marzo 6, 2021

¿Y ahora quién podrá defendernos?


Por Facundo Di Vincenzo-.


Cualquier estado latinoamericano o caribeño, a la hora de ejercer la soberanía en todo su territorio, para bastarse por sí mismo, necesita de la ayuda de los demás estados de la región. Lo sabemos tanto por nuestra historia de influencia/ intervención/ invasión de los imperialismos del hemisferio norte, como por el peso del capital transnacional en su voracidad extractivista de nuestros recursos naturales estratégicos.

Premonitorias fueron las palabras de Álvaro García Linera en Buenos Aires, en 2010, cuando sostuvo que “Bolivia sola no va poder cumplir su meta. Les toca a ustedes, les toca a todos los pueblos, les toca a la nueva generación, les toca a otros países hacer las mismas cosas y mejorar cosas nuestras. Pero se trata de hacer, no de contemplar o ver. La pasividad de otros pueblos es la derrota de nosotros. El movimiento de otros pueblos es nuestra victoria”.[1]

Hoy García Linera se encuentra, junto a Evo Morales, exiliado en México, por un golpe de Estado perpetrado por un conjunto de actores: sectores civiles, la Policía, la oposición política, el capital transnacional (incluyendo redes sociales y demás medios de comunicación) y el apoyo de Estados Unidos, manifestado a través de sus organismos instituidos en la región, la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el caso de Bolivia, aparecen jugando un rol fundamental en el golpe de Estado las Fuerzas Armadas, ya como observadoras del acontecimiento bajo el velo de “garantes del orden constitucional”, ya como garantía de este nuevo ordenamiento que incluye la represión, persecución, arresto, abuso y muerte de opositores.

¿Cuál es el rol que cumplen y cuál deberían cumplir las Fuerzas Armadas en un país como Bolivia? ¿Cuál es la función que deben tener las Fuerzas Armadas en América Latina y el Caribe en el presente y rumbo a la segunda década del siglo XXI?

Los Estados liberales de derecho

Oscar Oszlak teorizó sobre la formación, desarrollo y características de los Estados en América Latina y el Caribe y destacó elementos indispensables para su existencia:

  1. capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento interestatal;
  2. capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo el monopolio sobre los medios organizados de coerción;
  3. capacidad de diferenciar su control, a través  de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer recursos de la sociedad civil;
  4. capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación.[2]

Ahora bien,  esta es una concepción liberal de lo que llamamos Estado. Pretenden los liberales, como Hegel y Weber también, que sus definiciones sean universales, ahistóricas, generales, de diccionario. Olvidan (u ocultan), que las relaciones de poder entre los Estados son diferentes según su desarrollo económico, industrial y militar.

Y, específicamente, para quienes habitamos esta región del mundo, tales definiciones no nos sirven, incluso nos confunden distorsionando el espacio, las relaciones de poder y demás elementos fundamentales para entender el lugar de nuestros Estados hacia el 2020.

Tras la emancipación, el proceso de conformación y construcción de los Estados Nación en América fue llevado a cabo por las élites letradas de las ciudades portuarias defensoras de economías abiertas al mercado europeo. Estas élites, como señala el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, realizarán una segunda conquista contra todos “los pueblos” (los originarios, mestizos, negros y mulatos) que, paradójicamente fueron quienes lograron la emancipación.

Vencerán en las guerras civiles a todos los representantes elegidos por los “pueblos” de las provincias y regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores, iniciará un proceso que llega hasta nuestros días, en donde primó la negación del pasado histórico (indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario).

Prácticamente 300 años después del inicio de la Conquista, los Estados Nación en América Latina y el Caribe que surgieron durante el siglo XIX se basaron en una matriz de pensamiento político y económico liberal, ilustrado o iluminista, que emergió en Europa tras la Revolución Francesa. Las élites letradas de las ciudades puerto son las que inventarán las naciones americanas desde una matriz de pensamiento iluminista durante los siglos XIX y positivista (racista, evolucionista y eurocéntrica) después.

