La Paz-. Las peticiones de paz, movilizaciones en defensa del voto de un lado y del otro un plan golpista en marcha con acciones cada vez más extremas marcaron en Bolivia la semana que hoy finaliza.
Como una de las líneas del ataque anti institucional, la víspera en la tarde noche se produjo un amotinamiento en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) del central departamento de Cochabamba, lo que obligó en lo inmediato a una respuesta oficial.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, descartó la salida de las Fuerzas Armadas a la calle con motivo del hecho y aseguró el Gobierno orientó que bajo ninguna circunstancia va a haber algún acuartelamiento ni una operación militar en calles de ninguna ciudad.
Insistió en que la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos, en todo el país es de total normalidad en sus actividades cotidianas y expresó confianza en que el comandante de la Policía pueda hacer reflexionar a los agentes que por alguna razón se amotinaron.
Así la tensión social se agudizó otro tanto desde que el candidato perdedor de los comicios del 20 de octubre Carlos Mesa sembrara la matriz de un fraude, sin presentar pruebas hasta la fecha, y promoviera manifestaciones de diferente carácter: paros, bloqueos de calles, entre otras.
Sin embargo, el protagonismo del exmandatario se vio relegado a un segundo plano desde que el pasado sábado el cabecilla del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante sus seguidores reunidos en un cabildo diera 48 horas para la renuncia del presidente, Evo Morales.
Al pasar el plazo fijado, el joven abogado y empresario refirió el lunes en un discurso demagógico y contradictorio que conseguiría la dimisión del jefe de Estado, así como anunció la radicalización de sus iniciativas, donde sumó el cierre de las fronteras y la toma de las instituciones públicas.
En consecuencia, dos días después grupos de choque de extrema derecha encapuchados respondieron con una fuerza sin límites al violentar a la alcaldesa del municipio de Vinto, provincia Quillacollo, Patricia Arce, y arremeter contra otras de sus compañeras que marcharon en esa ciudad con niños.
A la autoridad edil luego de ser retenida, le cortaron el cabello, echaron tierra y pintura en cara, antes de ser rescatada por la policía; mientras por la zona secuestraron al exviceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte y, de acuerdo con un video difundido, lo obligaron a arrodillarse y pedir perdón.
Diputadas y senadoras bolivianas repudiaron esas agresiones, así como los golpes a mujeres de pollera y con rasgos indígenas, lo cual el Servicio Plurinacional de la Mujer calificó de intorelable, las organizaciones sociales rechazaron abiertamente y los funcionarios públicos pidieron a los líderes opositores una reflexión.
Entre tanto, Morales reiteró su reclamo al cese de la violencia y convocó a los movimientos sociales a unirse para respaldar la justicia social, el proceso de cambio, la revolución democrática ? cultural.
‘Quiero decirle al pueblo que no voy a renunciar, respetaremos nuestra Constitución Política del Estado, quiero decirles hermanas y hermanos a ustedes, a Bolivia y al mundo, no voy a renunciar, (…) vamos a defender nuestro proceso de cambio’, afirmó el estadista.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, precisó que fue el pueblo quien dio nuevamente la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 20 de octubre, por lo que renunciar a ese triunfo es como enterrar la democracia.
‘A nosotros nos eligió la gente, si hubiéramos perdido, felices nos íbamos, la gente nos volvió a dar la victoria y desistir de ella sería desconocer la Carta Magna vigente en el país’, destacó.
El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, durante una masiva concentración en la histórica ciudad de El Alto consideró importante hacer un análisis del tema económico, ‘en el 2003 fue el gas, ahora es el litio, el tema de fondo de la oposición política es económico’, remarcó.
En criterio del ministro de Comunicación, Manuel Canela, como Estado apostaron por pedir la realización de una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA) tres días después de los comicios y se vio cómo los promotores del fraude desprecian esa organización.
Queremos ser muy tajantes marcando la diferencia entre la gente que apoya la democracia y quienes buscan un golpe de Estado como el señor Camacho, enfatizó el titular de comunicación.
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