diciembre 4, 2020

Proceso de privatización truncó el desarrollo regional en los nueve departamentos de Bolivia

Según el informe de conclusión de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presentado en su primera parte este martes, el proceso de privatización aplicado por los gobiernos neoliberales entre 1985 a 2005, truncó el desarrollo regional en los nueve departamentos de Bolivia.

En los 20 años de gobiernos neoliberales, 157 empresas fueron enajenadas, 15 correspondían a las prefecturas, 19 a los municipios, 50 al gobierno nacional y 73 a las Corporaciones Regionales de Desarrollo (Cordes), según precisa el informe de la Comisión.

De las 73 empresas dependientes de las Cordes, 40 estaban dedicadas a la agropecuaria y la producción de alimentos; 12 al sector de la construcción; siete al transporte y comunicación; nueve al desarrollo productivo y cinco a otras actividades.

“La principal consigna de los gobiernos neoliberales fue liquidar a cualquier costo las empresas públicas. No hubo valoración alguna de su utilidad o del cumplimiento de los objetivos para los cuales habían sido creadas, incluso se llegó al extremo de querer privatizar empresas que sólo eran proyectos”, subrayó el presidente de la comisión legislativa, senador Rubén Medinaceli durante la presentación del informe.

Asimismo, Medinaceli detalló que la privatización y el cierre de las empresas dependientes de las prefecturas desaceleraron la política estatal de turismo en el país, debido a que las 15 empresas enajenadas funcionaban en el rubro hotelero.

La privatización consistió en la transferencia de empresas y bienes públicos realizada en el marco de la Ley 1330 de Privatización promulgada en el gobierno de Jaime Paz Zamora el 24 de abril de 1992. Esta Ley autorizaba la enajenación de activos, bienes, valores, acciones y derechos de propiedad pública, o el aporte de los mismos a la constitución de nuevas Sociedades de Economía Mixta.

Uno de los principales defensores, promotores y operadores de este proceso fue el exministro de Planeamiento y Coordinación del gobierno de Jaime Paz, Samuel Doria Medina, quien en ese entonces señalaba que “la privatización es un proceso revolucionario que permite generar empleo, posibilita inversiones, aumenta la producción y genera recursos para los proyectos sociales”, pero en realidad, ocurrió todo lo contrario.

Los procesos de enajenación fueron impulsados y aplicados por distintos gobiernos neoliberales comenzando por el de Víctor Paz Estensoro y Julio Garret Ayllón (MNR-ADN 1985-1989), Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés (MIR-ADN, 1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (MNR-UCS 1993-1997), Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga (ADN-MIR-UCS-Condepa 1997-2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Quisbert (MNR-MIR-UCS-NFR 2002-2003).

El financiamiento externo para poner en marcha la privatización de las empresas estatales provino de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 60 millones y otro del Banco Mundial (BM) por un monto de $us 87,18 millones, haciendo un total de $us 147 millones, cifra mayor al ingreso percibido por el Estado por la venta de empresas departamentales, que ascendió a $us 99.731.303. Es decir, la inversión fue mayor que la ganancia.

“Se trata de saber por qué se hizo daño al país, por qué se cercenaron recursos de los bolivianos, quiénes fueron los culpables, cuáles fueron las explicaciones, cómo se argumentó y cómo se intentó legitimar este terrible daño a Bolivia que le hizo retroceder décadas en su vida económica y social”, señaló el Vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, al inicio de la sesión.

La autoridad señaló además que espera que el informe de la comisión especial llegue a la población, para que no se repita esta experiencia nefasta para los bolivianos. “No queremos repetir eso, no queremos repetir que Bolivia sea un país que se estanque en la economía, no queremos repetir que los salarios se congelen, no queremos repetir que nos endeuden para pagar salarios de los profesores y médicos”, subrayó.

En esa línea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que las conclusiones del informe servirán a esta y a las futuras generaciones para que nunca más se vuelva a aplicar en Bolivia un modelo económico que tuvo un efecto negativo enorme y que dejó a los bolivianos en extrema pobreza y en la imposibilidad de desarrollar.

“Los cruceños tenían una empresa como Hilancruz donde se procesaba el algodón que se producía en Santa Cruz y así cada uno de los nueve departamentos fueron despojados, se les quitó empresas y se las regaló a privados a precios de gallina muerta, se desmanteló la posibilidad de que los bolivianos y las bolivianas tengamos una diversificación en nuestra producción”, manifestó Montaño.

El perjuicio económico por la privatización de empresas, según el informe que se leyó este martes, asciende a $us 27.921.319.

La Asamblea Legislativa decretó un cuarto intermedio hasta este miércoles para continuar con la lectura del informe y su respectiva explicación hasta el jueves 17 de enero.

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