La Paz.- La segunda parte del informe conclusivo que presentó la Comisión Especial Mixta de Investigación del periodo de la Privatización y Capitalización estableció el miércoles, ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que el país perdió 9.576 millones de dólares por la «enajenación» de siete empresas estratégicas del Estado.
«La enajenación, capitalización y privatización de empresas públicas estratégicas está alrededor de los 9.500 millones de dólares», dijo el presidente de esa comisión legislativa, Rubén Medinacelli.
Se trata de la Empresa Nacional De Energía (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).
Medinacelli recordó que antes de los gobiernos neoliberales Bolivia contaba con 212 empresas, de las que siete eran estratégicas, es decir, «aquellas empresas que generaban excedentes económicos con dos destinos, potenciar el sector productivo y atender los requerimientos de la población boliviana».
Añadió que la enajenación de esas empresas se generó durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que proponía capitalizar a las empresas estratégicas con el fin de doblar sus ganancias, promesas que «no se cumplieron».
Explicó que el proceso de capitalización inició con una campaña a nivel nacional e internacional para promocionar a las empresas estratégicas bolivianas en Estados Unidos, Canadá y Europa con el fin de captar inversionistas.
El siguiente paso para la capitalización, dijo que era que las sociedades duplicaban las acciones de la empresa y las licitaba para entregarlas a transnacionales.
Luego de exponer a detalle el «modus operandi» de este proceso, el senador reveló que el gobierno de Sánchez de Lozada utilizó diferentes estrategias para volver deficitarias a las empresas estatales y tener un pretexto para privatizarlas.
La subvaluación -agregó- fue un movimiento para favorecer a las transnacionales, es decir, se rebajaba costos, no se contabilizaba los valores intangibles en libros, no se monetizaba los inmuebles y no se tomaba en cuenta los recursos económicos que tenían las empresas en cuentas bancarias.
Uno de ellos fue el caso de YPFB, ya que el Estado entregó adicionalmente a las empresas capitalizadoras 30 campos hidrocarburíferos en concesión con «valor cero».
En ENFE, explicó que el gobierno de ese entonces rebajó un 67% el costo de la tarifa de transporte carga, lo cual afectó fuertemente a la economía de esa empresa, con lo que obtuvo el pretexto para capitalizarla.
El informe de la comisión evidenció también que el Estado boliviano gastó más de 297 millones de dólares para llevar adelante el proceso de capitalización.
Medinacelli agregó que la capitalización de ENDE provocó un daño superior a los 26 millones de dólares, a Entel 484 millones, a LAB más de 50 millones, a ENFE más de 86 millones y a YPFB el daño superó los 8.448 millones.
Así como se capitalizó cinco empresas estratégicas, dijo y las restantes dos, Comibol y EMV, fueron privatizadas, lo que provocó un daño económico al Estado superior a los 476 millones de dólares, que, sumados a los más de 9.100 millones, ascienden a más 9.576 millones de dólares.
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