Paradójicamente, la contemporaneidad surgida de la revolución francesa en Europa, sí reconoce el pasado histórico, es decir la conformación de las nacionalidades europeas, en Francia, Alemania e Italia, que redimensionan la esencia de sus “pueblos”, dedicando especial atención a su pasado, historia, cultura y tradiciones.

Por ello la contemporaneidad europea se asume como representativa de sus pueblos, devenidos de ahora en más en ciudadanos. Sus principios fundantes, son los declarados durante la Revolución Francesa de 1789: libertad, Igualdad, fraternidad. Principios que por otra parte, aunque se declararan como universales, fueron negados en otros lugares del planeta.

Por ejemplo, los franceses revolucionarios niegan estos principios para los revolucionarios negros de Haití. Los principios, según lo afirmaron los revolucionarios franceses, eran solo para los blancos europeos. Incluso con la victoria de los revolucionarios haitianos, son los haitianos y no los franceses los que vuelve universales a estos principios.

Las élites que se adueñaron de los Estados, miraban al Atlántico y al Pacífico. Vencieron a los otros proyectos de Estado Nacional con las armas y, en algunos casos, con la ayuda de los imperialismos europeos. Todos eran proyectos fundados en una representación y participación más amplía, popular si se quiere, reconociendo las tradiciones, culturas preexistentes.

Hacia inicios del siglo XXI se produjo en la región una oleada de partidos y líderes “progresistas”. Hugo Chávez en Venezuela, llegó al gobierno tras la crisis del sistema de partidos de 1989; Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de Brasil en 2003; Néstor Kirchner llegó al poder en Argentina luego de la crisis política de 2001; en 2004, Tabaré Vázquez ganó las elecciones presidenciales de Uruguay de la mano del Frente Amplio.

Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, también fueron parte de esta ola de triunfos de la izquierda, sin olvidar la victoria de Martín Torrijos en Panamá y el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua.

Fuerzas Armadas, capital transnacional e integración latinoamericana

¿Qué lugar fue asignado en estos Estados “progresistas” a las Fuerzas Armadas? En buena parte de América Latina y el Caribe, tras las guerras de la independencia y las guerras civiles, los líderes vencedores (porque también hubo líderes derrotados como Simón Bolívar, José de San Martín y José Gervasio Artigas) formaron parte del gobierno -de alguna u otra manera- en los nuevos Estados.

Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, los ejércitos, principalmente en Sudamérica, asumieron la función de asistir a las instituciones civiles que gobernaban estos Estados. En la mayoría de los casos, tomando como modelo el ejército prusiano (alemán) se planteó desarrollar una serie de funciones de vinculación estrecha entre el Estado (con su territorio y recursos naturales).

Una relación que además se planteaba como imprescindible 1) Garantizar la independencia y la soberanía; 2) La capacidad de autodeterminación. 3) La integridad territorial y la salvaguardia de los recursos naturales; 4) La protección de los bienes, la vida y la libertad de los habitantes.

Evidentemente este programa soberano se topó directamente con la realidad regional marcada por la ocupación territorial por potencias del hemisferio norte, erosionando el primer y segundo de los puntos vinculados a la garantía de la soberanía y la capacidad de autodeterminación (como son los casos las Islas Malvinas, Panamá, Las Guayanas, Puerto Rico, Cuba con la base de Guantánamo, entre otros).

Además, las oligarquías en el poder de estos Estados hacia la década de 1930 avanzaron en una serie de negociaciones (Pacto Roca-Runciman en Argentina, Pacto del Café con Leche en Brasil y nuevo estructuración de las oligarquías y el capital transnacional en México) que produjeron respuestas profundas dentro de los sectores militares.

