Bogotá-. Hamilton Gasca, un líder social del departamento colombiano del Cauca (oeste), y sus tres hijos fueron asesinados, en un contexto marcado por la persistente violencia, pese al azote de la epidemia de Covid-19.
Hombres armados dispararon contra la vivienda de Gasca, quien estaba afiliado a la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Campesinas del municipio Piamonte, reportó la revista Semana.
Acorde con la información divulgada, su esposa, María José Arroyo, está desaparecida.
La ONU se pronunció recientemente por adoptar medidas en Colombia para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes.
Así se lo plasmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en este país, que cubre del 27 de diciembre 2019 al 26 de marzo último.
Guterres señaló como la principal prioridad para el 2020 la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.
Durante el periodo del Informe se puntualizó que la Misión verificó 16 asesinatos de exguerrilleros, con lo que la cifra total asciende a 190 desde la firma en el año 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Aproximadamente el 73 por ciento del total de asesinatos de excombatientes se produjeron en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales, precisó.
El Informe también destacó que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, seis de los cuales fueron verificados.
El secretario general hizo un llamado a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades.
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