Por José Galindo * -.
Cuando hablamos de fascismo, nos decía Zavaleta, debemos diferenciar entre formas y tipos de Estado. Un Estado democrático es la forma en la que la superestructura se adecua a los movimientos de la estructura económica para asegurar la reproducción de las relaciones productivas, aquellas del capitalismo, y donde el mismo se desenvuelve mejor. Un Estado autoritario, un Estado fascista, es aquel donde las relaciones productivas luchan con resultados frustrantes y por ello mismo violentos, para tratar de establecer un orden de cosas que le resulten aceptables a la burguesía en su búsqueda por aumentar su tasa de ganancia. El tipo de Estado en ambos casos, es el Estado capitalista, donde la propiedad privada sobre los medios de producción permea todas las relaciones sociales. No obstante, es la violencia, de todo tipo, la que caracteriza al Estado fascista.
Latinoamérica es el continente más peligroso del mundo: Un estudio del Instituto Igarapé sostiene que de las 50 ciudades del mundo más violentas, 43 se encuentran en nuestra región. Algunas sufren los espasmos de la brutalidad a través de las acciones que se derivan del crimen organizado, principalmente en Centroamérica; otras tienen en las fuerzas represivas del Estado su principal agente de opresión, como en Colombia; en los casos más desafortunados, la sociedad en su conjunto, se ve atrapada en una guerra entre Estado y sectores de la sociedad civil, como en México. No obstante, es en todos los casos, estructural: es un tipo de Estado.
Hace unos días el Ministerio de Trabajo presentó en el Hall de la Vicepresidencia el libro Operación Cóndor: Pacto Criminal, comentado por el ministro de Economía Luis Arce Catacora; el viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa Rodríguez, y el presidente alterno de la Comisión por la Verdad, Edgar Ramírez Santiesteban. Las reflexiones de estos expositores llamaban a mantenerse alerta ante una potencial nueva arremetida del neoliberalismo y los autoritarismos que diezmaron el continente durante las décadas de los 60s, 70s y 80s. Lamentablemente, sus advertencias se hacen tarde, en vista de cómo se han ido desarrollando los hechos políticos de la última mitad de década. La propia Calloni lamentó en 2016 que la actual situación de Latinoamérica era peor que la que se vivió durante los días de la Operación Cóndor: se había dado el golpe de Temer en Brasil y poco después se militarizó Río de Janeiro. Su probable hipérbole no deja de encerrar algo de verdad, pues aunque aún no tenemos campos de concentración, la tasa de asesinatos y desaparecidos va en aumento.
Que América Latina es el continente más peligroso del mundo se encarga de ratificar la violencia que se apoderó en los últimos de Honduras, donde protestas pacíficas contra el ilegítimo presidente de ese país se enfrentan a represiones sistemáticas, o los asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales en Colombia, donde el paramilitarismo se mueve con impunidad por la protección de la que goza en altos niveles del gobierno, el Centro Democrático y las Fuerzas Armadas
Alarma en América Latina
La Operación Cóndor, como muchos saben, fue una iniciativa de coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur orientada a intercambiar información sobre disidentes políticos que hubieran logrado escapar hacia el exilio con el objetivo de eliminarlos al mismo tiempo que se descabezaban todos los movimientos populares mediante operaciones de secuestro, asesinato y tortura aplicadas por las fuerzas del orden y grupos paramilitares. Más de 60 mil personas fueron eliminadas físicamente, mientras que se torturaron y desaparecieron a más de 30 mil. Estas cifras pueden ser conservadoras. A la cabeza de todos estos gobiernos, el departamento de Estado estadounidense movía los hilos bajo la dirección de Henry Kissinger, que orquestaba todos los movimientos de la región en contra de la Unión Soviética y el comunismo.
