Por Nicolás Oliva -.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, refrendó el 31 de diciembre de 2018 el Decreto Supremo donde establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), aduciendo que el país necesita encaminar su marco regulatorio para aumentar la competitividad del sistema económico. El documento propone nueve objetivos, de los cuales el quinto busca instaurar las condiciones para un mercado laboral “dinámico” para la creación de empleo. Dentro de este objetivo se propone tres líneas estratégicas: (i) transitar de la informalidad a la formalidad en el empleo, (ii) revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función de las necesidades del mercado laboral y, (iii) mejorar la fiscalización para el cumplimiento de las obligaciones laborales. Si bien el plan aún es genérico, los trabajadores ya han denunciado algunos aspectos que persigue:
Reducir la informalidad mediante mecanismos de mercado, asumiendo que la informalidad es consecuencia de la regulación.
Reducir los “sobrecostos” para mejorar la competitividad, alegando que Perú es un país “caro” comparado con Chile, Colombia y México. Es decir, una carrera hacia abajo sacrificando el trabajo en favor del capital.
Reducir el costo de despido para que aumenten los contratos indefinidos y se reduzcan los de plazo fijo.
Al parecer, la propuesta carece de legitimidad, pues fue construida por la tecnocracia de Vizcarra y sin un proceso de diálogo, como denuncian los gremios y sindicatos de trabajadores. Además, el proyecto se fundamenta en supuestos económicos propios de la ficción neoliberal. En este documento nos enfocaremos en discutir los supuestos sobre los que se basa el plan de empleo, dejando para un próximo documento la discusión de los contratos a plazo fijo.
¿Cuáles son los supuestos conceptuales sobre los que se asienta la reforma?
El PNCP es un largo y completo diagnóstico de la situación laboral del Perú junto con una extensa y cargada lista de referencias bibliográficas que intentan convencer al lector de que, en Perú, el mercado laboral se comporta como en los manuales neoclásicos de Economía. El Plan responde claramente a un proyecto de académicos latinoamericanos formados en universidades de Estados Unidos y Europa tratando de replicar teorías inaplicables, tanto porque las estructuras de empleo son distintas en América Latina como porque los supuestos del modelo al que rinden culto no se cumplen ni siquiera en economías avanzadas. En otras palabras, el PNCP es como si arquitectos del Medioevo intentasen construir un rascacielos en pleno siglo XXI.
La segunda característica del PNCP es que posee graves inconsistencias. Por un lado, sus arquitectos reconocen la dualidad del mercado laboral, pues sería iluso no hacerlo en una economía como la peruana donde la informalidad es la norma. Pero al mismo tiempo usan un marco metodológico neoclásico creado hace más de 150 años y desarrollado en economías sin casi economía informal. Buscando convencer al lector de la liberalización, evitan mencionar que sus conclusiones asumen mercados homogéneos, competencia perfecta, libre movilidad de trabajo, información perfecta, individuos completamente racionales, etc. Es decir, asumen que la única barrera a la contratación son las rigideces de los salarios. Así, el PNCP está perfectamente justificado y sustentando en función de una economía ficticia, de cuento, que no se asemeja a la realidad del Perú.
Perú tiene una de las economías más informales de la región. El mismo PNCP reconoce que bordea el 70%. De cada 10 trabajadores independientes, ocho están en la informalidad. En el caso de los dependientes, de cada diez, más de cinco se encuentras sin ningún tipo de seguridad. No hay seguridad laboral, no hay capacidad de ahorro para la vejez y no hay una cobertura digna de salud. La informalidad no es una situación, sino una condición estructural de la sociedad.
El germen de esta condición no está en el Estado o lo engorroso de la legislación. El ambiente que impide romper con la informalidad es la bajísima proporción de trabajo dependiente y la falta de políticas activas de afiliación. Como se muestra en la tabla 1, según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la composición del empleo en relación de dependencia en Perú es de las más bajas, y se ha mantenido prácticamente inalterada a pesar del alto crecimiento económico de los últimos 15 años (de 39,7% a 45% entre el 2000 y el 2016)
El Plan de empleo de Vizcarra. Peru-01
En países de América Latina de ingreso alto, el trabajo en relación de dependencia llega en promedio hasta el 72%, mientras que en Perú alcanza solo el 40%. Como se observa en la tabla 1, a medida que el nivel de ingreso de los países aumenta, el trabajo en relación de dependencia es también más alto. Esto quiere decir que el funcionamiento de un mercado laboral armónico, justo y productivo se sustenta en relaciones laborales sincrónicas entre el trabajo y el capital, las cuales, al cumplirse, aseguran al trabajador seguridad y desarrollo profesional para futuro, y al empresario aumentar la productividad de sus trabajadores y de su empresa.
El PNCP enfatiza la necesidad de aumentar la productividad vía capacitación. ¿Cómo lograrlo si la mayor parte del empleo está por fuera de una estructura empresarial consolidada? Es completamente irreal, es un brindis al sol. Los informales no tienen tiempo de capacitarse, necesitan trabajar para comer. Sólo el trabajo en relación de dependencia formal brinda una seguridad de partida para que el trabajador pueda capacitarse e iniciar el círculo virtuoso de la productividad. En mercados laborales productivos y eficientes, los eufemismos del “emprendimiento” sólo se cumplen marginalmente: es decir, para aquellos trabajadores que voluntariamente quieren ser independientes porque saben que cuentan con las condiciones de educación y capacitación para competir en el mercado en igualdad de condiciones. Según el mismo PNCP, el 90% del empleo independiente está concentrado en comercio y servicios, es decir, sectores de baja productividad. Si los salarios en el mercado formal fuesen más altos y existiera acceso a éste, los trabajadores ya hubiesen mudado de la informalidad a la formalidad. Lo que ocurre es que no lo pueden hacer por las barreras socioeconómicas. Vizcarra quiere romper las barreras legales de la informalidad cuando no ha superado siquiera las barreras de acceso a derechos que la reproducen.
