junio 13, 2021

Recaptura de Santrich y golpe de estado en Colombia


Por María Fernanda Barreto-.


Lo sucedido el viernes 17 de mayo de 2019 en Bogotá con Jesús Santrich, trascendió la simple violación de los derechos fundamentales de un ciudadano colombiano para convertirse en la evidencia de un estado que ha sido puesto en jaque por un gobierno autoritario, que está dispuesto a condenar a Colombia a una guerra infinita con tal satisfacer las exigencias de los Estados Unidos y perpetuar en el poder al uribismo, con todas las terribles implicaciones que eso tendría para el país y la región.

Santrich fue capturado el 9 de abril del 2018, a finales del gobierno de Juan Manuel Santos por solicitud del gobierno estadounidense. Pocos días después publicamos un análisis sobre cómo esa acción marcó un hito en la historia de los acuerdos de paz en Colombia, en cuanto a pérdida de la soberanía nacional y a la posibilidad de que un gobierno de turno desconozca compromisos adquiridos por el estado.

Cuando en agosto del 2018 asume la presidencia el uribista Iván Duque, se agudiza el incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC-EP y unos meses después rompe los diálogos y sus protocolos con el ELN, evadiendo el hecho de que, tanto los acuerdos como los protocolos, son compromisos de estado que no pueden ser rotos por un gobierno.

La extradición de Santrich se convierte entonces en un punto de honor para Álvaro Uribe Vélez y sus acólitos. El gobierno y la bancada de su partido en el Congreso (Centro Democrático) tratan de transformar los acuerdos legalizando las objeciones de la presidencia a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz (JEP), que es un producto de los acuerdos de paz.

Para esto se activó personalmente el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, quien convocó a senadores y senadoras de Colombia para decirles que “el Congreso debía aceptar las objeciones” planteadas por Duque. Pocos días después, el gobierno norteamericano retiró las visas a magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz, así como a congresistas que denunciaron la interferencia de su embajador.

La intromisión de los Estados Unidos ha sido tan visible, que el propio expresidente Gaviria denunció una presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo que ante ello el gobierno colombiano ha tenido “una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno Duque”.

A pesar de las presiones y manipulaciones, estas objeciones no han podido ser aprobadas y esta jurisdicción continúa en pie, al menos hasta los sucesos del pasado viernes.

Luego de un año, el pasado 15 de abril la JEP decidió aplicar la garantía de no extradición y ordenar la liberación inmediata del excomandante de las FARC-EP, dado que ni el gobierno de Estados Unidos ni el colombiano, habrían consignado ninguna prueba contundente que permitiera probar la veracidad de las acusaciones.

Crisis de soberanía, crisis institucional

Tan pronto se da a conocer este dictamen, se desata un enfrentamiento de poderes y una verdadera crisis institucional. El gobierno uribista, desesperado por la imposibilidad de satisfacer las exigencias estadounidenses, desconoce de hecho la jurisdicción de paz, usando para ello otras instituciones del estado y la fuerza pública.

Esa misma tarde el Fiscal General Néstor Humberto Martínez se niega a refrendar el dictamen y hace pública su renuncia, seguido por la vice Fiscal, en supuesta defensa del estado de derecho y alta preocupación por lo que consideró una afrenta a la “cooperación judicial internacional”.
Convenientemente, su renuncia le permitió salir al día siguiente del país y huir así de las acusaciones que cada vez lo cercan más en torno a sus vínculos con Odebrecht, tres muertes por envenenamiento relacionadas con el mismo caso y otros casos más antiguos que vienen acumulándose en su contra. Tan pronto se conoce su renuncia, líderes del uribismo retoman públicamente la propuesta de convocar a una constituyente para reformar la constitución y, entre otras cosas, hacer trizas los acuerdos de paz.

Al día siguiente, Duque anuncia que ha aceptado la renuncia de la Ministra de Justicia, quién luego de fracasar en su intento por imponer las objeciones a la JEP en el Congreso y retrasar el envío de documentos de esa jurisdicción al gobierno de los Estados Unidos para exigir las pruebas contra Santrich, declaró que su renuncia a menos de 24 horas de la decisión, se debía a razones personales.

Dos días después, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no concretaba la liberación de Santrich, fue necesario que sus abogados consiguieran un habeas corpus que ordenaba su libertad inmediata y al paso de las horas ésta seguía sin hacerse efectiva, por lo que la captura en la cárcel de la Picota, comenzó a parecerse más a un secuestro.

Congresistas afines al gobierno comenzaron a sugerir al presidente la declaración del estado de conmoción interior para, entre otras cosas, realizar la extradición por vías administrativas. Dirigentes de la oposición denunciaron esta pretensión como un golpe de estado en marcha y el gobierno mantuvo un incómodo silencio al respecto.

En la anómala aplicación de la ley en Colombia, es común, sobre todo en los casos de judicialización a dirigentes de izquierda, que al concederse la excarcelación, incluso antes de cruzar las puertas de la cárcel, se produzca una recaptura y el inicio de un nuevo proceso. Por eso este procedimiento aunque violatorio del debido proceso, no causó mayor sorpresa.

Lo realmente alarmante en este caso fue ver salir a Santrich de La Picota en silla de ruedas, con los brazos vendados y evidentemente aturdido, absolutamente rodeado de funcionarios del INPEC, para en breves instantes volver a dar la vuelta frente a las cámaras, reingresar a la cárcel y ser introducido en un helicóptero para su traslado a Fiscalía.

La JEP se defendía públicamente, el embajador estadounidense presionaba, el gobierno a través de todas sus instituciones involucradas atacaba a la JEP, la fuerza pública se encargaba de concretar el secuestro y controlar las manifestaciones en las afueras de la cárcel. El Congreso colombiano debatía por redes sociales y las posiciones se iban aclarando.

Al final de la jornada finalmente aparecía Duque y en un breve discurso logró colar dos falacias al asegurar que “Colombia no convivirá con el narcotráfico”, lo que no amerita comentarios, y que con esta acción el gobierno defendía el estado de derecho.

Los objetivos que se hicieron evidentes

Una vez más el caso de Jesús Santrich fue sólo la punta del iceberg de toda una jugada del gobierno nacional contra el estado de derecho. El gobierno utilizó el hecho para salvar a tres de sus cuadros, puso en el tapete la posibilidad de la declaratoria de un estado de conmoción interior que serviría para concentrar más poder en la figura presidencial y al mismo tiempo inició campaña por una constituyente que echaría por tierra todas las reformas hechas para cumplir los acuerdos de paz y, probablemente, podría lograr que Álvaro Uribe Vélez pueda ser nuevamente electo presidente de la República.

También se hizo expresa la voluntad del gobierno de cerrar todo camino a una salida política negociada al conflicto armado, mensaje directo al partido FARC, a las disidencias y también al ELN cuya delegación de paz se encuentra atrapada por el desconocimiento de los protocolos por parte del gobierno colombiano, a quien ya no le importa ni siquiera mantener las formalidades ante los países garantes.

Como si fuera poco quedó claro que la Fiscalía y la Procuraduría son fichas del gobierno y que están dispuestas a violar públicamente cualquier principio elemental del derecho con tal de cumplir objetivos políticos del gobierno, que a su vez está dispuesto a todo para satisfacer las exigencias de los Estados Unidos.

Pero lo que quedó aún más expuesto a la vista, fue el papel toda la Fuerza Pública que demostró estar presta a desafiar a las instituciones del estado con tal de cumplir órdenes presidenciales, y todo esto, dicho ahora en perfecto venezolano, “se parece igualito” a un golpe de estado en marcha.

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