Éstos consideraron la necesidad de intervenir para garantizar la soberanía, capacidad de autodeterminación, integridad territorial y salvaguardia de los recursos naturales como fue el caso de la Revolución de los Coroneles en Argentina y la llegada al Gobierno de Getulio Vargas en Brasil.

Con la vuelta de la democracia entre 1980 y 1989, los nuevos estados liberales de derecho, de matriz económica neoliberal en la mayoría de los casos, se han cuidado (mediante pactos, como el realizado en Uruguay en el Club Naval o con el armado de una nueva constitución delineada por el mismo dictador Augusto Pinochet en Chile), de responder a un doble problema.

Por un lado no juzgar, “no remover” el pasado inmediato y por otro, sostener el gasto militar, cada vez más reducido, sin que con ello se genere una confrontación con la potencias del hemisferio norte. Más bien, fomentaron la articulación de actividades con estas potencias vinculadas directamente con la formación de los cuadros militares y compra de equipamientos bélicos.

Entre 1989 y la fecha, los líderes progresistas de la región, que llegaron al gobierno de los Estados, han actuado escasamente para que los cuadros de sus ejércitos no sigan formándose con los postulados de entrenamiento delineados por las potencias del Hemisferio Norte, principalmente por Estados Unidos.

Vale destacar tres casos en donde las Fuerzas Armadas siguen garantizando la soberanía nacional, los recursos naturales y la elección de los pueblos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tres ejemplos en donde, no casualmente, quienes llegaron a los Estados de alguna u otra manera formaron parte de Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que en el resto de los escenarios, en simultáneo con el ascenso de estos Estados “progresistas”, parece ponerse en acción una nueva política de disciplinamiento de los ejércitos de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos expresada después del 11 de septiembre del 2001 en su lucha contra sus declarados dos grandes enemigos globales: el terrorismo y el narcotráfico.

Esta política se refleja en la Iniciativa Regional Andina, que es la extensión del Plan Colombia al conjunto de los países de la subregión, y luego en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional promulgada por Washington en septiembre de 2002 y ratificada en 2006.

La Doctrina de Seguridad Nacional mutó hacia la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y lo peor de todo esto, es que se produjo durante el ascenso de los gobiernos de representación popular, donde no fue necesario golpes sanguinarios ni persecuciones.

Incluso como puede observarse en el caso de Chile y Bolivia en estos días, ya institucionalizadas las Fuerzas Armadas responden a estas nuevas funciones vinculadas a la asistencias de los gobiernos civiles, mal que les pese a los constitucionalistas, con una serie de artilugios que aparentan respetar los mecanismos jurídicos constitucionales.

Pero se abrogan la función de encarcelar y perseguir líderes elegidos (Correa, Lula, Evo Morales), reprimir a los pueblos en sus reclamos (Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Haití, Colombia) y asistir a las tropas estadounidenses y a los capitales transnacionales frente a los posibles desórdenes generados por sectores del pueblo en su reclamo por usurpación de tierras, contaminación de aguas y suelos, o protestas contra el hambre y la miseria emanadas de sus políticas neoliberales.

Es necesario que en la mayoría de los Estados de gobiernos “progresistas” de la región haya un esfuerzo por delimitar el campo de acción de sus Fuerzas Armadas, orientándolas a garantizar la independencia y la soberanía, la capacidad de autodeterminación, integridad territorial y salvaguardia de los recursos naturales.

Quizás la experiencia venezolana nos de algunas pistas en esa dirección: Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, Milicia Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. Ante el permanente asedio del imperialismo, no basta con tener razón.


Notas

[1] GARCIA LINERA, ALVARO, “La construcción del Estado”, en Tres pensamientos políticos, Buenos Aires, UBA Sociales Producciones, 2010.

[2] OSZLAK, OSCAR, “Formación histórica del Estado en América Latina” [1982], en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas, Buenos Aires, Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, 2007.


*Docente e Investigador del Centro de Estudios de Integración Latinoamericano Manuel Ugarte-Universidad Nacional de Lanús, Argentina.

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