octubre 26, 2020

ASP-B ve falta de voluntad política de Chile para zanjar el caso Arica

El gerente de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), David Sánchez.
Foto: Carlos Barrios/Cambio

El gerente de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), David Sánchez, mencionó que hay una “total” falta de voluntad política de Chile para tratar el tema del puerto de Arica, que actualmente perjudica el comercio exterior boliviano.

“El Estado chileno rehúsa su responsabilidad y la empresa privada Terminal Puerto Arica (TPA) mantiene su imposición tarifaria para la carga boliviana. Nosotros, como Estado boliviano, tenemos un relacionamiento jurídico y operativo con Chile, porque hemos generado, conjuntamente, todas las actas para la parte tarifaria en Arica en el marco del Tratado de 1904, que ahora la TPA lo quiere desconocer”, dijo Sánchez a Cambio.

De acuerdo con el Gerente de la ASP-B, sorprende que la TPA haya roto la base de relacionamiento bilateral que hubo entre ambos países hasta el 5 de agosto de este año con la aplicación e imposición de un Nuevo Manual de Servicios, que implica un incremento de tarifas para la carga boliviana en un 200%, que ahora genera grandes consecuencias y perjuicios.

“Este incremento arbitrario está vigente y vemos que si no se paga, se secuestra la carga, y si pedimos nuevos servicios se debe hacer un pago anticipado; es algo que nosotros nunca hemos acordado ni suscrito con la parte chilena”, refutó Sánchez.

Según el Tratado de 1904, acotó, todo relacionamiento que tenga que ver con el puerto de Arica debe acordarse entre ambas partes (Bolivia y Chile), y querer negociar tarifas con una entidad privada va en contra del acuerdo bilateral.

En esa línea, lamentó que la estatal Empresa Portuaria de Arica (EPA) de Chile respondiera con una negativa a la reciente solicitud de diálogo que hizo la ASP-B para solucionar el conflicto tarifario en Arica y, por el contrario, deslindara responsabilidades al asegurar que la relación ya no es de Estado a Estado, sino del Estado boliviano con la privada TPA.

Pedidos de diálogo
Desde que se inició el conflicto (5 de agosto), explicó Sánchez, la ASP-B realizó varios intentos para negociar con la empresa privada, EPA y autoridades chilenas, pero vanos fueron los esfuerzos.

“Lo primero que hicimos fue solicitar un comité técnico para trabajar el tema tarifario, no fue aceptado. Un segundo intento fue pedir un plazo para pagar lo demandado por la TPA para garantizar el flujo de la carga boliviana, tampoco fue aceptado; un tercero fue plantearles un incremento del 10%, que no fue aceptado”, comentó.

Respecto a la última propuesta, detalló, supone un incremento de más de $us 30 mil a los $us 300 mil que habitualmente se paga por mes a la concesionaria portuaria por el tratamiento de la carga boliviana.

“Esta propuesta no fue aceptada y ellos buscan imponer un incremento del 200%, que supone en valor algo más de $us 900 mil por mes, eso es daño a la economía boliviana y algo que no podemos permitir”, aseveró el titular de la ASP-B.

Conflicto político
Ante la negativa y poca voluntad por parte de las autoridades de Chile y de la empresa portuaria para solucionar el tema, Sánchez enfatizó que “pareciera” que el conflicto es “netamente político” debido a la lucha inclaudicable de Bolivia para recuperar el mar y tener un acceso soberano al Pacífico. A esto se suma la política gubernamental de buscar otras alternativas portuarias para el comercio boliviano y dejar de depender de Chile.

Apuntes

-La TPA busca imponer un incremento del 200% a la tarifa para la carga boliviana, que supone subir de $us 300 mil a $us 900 mil mensuales.

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