Varios políticos comenzaron a pedir la “declaratoria de desastre nacional” como solución al fuego en la Chiquitania, sin embargo, esa medida no es factible ya que la desgracia no superó las capacidades económicas y técnicas del Estado (tal como exige la ley), que cuenta con el dinero necesario para financiar el combate al siniestro por aire y tierra.
De manera coincidente, la solicitud de declaratoria de desastre nacional fue efectuada por Óscar Ortiz, candidato presidencial por la agrupación BDN, por una autoridad de la Gobernación cruceña (presidida por BDN) y por un dirigente de los médicos que están en paro de actividades.
Pero esta solicitud no se adecúa a la Ley 602 del 14 de noviembre de 2014, que regula el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos, que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación, y la atención de desastres y/o emergencias. Esta norma jurídica establece también un protocolo específico para ese tipo de declaratorias.
La disposición, en su artículo 39, indica que se debe seguir un procedimiento específico para que se determine una declaratoria de desastre nacional.
Primero se debe declarar el desastre municipal cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal que el municipio no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica; situación en la que se requerirá asistencia del gobierno departamental. Luego, la Gobernación debe declarar desastre cuando se hayan superado todas sus capacidades.
Posteriormente, la ley indica que se puede declarar desastre nacional “cuando la magnitud e impacto del evento haya causado daños de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica; situación en la que se requerirá asistencia externa”.
Y ese requisito fundamental no ha ocurrido. Es decir, el Estado boliviano tiene la capacidad económica, el dinero disponible, la fortaleza de recursos para, por ejemplo, contratar al avión más grande del mundo —el SuperTanker—, capaz de transportar más de 75 mil litros de agua para regarla sobre los lugares afectados por el fuego.
Además, se solventa el desplazamiento de alrededor de 4.000 servidores, voluntarios y brigadistas de 17 instituciones del Gobierno, la Gobernación y alcaldías de Santa Cruz, por aire y tierra; además de más de 200 vehículos.
Los operativos que se realizan por tierra tienen el apoyo de al menos 12 aeronaves.
Las brigadas se movilizan en 160 vehículos, de los que 33 son cisternas y ocho son ambulancias.
En las pasadas horas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que si el caso amerita, el Gobierno está en condiciones de aumentar aeronaves y personal para mitigar las llamas.
Vale decir, no se superó la capacidad económica y técnica del Estado, tal como exige la ley, y por ello no se requiere declarar desastre nacional
“Los indicadores que tenemos no nos dan para llegar a una declaratoria de desastre como la que se indica. En la medida que las capacidades de atención y despliegue del Estado sean sobrepasadas, ahí corresponde ese tipo de declaratoria”, dijo el titular de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, durante una entrevista en la Red Uno.
También el Gobierno viabilizó la cooperación internacional: Perú envía helicópteros; Argentina, brigadas de bomberos, y organismos externos brindan cooperación económica y logística.
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