Editorial Cambio-.
La intervención de 40 hangares de los aeropuertos de Trinidad y Santa Ana del Yacuma y la requisa a 130 avionetas para detectar si fueron utilizadas para transportar droga, muestra la férrea voluntad del Gobierno en la lucha implacable contra el narcotráfico, como parte de la política de Estado.
En el operativo participan efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía, funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que controlarán documentos de propiedad y si las aeronaves están legalmente en el país.
La operación tiene un carácter preventivo y de control ante las versiones, muchas veces de carácter sensacionalista, de que avionetas con matrícula boliviana se dedican al transporte de droga en pistas clandestinas en el país y el exterior.
Es menester recordar que el Gobierno, luego de la nacionalización de la lucha antidrogas y la instauración de una política soberana, alcanzó un rotundo éxito en la reducción de la producción de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico.
Y es que durante el neoliberalismo, la producción de la hoja sagrada superaba las 50 mil hectáreas y aumentaba de manera considerable pese a los aportes económicos y técnicos de Estados Unidos a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La Ley 1008, que fue redactada por asesores norteamericanos y remitida en inglés al entonces Congreso Nacional, otorgó carta blanca a los militares para perseguir, castigar y asesinar a los productores y dirigentes cocaleros. El sometimiento de los gobiernos neoliberales a Washington fue espantoso y la mayoría se vinculó al narcotráfico. El MNR tuvo relación con Luis Amado Pacheco, ‘Barbas Chocas’; ADN, con Roberto Suárez, el ‘rey de la cocaína en Bolivia’, y Marco Marino Diodato; mientras que el MIR estuvo ligado a los narcotraficantes Isaac ‘Oso’ Chavarría, Carmelo ‘Meco’ Domínguez, entre otros. La población no olvida el caso Huanchaca, en el que funcionarios del MNR y personeros de la CIA se vincularon de forma directa con la producción de droga para financiar a los “Contras” nicaragüenses.
Después de estos hechos vergonzosos que mellaron la dignidad de Bolivia, el presidente Evo Morales expulsó en 2008 al organismo estadounidense por su fracaso en el combate al narcotráfico y por su injerencia en asuntos internos. Poco después, el país desarrolló un modelo propio que demostró su efectividad y rotundo éxito en estos años.
La Ley 1008 fue reemplazada por la Ley General de la Coca, que entre sus aspectos fundamentales establece 22 mil hectáreas de coca a escala nacional y la destrucción de cultivos ilegales previo diálogo y concertación con los productores.
La verificación de la producción de la hoja se realiza con mecanismos de control social en los que se aplica el diálogo, el consenso y el respeto a los derechos humanos mediante los sindicatos y comunidades para la toma de decisiones.
La Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras entidades de reconocido prestigio a nivel internacional elogian el éxito del modelo antidrogas y la reducción del cultivo de hoja de coca.
Ahora, la lucha contra este mal es implacable y sin contemplaciones, y todos los involucrados son sancionados con todo el peso de la ley. Basta revisar la prensa escrita para constatar que ‘peces’ grandes y chicos fueron enviados a la cárcel por su vinculación con hechos delictivos. El Gobierno, a través de las diferentes instancias, realiza todos los esfuerzos en esta lucha y los resultados hablan por sí solos: mayor número de acciones de interdicción, mejores resultados en la incautación de droga y sanciones drásticas contra los infractores.
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