Por Luis Oporto Ordóñez *-.
El Programa Memoria del Mundo creado por la UNESCO en 1992, tiene tres objetivos sobre el patrimonio documental mundial: facilitar su preservación, garantizar su acceso universal y crear mayor conciencia sobre su existencia e importancia. El Programa surgió como consecuencia de la destrucción del patrimonio documental en las guerras colonialistas de finales del siglo XX, que alcanzaron su cúspide destructora el 14 de abril de 2003, “cuando se quemaron más de diez millones de documentos del Archivo Nacional de Bagdad”. Ante esa situación la UNESCO creó el Programa para garantizar la supervivencia de la “memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, que traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura”.
Pero el flagelo se da también en tiempos de paz. Los archivos son diezmados por los mismos administradores responsables de su custodia, unas veces por negligencia otras de manera premeditada para esconder actos de corrupción, usando todos los medios a su alcance. Desde el 2009, en nuestro país el Art. 237 de la Constitución Política del Estado, que expresa: “Son obligaciones para el ejercicio de la función pública: inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos”, advirtiendo que “la ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones”. ¿Cuál es esa ley? El Código Penal que prohíbe la supresión o destrucción “en todo o en parte (de) un expediente o un documento, de modo que pueda resultar perjuicio”, castigando con privación de libertad de seis meses a dos años, que se incrementa en un tercio en caso de destrucción o de bienes de valor histórico y si se provoca daño al patrimonio histórico la pena alcanza a seis años. El tráfico selectivo de documentos, con fines de enriquecimiento ilícito, está sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a doscientos días, bajo la figura de peculado.
Paradójicamente, se han hecho esfuerzos notables para proteger el patrimonio documental y para destruirlo. A lo largo de nuestra historia “se observó una dramática confrontación entre las dos tendencias. Si los esfuerzo por conservar la fuentes documentales fueron titánicos y memorables, el fenómeno de la destrucción de la memoria oficial de la Nación fue sistemático y constante”, con antecedentes que se remontan a la Colonia, cuando el primer concilio de Lima ordenó la destrucción de los quipus en 1538. El más reciente hecho de memoricidio fue protagonizado en Santa Cruz de la Sierra, cuando un político financió grupos violentos que tomaron las instalaciones del Servicio de Registro Cívico y quemaron sus archivos.
El Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO está conformado por nueve expertos seleccionados de acuerdo a sus cualidades y competencias en el ámbito de la bibliotecología, la archivología y preservación documental, por lo que los miembros participan como especialistas, en sus respectivas áreas. Bolivia integró por primera vez el 2004 con Marcela Inch que llegó a ser vicepresidenta de ese organismo (2006-2008). El 24 de abril de 2015 nos correspondió integrar el ente. La decisión final de nuestra incorporación se basó en criterios técnicos y fue tomada por la Secretaría del Comité en consulta con los miembros del MOWLAC y el Programa Memoria del Mundo en la sede de la UNESO en París. A partir del 27 de octubre del 2017, Bolivia ocupa la presidencia del Comité Regional. Hasta el 2015, Bolivia había logrado la nominación de siete documentos, siendo el primero el Informe de Alcide D’Orbigny parte integrante de la Memoria científica de América Andina: las expediciones e investigaciones científicas en los siglos XVIII y XIX. Le siguieron Música colonial americana (2006), El diario de Santos Vargas (2009), Vida y obra del Che Guevara (2010), El Fondo documental de la Audiencia de La Plata (2011), Prensa de Alacita (2012) y El legado cinematográfico de Jorge Ruiz (2013). Cuatro instituciones eran responsables de la estrategia de visibilizar la memoria documental boliviana de interés regional y mundial, una élite intelectual que realizó un importante esfuerzo.
Las funciones de los miembros del Comité Regional son las de evaluar las propuestas para el registro en la Memoria del Mundo, participar en la reunión anual, promover la cultura de preservación del patrimonio documental, intentar promover la creación del Comité Nacional y la promoción y difusión del Programa Memoria del Mundo.
El 2016 cambiamos la estrategia con el objetivo de ampliar la base social del Programa Memoria del Mundo en Bolivia, pues era esencial integrar a los Archivos, las Bibliotecas y Museos que custodian la memoria colectiva en todo el territorio nacional, cumpliendo las directrices del MOW que recomienda el diálogo de las disciplinas y el intercambio profesional de archivistas, bibliotecarios, museólogos con otros especialistas. Pero algo esencial es reconocer el carácter holístico del patrimonio documental, comprendido como resultado de la experiencia histórica de comunidades y culturas “que no coinciden necesariamente con los Estados nación actuales”, instando a reconocer su patrimonio documental.
En esa línea, se creó el Comité Nacional, plural y diverso; se instituyó un mecanismo articulador por medo del Taller Nacional de la Memoria del Mundo (que realizó cuatro versiones hasta hoy) con participación de expertos y miembros de los movimientos sociales como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, los sectores campesinos y populares de los nueve departamentos del país, involucrar a la institucionalidad documental del Estado en sus vertientes pública y privada. Asistieron al IV Taller, archivistas de municipios como Cotagaita, Tupiza, Challapata (Oruro), Llallagua, que compartieron experiencias con representantes de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba. El taller permite analizar la metodología para una postulación exitosa en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco. El mérito del Comité Nacional se expresa en la nominación de los primeros nueve documentos al Registro de la Memoria del Mundo-Bolivia, que muestran el gran potencial de los archivos y bibliotecas de Bolivia.
La base social de la Memoria del Mundo-Bolivia, diversa, plural, incluyente, integradora y representativa, fortaleció nuestra presencia en el MOW, con 20 documentos nominados, trece logrados entre el 2016 y el 2018, ocupando el tercer lugar después de México y Brasil, gracias a esa participación militante. Los dos primeros objetivos del Programa se cumplieron con creces, pero el tercero es signatura pendiente pues parte de la institucionalidad del Estado, la clase política y cierta élite intelectual, aun observan la fascinante experiencia, desde su palco.
* Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la Carrera de Historia (UMSA). Presidente del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la Unesco-Mowlac.
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