. No podemos equivocarnos pensando que simples reformas podrán contribuir a superar la actual situación. Sin temor y con prontitud hay que encarar de inmediato esta transformación histórica que es una de las principales asignaturas pendientes del proceso de cambio que vive Bolivia desde 2006.

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