julio 2, 2020

Programa de protección de testigos: narcotráfico y política


Por Fernando Rodríguez Ureña * -.


El Plan Cóndor II, una versión más sofisticada de aquella fórmula de contrainsurgencia implementada por la CIA en la década de los 70 en América Latina, para desestabilizar y derrocar gobiernos populares, organizaciones patrióticas, revolucionarias y movimientos sindicales, está nuevamente en desarrollo.

Jueces y fiscales en lugar de tropas, judicialización de la política como enfoque de injerencia, redes sociales y medios de comunicación masivo como nuevos instrumentos de operaciones psicológicas (OPSIC), post verdad y verdades/mentiras a medias (fake news) como instrumentos de ataque personal, bloqueo económico, inflacionismo inducido en las economías, fomento de la corrupción para propagandizarla como cultura de estado, uso político de las normas/tratados así como de organismos internacionales, desprestigio de líderes políticos y dirigentes revolucionarios, constituyen —entre otras— las técnicas y metodologías hoy usadas por el poder del norte para denostar procesos de liberación e integración en América Latina.

Todas estas fórmulas, son los mecanismos de los llamados “golpes blandos” que a diferencia de los golpes duros, mediante ONGs, usan a los ciudadanos como instrumentos de las conspiraciones, reivindicando discursivamente sus demandas legítimas, pero manipuladas en una perspectiva de subversión contra los gobiernos progresistas y revolucionarios, acusando a sus líderes y dirigentes con el fin de cambiar al gobierno.

En este juego de poderes, la ética ha sido pública y violentamente asesinada. Por eso se usa la mentira y la verdad a medias en medidas activas que condensan, coagulan el famoso “miente, miente, que algo queda” goebbeliano, cuyo fin político ayer como hoy, no era ni es otro que la fascistización de la sociedad.

En Bolivia se ha instalado de una manera dramática la matriz mediática y comunicacional de que “vivimos en un narcoestado y que este no puede continuar en función de gobierno”, pese a que las encuestas y el sentido común, muestran a Evo Morales como el futuro Presidente Constitucional, reelecto para un nuevo periodo de gobierno.

En este contexto, se presentan tres posibles escenarios que usaría el imperialismo y sus organismos, para “deshacerse” de Evo: inventarle un proceso judicial como se hiciera contra Lula o Cristina Kirchner, su desprestigio como se hizo con Lugo para inhabilitarlo moralmente frente a la población o finalmente su eliminación física, como se hizo con Hugo Chávez Frías, quien fue inoculado con un virus que le produjo una enfermedad incurable.

Por eso la seguridad del presidente Evo constituye una tarea de primer orden para proyectar la Revolución Democrática y Cultural en su perspectiva Socialista Comunitaria.

Es imprescindible hacer una sistematización de las expresiones de todos los líderes de oposición así como de miembros pasivos de los aparatos de seguridad del Estado en torno a la situación del narcotráfico, observar sus coincidencias y tendencias en torno a este tema.

Porque siendo el narcoestado la matriz comunicacional instalada, resulta muy probable, que se utilice al narcotráfico como el “misil” dirigido contra su gobierno y su persona. Si esta prognosis es correcta, es preciso adelantarse en pensar las posibles variables que podrían usar para este fin.

Una de las posibles acciones, podría ser usar el programa de protección de testigos de la DEA, mediante el cual, un “arrepentido” se inscribe en este programa, cumple los requisitos para calificar como sujeto beneficiario, a cambio de lograr una nueva identidad, ser trasladado a un país seguro junto a su familia y respetar su patrimonio.

¿Cuál es el precio de estos beneficios? Denunciar o inventar denuncias en contra de quien es el “target” o blanco de la medida activa.

En nuestro caso, a partir de esto, se pueden producir acusaciones dirigidas a colocar artificialmente a Evo como actor o protector de operaciones de narcotráfico y usar esta “información” como mecanismo para colocarlo en estrados judiciales internacionales (por ser el narcotráfico considerado un ilícito que afecta ala humanidad toda), juzgarlo en órganos del sistema manejados por el imperialismo y por esta vía, ilegalizarlo y deslegitimarlo ante la comunidad internacional y nacional con profundas consecuencias para la política interna boliviana.

Por consiguiente, es preciso desplegar todos los mecanismos que detecten intenciones de este tipo y hacerlas abortar antes que se produzcan y generen crisis internas de incalculables consecuencias.

Sin embargo, la atención del posible despliegue de este escenario, no debe descuidar el agendamiento de los otros mencionados, reiterando la necesidad de fortalecer la seguridad del hermano presidente Evo Morales frente a los desesperados ataques del imperio y sus agentes locales, insertados en la oposición y ojala que no al interior del propio proceso de cambio, para iniciar un ciclo de restauración colonial.


* Sociólogo. Militante Guevarista.

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