La reducción de la informalidad no será factible mientras no cambien las condiciones de absorción de mano de obra dependiente (demanda de empleo). Es decir, es muy difícil transitar de la informalidad a la formalidad sin atacar la dualidad en la estructura productiva mediante una política industrial. Reducir la informalidad es una quimera mientras no exista política industrial que transforme la matriz de producción y, con ello, cambie la demanda de empleo por parte de las empresas. Hoy la estructura empresaria demanda muy poca mano de obra en relación de dependencia. La política de empleo de Vizcarra no hace una sola referencia a que la demanda de empleo depende de la demanda de bienes finales. Si las empresas y los independientes venden en la calle bienes de consumo final, entonces las empresas seguirán demandando trabajo de baja calificación para producir bienes y servicios con poco valor agregado.
Vara transnacional: una política con pies de barro
Otro de los pilares de la reforma de Martín Vizcarra se justifica en la “baja” calificación que obtiene el mercado laboral peruano en el índice de Competitividad Global (ICG) del año 2018 elaborado por el Foro Económico Mundial.[1] El Foro Económico Mundial es un espacio de lobby transnacional financiado por las 1000 empresas más grandes del mundo que, lógicamente, buscan reducir los costos laborales, impositivos y regulatorios a nivel global. Para ello gastan millones en crear marcos metodológicos que legitimen sus acciones. Uno de esas herramientas es el ICG. Con esta propuesta anclada al ICG el Gobierno de Vizcarra deja vislumbrar cómo la política económica de Perú queda supeditada a los cánones del neoliberalismo transnacional. Tácitamente tiene un gran arquitecto: las grandes transnacionales y sus intereses. Es impresentable que un país ancle su política a un índice de “competitividad” y obedezca lo que buscan los billonarios del mundo. ¿Quién los eligió para que gobiernen el destino de los peruanos?
No sólo es un atentado a la soberanía de los peruanos poner los intereses transnacionales sobre los objetivos nacionales sino que, en sí, la debilidad metodológica del ICG es supina, no tiene nada de técnica y es un instrumento político de presión. Básicamente, éste se fundamenta en encuestas de percepción a empresarios —selectos— en cada uno de los países. Es decir, es una métrica demoscópica que hacen las transnacionales en función de sus intereses, la misma que es contestada por un sector minoritario de la sociedad: la alta burguesía nacional —que también responde en base a sus propios paradigmas, percepciones e intereses-. Al ser una encuesta de percepción a grupos selectos, no es representativa y no tiene una base sólida de comparación entre países. Por ejemplo, puede ocurrir que el empresariado en Noruega tenga una alta responsabilidad social y pague mucho mejor a sus trabajadores que el empresariado peruano. No obstante, esa misma conciencia social hace que al ser preguntado sobre la percepción de si es alta o baja la carga laboral, lleve a éste a responder que la carga en su país es adecuada; en cambio en Perú provocará lo inverso, que el empresario señale que el costo es muy pesado a pesar de que en la práctica no lo es. Es común que los seres humanos legitimen sus propias acciones en función de sus paradigmas.
Finalmente, bajo una completa posición ideológica la metodología define lo que es bueno y malo de forma discrecional. El índice define una escala discrecional en función de los intereses del capital que penalizan o premian a los países de acuerdo a lo que es correcto e incorrecto según los “CEO” del mundo. La tabla 2 resume las categorías encuestadas en materia laboral y los puntajes que ha obtenido Perú.
El Plan de empleo de Vizcarra. Peru-02
Es decir, el ICG cumple la función de reproducir el discurso de los grupos económicos locales con una caja de resonancia internacional dotada a través del Foro de Davos. No es más que la articulación del lobby empresarial escalado a política pública adornado con un indicador “técnicamente” construido por expertos.
En definitiva, lo que para la sociedad podría ser bueno para el índice resulta malo. Se penaliza la seguridad laboral y se premia la flexibilidad para fijar salarios. Básicamente, la hoja de ruta de Vizcarra será poner al Perú como el mejor lugar para que las transnacionales operen a discreción. Puede que eso dé réditos mediáticos y tenga buena prensa, pero lo cierto es que su proyecto de empleo no cumplirá sus fines pues parte de paradigmas errados, irreales y sesgados hacia ciertos intereses. Perú disfrutó de los niveles de crecimiento más altos de América Latina y no logró transformar su estructura productiva ni de empleo. Sumado a una política de abono del neoliberalismo, el Estado siguió entregando a la informalidad la responsabilidad de protección social. ¿Qué condiciones son diferentes en el Perú ahora para que esto cambie? Ninguna. La política de Vizcarra son paños fríos a un problema que tiene raíces históricas en cuanto a la falta de acceso a derechos económicos. Lo que sí ocurrirá es que los trabajadores formales seguirán perdiendo más derechos y, en pocos años, la solución será la misma: más flexibilización.
[1] http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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