septiembre 23, 2020

Amnistía critica a Gobierno de Honduras por utilizar militares para reprimir protestas

SAN SALVADOR (Sputnik) — La organización Amnistía Internacional criticó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por utilizar efectivos militares para imponer el orden en esa nación centroamericana, sacudida por protestas antigubernamentales que ya dejaron al menos tres muertos.

«Le recordamos al presidente Hernández que, de acuerdo con el derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben participar en las tareas de seguridad, y mucho menos para restringir o violentar los derechos de las personas a manifestarse pacíficamente», reza la misiva de Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La funcionaria recomendó al Gobierno hondureño evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, las cuales han sido reprimidas con gases lacrimógenos, armas de fuego y toletazos por parte de las fuerzas de seguridad, incluido efectivos del Ejército.

Tras reunirse con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Hernández ordenó el 20 de junio el despliegue de militares para acompañar las acciones de la Policía Nacional, que se había sumado a la huelga iniciada por maestros y médicos, secundada luego por los transportistas de carga.

«Exhortamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que garantice los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional, para evitar más lesiones y muertes», agrega Guevara en la carta, publicada en la web oficial de Amnistía Internacional.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) reportó que, aparte del Ejército, la Policía Preventiva y las Fuerzas Policiales, «empleados gubernamentales de asistencia social apoyan a los militares en calidad de grupos civiles de choque, a veces armados, contra las manifestaciones populares».

El Cofadeh denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.
«Hernández usa las Fuerzas Armadas para cerrar por la fuerza los espacios de expresión pacífica de la oposición social y política, los únicos existentes, en tanto el régimen controla el sistema tradicional de medios, induce noticias falsas y propaganda de culto la personalidad a través de redes», agrega Cofadeh en un comunicado.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia en Honduras, y recordó que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana «deben estar primordialmente reservados a cuerpos policiales civiles».

«La CIDH hace un llamado a garantizar la efectividad y legitimidad de las mesas de diálogo a través de una amplia y representativa participación y llama al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo deben participar todas las partes involucradas», publicó la Comisión en su cuenta de Twitter.

Los integrantes de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación retomaron el 21 de junio las calles para exigir al Gobierno mejoras en la prestación de servicios a la población, aunque las manifestaciones también reclaman la renuncia de Hernández.

Fuentes del empresariado y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa aseguraron que los efectos de estas protestas son catastróficos, pues la situación de crisis ha causado cierre de negocios, desempleo y el alejamiento de la inversión, según un reporte del diario La Prensa.

Las protestas contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.

El Gobierno derogó ambos decretos, pero persisten las protestas que reclaman la renuncia de Hernández, a quien muchos consideran un «usurpador» por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.

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