La Paz-. A un mes de la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, sus víctimas y familiares hasta hoy no encuentran justicia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
El 19 de noviembre pasado una operación policial-militar para sacar un convoy de camiones cisterna con gas licuado de la planta de combustible de Senkata y llevarlo a la urbe paceña provocó un enfrentamiento con manifestantes opuestos al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, que provocó 10 muertos y varios heridos.
El líder indígena recordó en su cuenta de Twitter que ‘a un mes de la masacre de Senkata, que dejó 10 muertos y varios heridos graves, que diga el Ministerio Público a la opinión pública cuántos investigados y detenidos existen por la masacre. Sin embargo, contra mí el gobierno de facto decidió velozmente mi aprehensión’.
La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia confirmaron la cifra de los fallecidos por la represión de las fuerzas policiales y militares, y estas últimas acusaron a los manifestantes de vándalos y de usar poderosos explosivos que destruyeron partes de la infraestructura de la planta. Un comunicado de las Fuerzas Armadas alegó que la operación militar, que incluyó el despliegue de blindados y helicópteros, fue pacífica ‘pero hubo intransigencia de los manifestantes’, aunque la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó una investigación y sanción a los responsables.
Una comisión argentina que viajó a la nación andino-amazónica a finales del mes pasado para investigar las violaciones de los derechos humanos condenó la masacre.
Asimismo, la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desplegada en ese país documentó durante las protestas hechos de violencia que ‘podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos’.
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