Bogotá-. Colombia vive hoy un maremoto político luego de la decisión soberana y acogida a derecho de la Justicia Especial de Paz (JEP) de liberar a Jesús Santrich por ausencia de pruebas en su contra.
Mientras que los defensores de la paz aplaudieron el fallo del tribunal por actuar en correspondencia con la Constitución y no dejarse presionar por Estados Unidos, la ultraderecha gobernante arremetió contra el poder judicial y lanzó la tesis de un supuesto caos institucional.
Anoche el presidente del país, Iván Duque, dijo sentirse indignado con la decisión de la JEP de aplicar la garantía de no extradición al excomandante guerrillero, preso por la fiscalía local desde hace 13 meses a pedido de Estados Unidos.
Duque fue más allá y expresó que siempre ha estado dispuesto y lo seguirá estando a firmar la extradición de Santrich. ‘El caso no está cerrado’, apuntó.
Mientras desde el gobernante partido Centro Democrático surgieron llamados a la realización de una asamblea constituyente con el argumento de que se había desatado una crisis institucional en el país, en franco desconocimiento al fallo de la justicia transicional.
En opinión de congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la supuesta crisis de institucionalidad no es más que un pretexto para desmontar la JEP y el Acuerdo de Paz.
Quieren imponer una justicia a su acomodo y que no ofrezca verdad, dijo el senador de las FARC Carlos Antonio Lozada.
También el excandidato presidencial del partido Liberal, Humberto de la Calle, ripostó declaraciones del expresidente y líder del Centro Democrático, Alvaro Uribe, quien dijo que ‘en La Habana se pactó un cogobierno con el narcotráfico’, en alusión a las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC.
El exjefe negociador de la paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos manifestó que la declaración uribista no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República.
Añadió, además, que lo declarado por el exmandatario busca además impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial.
De igual modo Juan Fernando Cristo, exministro del Interior durante una parte del mandato de Santos, afirmó que las decisiones de la JEP son para respetarlas y acatarlas, más allá de si se comparten o no.
‘No hacerlo significa provocar una crisis institucional donde no la hay. La Constitución y la ley son para cumplirlas, comenzando por las autoridades públicas’, expresó el extitular del Interior colombiano.
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