Editorial Cambio-.
Tras varios operativos de control, la Policía descubrió el funcionamiento de una megafábrica en la ciudad de El Alto dedicada a falsificar medicamentos y distribuirlos en el país e inclusive a nivel internacional.
En La Tablada, en la ciudad de La Paz, se allanó unos siete depósitos con fármacos adulterados.
La megafábrica se encuentra ubicada en la zona Alto de la Alianza. Albergaba todos los equipos e insumos para elaborar medicamentos falsos, sus empaques y hasta posologías (dosificación de los fármacos).
La factoría contaba hasta con una moderna imprenta valuada en más de medio millón de dólares.
Los operadores de la organización falsificaban desde pomadas, pastillas de varios tipos, hasta sueros de uso hospitalario.
“En el caso de los jarabes, lo que hacían es conseguir uno de alguna industria nacional, lo dividían en tres y le aumentaban otro tipo de insumos para poder acercarse a la composición química. Los sobres, por ejemplo, de Alikal o Digestan (ambos efervescentes) lo dividían y lo mezclaban con bicarbonato de sodio. Las pastillas las hacían con harina, estuco y bicarbonato de sodio. En los inyectables no sabemos qué sustancias le ponían”, contó el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Luis Fernando Guarachi, según el reporte digital del periódico La Razón.
La entidad del orden halló una variedad de fármacos con etiquetas falsas de distintos laboratorios nacionales y extranjeros, como de Argentina, que luego eran enviados y trasladados de Bolivia a Perú.
Esta falsificación industrial de medicamentos muestra las actividades de una organización criminal que atenta contra la salud de la población, considerada como de interés público ya que su estado/situación se constituye en un indicador de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo de un país.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece la importancia del derecho a la salud y la seguridad social, así como el bien más preciado: la vida.
“Todas las personas tienen el derecho a la salud”, indica el artículo 18 de la Ley de Leyes, mientras que el artículo 9 inciso 5 señala que son fines y funciones esenciales del Estado “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.
El Código Penal tipifica los delitos contra la salud pública y establece una pena de privación de libertad de 1 a 10 años para quien:
– “Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales…”.
– “Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas”.
-“Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica”.
– “Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”.
Esa misma norma jurídica sanciona la legitimación de ganancias ilícitas, es decir, la conversión o transferencia de bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de corrupción, contrabando y otros, con una pena de privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos.
Hasta la fecha, ya llega a 17 la cifra de aprehendidos en Desaguadero (Perú), La Paz y Santa Cruz por el tráfico de medicamentos falsos y de contrabando, según informó el director de la fuerza anticrimen, coronel Sergio Bustillos Calderón.
La megafábrica tenía los equipos e insumos para elaborar medicamentos falsos, empaques y hasta posologías (dosificación de los medicamentos).
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