junio 17, 2021

Pensiones y el Estado, realidad vs opiniones


Por Richard Silva *-.


En un artículo publicado en El Deber en días pasados, el señor Nuñez Araúz hace un intento de análisis del sistema de pensiones y señala que la baja rentabilidad de los Fondos de Pensiones se debe a la creación de la Gestora Pública, además que existiría susceptibilidad de parte de los aportantes en la inversión de los aportes de los trabajadores porque la norma obligaría a las AFP a invertir en títulos emitidos por el Estado, convirtiéndolo en juez y parte.

Estos aspectos llaman profundamente la atención, debido a que la opinión de Nuñez no tiene asidero, por lo que amerita un análisis profundo que condice con la realidad y no especulaciones.

Una primera precisión que es importante realizar es que hasta diciembre de 2018 los Fondos de Pensiones sobrepasaron los $us 17 mil millones y no como señala Nuñez de $us 16 mil millones, producto del crecimiento del universo de aportantes que superan al presente los 850 mil y de los rendimientos obtenidos por la inversión de los aportes de los trabajadores diversificados en distintos tipos de valores.

Conforme establece la Constitución Política del Estado estos aportes pasarán de ser administrados por las AFP, propiedad de empresas transnacionales, a la Gestora Pública quien tiene una visión más social.

En el actual sistema de pensiones los aportes se encuentran registrados en cuentas personales, a diferencia del anterior Sistema de Reparto que concentraba los recursos en una bolsa común, lo que impide que el Estado pueda echar mano a estos recursos por ser un patrimonio de los trabajadores, como establece el Artículo 6 de la Ley 065 de Pensiones.

En cuanto a la afirmación de que la baja rentabilidad se debe a la creación de la Gestora Pública, demuestra un total desconocimiento del comportamiento de las inversiones. Cualquier estudiante de finanzas sabe que en la realidad las inversiones no siempre son ganancias también son pérdidas atribuibles a diversos factores como el alto riesgo de una inversión y el carácter fluctuante del mercado de valores, entre otros, por lo que no llega a ser suficiente la buena intención del administrador.

La inversión en títulos emitidos por el Estado en pasados años fue una forma habitual de endeudamiento interno adoptada por anteriores gobiernos, toda vez que antes los gobiernos de turno requerían de recursos para gastos corrientes, por lo que se emitían títulos a tasas de interés altas con el consiguiente desangramiento del TGN, mostrando de manera esta manera una falsa eficiencia en las inversiones por parte de los administradores. Entre los años 2000 y 2010 el promedio de inversiones realizadas en títulos del TGN era del 70%, en tanto que a septiembre 2018 representa el 28% de los Fondos del SIP, según información disponible de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Cabe aclarar que el Estado de ninguna manera podría ser juez y parte en lo que se refiere a inversiones en títulos emitidos por el Estado, porque estas son realizadas expresamente a nombre del sistema de pensiones, por ser ahorros de los trabajadores y nunca dejarán de ser de su propiedad.

Por tanto, es evidente que bajo un análisis minucioso el grado de rentabilidad no se debe a la creación de una entidad sino a otros factores, a su vez que se demuestra que los aportes de los trabajadores están resguardados en la misma Ley de Pensiones, evitando de esta manera el uso arbitrario de los mismos.

* Abogado.

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