Por Marcelo Caruzo Azcárate *-.
Invitado por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, a realizar conferencias sobre los impactos ambientales de la combustión del carbón, pude conocer algo de la realidad política de la República Dominicana, que se refleja en el análisis del proceso de licitación y construcción de dos plantas de generación de energía eléctrica por medio de la combustión de carbón, en Punta Catalina, en la provincia Peravia, a menos de 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo.
Considerando los impactos ambientales que produce la quema de carbón, exclusivos de ese combustible fósil, en buena parte importado de Colombia, no se encuentran razones científicas para no haber optado por el uso de gas natural, o aún mejor, por energías alternativas como las que hoy se comienzan a utilizar en la devastada Haití. La decisión del gobierno de generar una regresión propia del patrón energético del siglo XIX, se tomó a pesar de que se les explicó y advirtió de distintas maneras y por distintos actores sociales, empresariales, políticos y religiosos de los graves daños que se provocarán: duplicación de las emisiones de CO2 del país (principal responsable del cambio climático); aumentos de enfermedades respiratorias, cardio y cerebro vasculares, alergias y cáncer pulmonar; generación de lluvia acida (ácido nítrico y sulfúrico) que afectará los cultivos tradicionales y la ganadería; contaminación de las playas con material volátil y cenizas; y afectación directa a la vida marina, considerando que se utilizará agua de mar en cantidades muy similares a la del carbón transportado y combustionado.
Semejante aberración se explica por ser Odebrecht el constructor de la termoeléctrica, denunciado por fraude en la licitación y en sobrecostos que triplican el valor inicial estimado. De los 92 millones dólares en sobornos confesados por Odebrecht ante la corte federal de Nueva York y ante autoridades judiciales de EE.UU., de Suiza y de Brasil, destinados para la República Dominicana entre 2001 y 2014, más del 50% (49,6 millones de dólares) se pagaron en el primer gobierno de Danilo Medina, 2012-2016, época en que se licitó e inició la construcción de Punta Catalina. Es tal el descaro, que hoy Odebrecht exige el pago de 710 millones de dólares por alegados sobrecostos para entregar la planta funcionando.
Se asegura que el poner a funcionar esta planta es parte del capital político y financiero de la tercera reelección de Medina, que necesita recursos para asegurar la aprobación una nueva reforma constitucional en el Congreso. Pero no contaban con el crecimiento de un movimiento nacional iniciado por la Asociación Dominicana de Profesores y el CNLCC, al cual se incorporan sectores diversos de la sociedad, como es el caso del obispo de Baní, compenetrado con los contenidos del Laudato SÍ del Papa Francisco.
Mientras el mundo y nuestro país se conmueve con la posible invasión de EE.UU. a Venezuela en “defensa de la democracia”, campaña impulsada en Colombia por los que se oponen a la paz, se oculta la corrupción de la mayoría de los otros gobernantes del continente, a los que sostienen, como la cuerda al ahorcado, para que los apoyen en sus planes injerencistas. Y lo más grave de todo este coctel entre corrupción, intereses de dominación y cambio climático, es que su principal consecuencia es que se violan los derechos de la naturaleza y se despoja al Estado de recursos que deberían destinarse a garantizar los derechos humanos de los más vulnerables.
Mientras unos países del centro avanzan en la sustitución de los combustibles fósiles, otros hacen guerras para controlarlos y se sumergen en el destructor fracking, mientras que en Colombia se apuesta al extrativismo contaminante de carbón y petróleo, se compran transportes públicos que los consumen y no se destinan recursos a la protección de nuestros bosques tropicales, reales refrigeradores del calentamiento global. Aprendamos de la lucha del pueblo dominicano.
* Intelectual colombo-argentino.
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