Por Milton Condori-.
La Paz .- Pasaron 16 años desde aquel 9 de febrero de 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada «Goni» y Carlos Mesa, hoy candidato a la presidencia, anunció la creación de un impuesto al salario de los trabajadores, una medida que fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal en Bolivia.
La crisis estalló dos días después de ese anuncio, el 11 de febrero, con el amotinamiento del Grupo Especial de Seguridad (GES), encabezado por el exmayor David Vargas; y entre el 12 y 13 de febrero se registró el enfrentamiento entre efectivos policiales y militares, en pleno centro político de Bolivia, que dejó un saldo de al menos 30 muertos, entre uniformados y civiles.
Lo que los bolivianos llamaron el «impuestazo» pretendía gravar con un 12,5% el sueldo de los trabajadores, una medida que hubiera afectado al 95% de los obreros asalariados, que ganaban entre 800 y 5.000 bolivianos.
El ministro de Hacienda de ese entonces, Javier Comboni, quien también era familiar de la esposa de «Goni», explicó que la medida buscaba reducir el déficit fiscal, superior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y reactivar la economía del país.
Entretanto, a cuadras del kilómetro cero, las protestas se esparcieron como reguero de pólvora y un grupo de estudiantes del nivel medio del colegio Ayacucho logró penetrar a plaza Murillo y apedreó Palacio de Gobierno, mientras que se acentuaban las versiones de una posible intervención militar a instalaciones del GES.
El ministro de Gobierno de «Goni», Alberto Gasser, aseguraba que reinaba la tranquilidad en el país, solo un día antes del sangriento enfrentamiento entre policías y militares, en la céntrica Plaza Murillo, cercada por el caos y el fuego cruzado de los uniformados.
Contra las cuerdas, el Gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa, que había prometido no negociar bajo presiones, tuvo que dar marcha atrás y retirar del congreso la Ley de Presupuesto, donde gobernaba gracias a una coalición entre su propio partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En la actualidad, para el analista económico, Alberto Bonadona, Bolivia no necesita suscribir convenios con el FMI, ya que el momento histórico que vive le otorga cierta independencia económica para encarar políticas internas sin seguir modelos extranjeros.
«En el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, él intentó hacer un impuesto al ingreso. El momento era totalmente inoportuno y consiguió una respuesta fuerte en contra de su Gobierno (…). El FMI dice: «usted hace esto y yo le voy a ayudar en esto», eso se dio. Bolivia ahora no necesita de eso porque ha tenido el auge de las materias primas», sostuvo Bonadona a la ABI.
No obstante, Bonadona advirtió que el país no está exento de atravesar un proceso «deleznable» que le vuelva a condicionar y tomar decisiones en base a sugerencias de organismos internacionales, como el FMI.
«Esperemos que (en Bolivia) no se vuelva a tener que hacer acuerdos con el FMI que condicionen de tal manera las características y las condiciones de vida de los bolivianos», agregó.
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