Todos los actores de ésta obra se movían de acuerdo a un libreto de orden global: los dictadores, los soldados y los paramilitares era una suerte de peones en un gran tablero de ajedrez llamado Guerra Fría. Éste genocidio, sin embargo, tuvo orígenes no premeditados, como lo explica Thomas C. Field en su libro Minas, balas y gringos: del desarrollo a la dictadura. Bolivia y la Alianza para el Progreso. Según el autor, una de las causas que convirtieron a los militares en la principal fuerza política en la región fue su paulatino empoderamiento por parte de los EE.UU. mediante donaciones de material bélico y entrenamiento con el objetivo de neutralizar y someter a los movimientos sindicales que comenzaban a amenazar la estabilidad de los negocios del norte en la región. El laboratorio fue Bolivia y el experimento terminó por encumbrar a René Barrientos como presidente de la República. Se procedió entonces a cooptar a las fuerzas armadas de todos los países de la región. Así fue como se creó al Frankenstein de la Operación Cóndor, que nunca tuvo, sin embargo, autonomía de su creador.
La Operación Cóndor reclutó a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se convirtió al continente en una virtual trampa mortal, donde no había donde esconderse.
Solamente Ecuador se salvó de las redes de éste plan. Actualmente, los países más peligrosos de Latinoamérica son Venezuela, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago, Belice, México, Brasil, Colombia y Guatemala. Aunque todos sufren de tipos de violencia que responde a diferentes tipos de agentes y causas, todos sufren de violencia estructural que se extiende a lo largo de todas sus relaciones sociales. Veamos ésta situación por la cantidad de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes:
Venezuela, con 81,4; El Salvador, con 51; Jamaica, con 47; Honduras, con 40; Trinidad y Tobago, con 37,7; Belice, con 35,9; México, con 25,8; Brasil, con 25; Colombia, con 25; y Guatemala, con 22,4 ocupan los primeros diez lugares la lista. Las causas pueden resumirse en tres categorías: violencia relacionada al crimen organizado; violencia relacionada a la ausencia de Estado; y violencia relacionada a acciones del Estado. La segunda categoría, que podría parecer la más benigna, en realidad no lo es: la ausencia del Estado como proveedor de bienes y servicios como salud, educación y justicia es también un hecho deliberado. Los Estados no llegan sólo a donde no desean y no les interesa llegar.
Otro aspecto a destacar es que incluso en aquellos países donde la violencia está relacionada con el crimen organizado, el Estado no deja de jugar un rol muchas veces catalizador de la violencia y a través de sus fuerzas represivas: México y Brasil en este sentido son paradigmáticos, pues es en su lucha contra el narcotráfico que han desplegado operativos generadores de muerte que siempre han afectado a terceras partes, generalmente de estratos pobres y desamparados. Tal como sucedió durante las décadas de los 70s y 80s, también existen causas exógenas a éstos países, que ya no están enmarcadas en la Guerra Fría sino en la Guerra contra el Narco y contra grupos insurreccionales. Si bien la Alianza para el Progreso fue la partera de los gobiernos dictatoriales que se aliaron rápidamente con las oligarquías locales, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida son los nuevos marcos institucionales que hicieron posible esta nueva ola de brutalidad que va en aumento.
México, Brasil y Colombia como la puerta de entrada
Ahora bien, el fascismo como forma de Estado es un tipo de régimen que no puede aplicarse a todos los casos donde existe violencia orientada hacia fines políticos: es una violencia que, de acuerdo a Zavaleta, debe tener apoyo de la sociedad para tener efectividad y que es ejercido principalmente por el gobierno. La violencia que presenciamos hoy puede parecer, como dijimos, en muchos casos independientemente del Estado y sin participación de la sociedad civil, que aparece más como una víctima; esto hasta que se analizan tres casos: Brasil, Colombia y México.
