agosto 4, 2020

Gobierno de facto de Bolivia paraliza proyectos sociales

La Paz-. El Gobierno de facto instalado en Bolivia tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, insiste hoy en paralizar varios proyectos sociales.

Desde la red social Twitter varios internautas durante la semana que termina denunciaron las acciones puestas en marcha por el Ejecutivo liderado por la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez, que apuestan por la detención de obras relacionadas con el transporte, el desarrollo nuclear y los bonos a personas de bajos ingresos.

‘El golpe no sólo nos robo el voto, también el derecho a progresar. @Carlosdmesag, @JeanineAnez y otros deberán responder al país por esta aventura que nos trae tan mal’, es uno de los mensajes que se pueden encontrar en la plataforma digital.

Las acciones de las autoridades golpistas tienen como objetivo detener todos los proyectos en curso que contaban con financiamiento estatal para su desarrollo, los cuales tenía como eje central la población boliviana.

Ante el anuncio el pasado 13 de febrero de la paralización del Tren Metropolitano, el primer presidente indígena de Bolivia insistió en que es una obra de integración para el futuro.

‘Hermanas y hermanos de #Cochabamba, el Tren Metropolitano es una obra de integración que en el futuro debe incluir a Sacaba y el Valle Alto. Tenemos que defender la construcción de este medio de transporte ecológico y económico’, escribió Morales en Twitter tras conocer de las intensiones de los golpistas.

Con un costo de 447,6 millones de dólares, este medio de transporte uniría los centros administrativos de Sacaba, Cercado (ciudad de Cochabamba), Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

Asimismo, el martes 11 de febrero eliminaron el pago del bono Juana Azurduy, creado en 2009 por el líder aymara para beneficio de mujeres embarazadas, madres y menores de dos años.

Desde su creación y hasta 2018, fueron beneficiadas dos millones 64 mil 224 madres y menores de dos años con el bono, que demandó una inversión de más de 164 millones de dólares, según fuentes oficiales.

Por otra parte, Áñez y sus seguidores anunciaron el 12 de febrero la posible suspensión, por supuesta violación constitucional, de la construcción de un centro nuclear de 351 millones de dólares contratado con el grupo ruso Rosatom.

El director ejecutivo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), Juan Alfredo Jordán, informó entonces que ‘se está instruyendo la paralización’ de la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear hasta que el Parlamento y la Procuraduría se pronuncien al respecto.

El gobierno de facto de Áñez atenta contra el desarrollo que planificamos para El Alto y toda Bolivia, paralizando las obras de la central nuclear que tiene fines medicinales (lucha contra el cáncer), agroindustriales y de investigación, y que generaría empleos, resaltó el exmandatario en otro tuit.

De acuerdo con un análisis presentado por la agencia de noticias rusa Sputnik, la paralización del proyecto se suma a la campaña emprendida por el gobierno de Áñez, tras el golpe de Estado del 10 noviembre pasado, con el aparente objeto de desprestigiar y en algunos casos anular importantes proyectos y programas de la administración de Morales.

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