Brasilia-. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retoma hoy el análisis de dos acciones que buscan la criminalización de los actos de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), llamados genéricamente homofobia.
El debate comenzó la semana pasada y fue suspendido tras la primera parte del voto del ponente, el ministro Celso de Mello.
Hasta el momento, De Mello reconoció la omisión del Congreso Nacional al no criminalizar la homofobia desde la promulgación de la Constitución en 1988.
Entendió que hay inercia del Congreso al no aprobar una ley para proteger a la comunidad LGBT de agresiones y prejuicios.
Una de las peticiones es un requerimiento, exigido por la Asociación de la Parada del Orgullo GLBT de Sao Paulo (Apolgbt), para que el STF defina el crimen de homofobia, garantizando los derechos constitucionales de ese segmento de la población.
La otra solicitud es una acción directa de inconstitucionalidad por omisión, pedida por el Partido Popular Socialista, que obligaría al Legislativo a elaborar un estatuto en tal sentido.
Este tipo de acción se hace cuando el Congreso no actúa para reglamentar un tipo de garantía y de derecho expresado en la Constitución Federal.
El STF decidirá si el Congreso tiene la obligación de aprobar una ley que criminaliza la discriminación por orientación sexual o identidad de género y en qué plazo debe suceder.
De igual forma si el Congreso ignora este plazo, el Supremo debe considerar la orientación sexual y la identidad de género en ley que prohíbe la discriminación por raza, color, etnia, religión y nacionalidad.
Por último, el tribunal superior, mientras no exista una ley específica, debe definir si el Estado es responsable de indemnizar a las víctimas de homofobia por daños materiales, morales y estéticos.
Medios periodísticos alertan que cada 19 horas un LGBT es asesinado o se suicida víctima de ese flagelo, lo que convierten a Brasil en país líder mundial de ese tipo de crimen.
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