Lima-. La calma y la tensión y un alto nivel de cumplimiento caracterizan hoy el inicio de la huelga general en la provincia peruana de Islay, contra el proyecto Tía María, de la transnacional Southern, de capitales mexicanos.
La protesta, que invoca el posible daño ambiental que ocasione el proyecto de explotación de dos yacimientos de cobre, motivó el cierre preventivo de las escuelas por las autoridades.
En el municipio de Cocachacra, el más cercano al proyecto y epicentro de grandes protestas que frenaron el proyecto en 2011 y 2015, se paralizó el servicio de transporte, que operó en las primeras horas por autorización de la dirigencia del paro.
La mayoría de los comercios, según reportes telefónicos, cerraron, aunque también se permitió que los mercados de abastos atiendan hasta media mañana, mientras activistas del paro, enarbolando banderas verdes con el lema ‘Agro sí, mina no’, recorren las calles.
¿Por qué organizaciones de agricultores iniciaron un paro indefinido ante la implementación de un nuevo plan minero en #Perú🇵🇪?
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— teleSUR TV (@teleSURtv) July 15, 2019
Los activistas llaman a la población a sumarse a una concentración ya iniciada en en una plaza central, para hacer patente su rechazo a Tía María. De madrugada se bloquearon algunas calles con neumáticos encendidos y otros objetos, que fueron despejados por la policía.
La huelga exige la anulación de la licencia de construcción que autoriza el inicio de las obras, cuando el clima social sea propicio, según la empresa, que minimiza el paro y considera que solo espera que el clima social mejore para comenzar las obras.
Mientras el Gobierno, la Iglesia católica, partidos políticos, las organizaciones sociales y otros sectores llaman al diálogo, la empresa excluye a las organizaciones sociales al señalar que dialoga directamente con la población y que hay una ‘mayoría silenciosa’ que apoya el proyecto, según una encuesta privada.
Similares criterios a los de Southern manifestó el ministro de Minería, Francisco Ísmodes, cuyos críticos lo acusan de tener una visión pro-empresarial porque fue ejecutivo de la patronal Sociedad de Minería y gerente de una compañía minera.
Un contingente de 400 policías enviados la semana pasada por el Gobierno tras anunciarse la licencia para el inicio del proyecto, se mantiene a la expectativa a decenas de kilómetros de Cocachacra, indicaron dirigentes de la huelga.
‘El paro es pacífico, no queremos muertos, ojalá no los provoque la policía. Hay infiltrados provocadores, gente extraña que ha llegado’, señaló Miguel Meza, coordinador del valle del Tambo -un próspero emporio agrícola próximo- al recordar el saldo de varios muertos de anteriores protestas.
El economista Farid Matuk advirtió que uno de los ejes del conflicto es el del citado valle, cuyos agricultores quebrarán porque quedarán sin labriegos por la absorción de dos mil 600 trabajadores con mejores salarios que los del agro.
Otro problema, señaló, es que esos trabajadores serán despedidos tras ese tiempo, cuando las obras de infraestructura estén terminadas y la empresa solo requiera personal especializado y para entonces las tierras del valle estarán arruinadas.
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