Quito-. En un balance actualizado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó mil 192 detenidos y ocho muertos, durante los 11 días de paro nacional contra la eliminación del subsidio a combustibles, decretada por el gobierno.
El reciente informe contiene estimados desde el 3 de octubre último, cuando comenzaron las movilizaciones contra la medida de corte neoliberal, hasta el pasado día 13, fecha de levantamiento de las protestas, tras un acuerdo entre el movimiento indígena y el ejecutivo, para derogar el Decreto que liberó los precios en la gasolina extra y el diésel.
Según aclaró la instancia, el reporte no incluye estimados de personas arrestadas la víspera, en la madrugada.
De acuerdo con la Defensoría, el 96 por ciento de las personas aprehendidas son hombres y el mayor número de detenido se concentra en la provincia de Pichincha (532), seguida por Guayas (310) y Tungurahua (59).
Por su parte, el estudio de arrestos por rango etario, indica que los grupos de 15 a 19, así como de 20 a 24 años fueron los más afectados y representan el 25 por ciento del total.
A la lista ofrecida el día anterior, de personas fallecidas en el marco de las protestas, se sumaron dos, una de ellas mujer.
Los muertos fueron identificados como: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa Cusco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Eduardo Mosquera Amagua y Silvia Marlene Mera Navarrete.
Además, se registraron mil 340 atenciones médicas por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y la Cruz Roja Ecuatoriana, 913 de ellas en Pichincha, 122 en Azuay y 46 en Guayas.
La Defensoría aclaró que el informe es resultado del monitoreo de la situación de los derechos humanos de las personas involucradas en las jornadas de paro nacional, realizado por el ente en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.
Los 11 días del levantamiento popular, que concluyó en la noche del 13 de octubre pasado con el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena de restablecer los subsidios a la gasolina extra y el diésel, estuvieron marcados por una fuerte represión policial y de militares, denunciada por la institución.
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