En 2018 un hecho atípico desde que Latinoamérica ingresó a la Tercera Ola Democrática tuvo lugar: en febrero de ese año, se militarizó la ciudad de Río de Janeiro por instrucciones del gobierno de Michel Temer, quien había accedido al poder mediante un golpe de Estado ejecutado desde el Parlamento contra la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. A sólo dos meses de ésta intervención de un Estado nacional sobre un nivel nacional se registraron cerca de 1500 homicidios, dos meses antes habían ocurrido casi 1300. Poco después Calloni llamaría atención sobre el hecho de que Río de Janeiro era no sólo la ciudad más violenta de Brasil sino la que más se había resistido a los mandatos y políticas de Temer. La política de militarización fue aplaudida por los sectores pudientes y evangélicos de Brasil, entre ellos el juez y actual ministro de Justicia de Jahir Bolsonaro, Sergio Moro. Los Estados Unidos no aplaudieron el golpe de Estado de Temer ni la militarización de Río de Janeiro, pero tampoco se pronunciaron en contra y reconocieron el gobierno golpista poco tiempo después.
Pocos meses después Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe, ganó las elecciones presidenciales de Colombia. Ya desde inicios de su campaña se mostró como crítico con los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y durante sus primeros meses en 2019 se expresó abiertamente en contra de dichos acuerdos. El pacto que tan difícilmente se había logrado con apoyo del Vaticano y el gobierno de Cuba, quedó en cero, pero la situación de violencia en la áreas rurales de Colombia no volvió a lo que era antes de la firma de los Acuerdos, sino que empeoró, con cerca de 88 asesinatos de líderes sindicales y excombatientes de las FARC. Entre 2016 y 2018 fueron 837 asesinatos. El casi 54% que votó por la presidencia de Duque también rechazaba los Acuerdos de Paz, porcentaje al mismo tiempo concentrado en las zonas urbanas, ajenas y lejanas al conflicto que ha destrozado millones de familias colombianas en zonas rurales durante varias décadas. Colombia es, al mismo tiempo, uno de los países más beneficiados por la ayuda económica de los EE.UU. por concepto de asistencia militar.
Pero Colombia también sirve a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos contra Venezuela, pues desde sus fronteras, ya con Uribe y Santos, se han desplegado ingresos irregulares de paramilitares que luego asesinaron en territorio venezolano, y ahora es empleado abiertamente como cabeza de playa contra la Revolución Bolivariana.
Finalmente, México, donde la Guerra contra el narco desde 2016, ha provocado cerca de 250 mil muertos, un cuarto de millón, por lo que es considerado por algunos académicos como técnicamente un país en situación de guerra. La guerra contra el narco fue declarada oficialmente en 2006 por el entonces presidente mexicano Felipe Calderón, y fue seguida por la firma del acuerdo internacional Iniciativa Mérida, por medio del cual los EE.UU. prestarían apoyo logístico y entrenamiento militar en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, la violencia no ha hecho más incrementarse en éste país. La mayor parte de los muertos son soldados y miembros de carteles, provenientes de familias pobres, lo mismo que las víctimas colaterales de los Estados más subdesarrollados del norte de México. El contrabando de armas desde EE.UU. a México también de disparó hasta llegar a más de 250 mil piezas por año, y llegando hasta Colombia y Brasil. De hecho, es interesante notar que en 2017 se decomisaron 24 mil armas de fuego de contrabando, más del doble que luego serían entregadas por las FARC.
Otro efecto colateral de ésta dinámica de Guerra contra el Narco – contrabando de armas, según algunos estudios, son los éxodos migratorios que se han dado desde Honduras y otros países de Centroamérica hacia México y EE.UU. Actualmente, el Ejército mexicano no sólo luchará contra el narcotráfico sino que también controlará el flujo migratorio entre sus fronteras con EE.UU.
Si bien es cierto que la categoría de fascismo no siempre es aplicable a todo donde el Estado es un activo promotor de la violencia o donde movimientos populares son criminalizados hacia la extinción, lo cierto es que las formas de gobierno y tipos de Estado pueden variar en diferentes tonos en un espectro que va desde la democracia más superficial e imperfecta hasta el autoritarismo más salvaje, pudiendo, quien sabe, engendrar monstros peores que los que azotaron Europa hasta mediados del siglo pasado.
* Es politólogo.
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