Por Ivette Fernández * -.
Pocas veces, quizás solo tras grandes contiendas bélicas, vivió la población mundial una época de incertidumbre tan grande como la de los días presentes.
Considerada ya por algunos expertos como la causante de la madre de todas las recesiones, la pandemia de la Covid-19 abre interrogantes acerca del futuro político y económico del orbe y, en particular, de América Latina, la región que ostenta la triste condición de ser la más desigual del mundo.
Para despejar algunas incógnitas, Prensa Latina conversó con Pavel Alemán, analista cubano del Centro de Investigaciones de Política Internacional.
-Tomando en cuenta el descontento en Latinoamérica, y un escenario caracterizado por la entronización de una crisis social y económica, ¿ello podría allanar el camino para la asunción al poder de movimientos de corte más humanista en esta parte continental?
Los procesos políticos latinoamericanos han tenido en las últimas décadas una notable participación de los movimientos sociales.
A finales de 2019 e inicios del 2020, esos movimientos sociales fueron protagonistas de una ola de protestas con duración variable y que tuvo como contraparte una represión despiadada y tímidos esfuerzos por dialogar y negociar por parte de los gobiernos en Ecuador, Chile, Colombia y el gobierno de facto en Bolivia.
Una de las posibles opciones sobre la mesa es la configuración de nuevas alternativas políticas que asuman como gobierno al menos en una parte de esos países.
Sin embargo, no se puede subestimar la capacidad de articulación y de relegitimación de las élites políticas más conservadoras, las cuales pueden realizar tímidas concesiones o incluso apoyar otra alternativa política desde la Derecha, o incluso con participación de sectores más moderados desde la Izquierda para evitar la radicalización de esos movimientos sociales, particularmente si esa radicalización tiene un componente antisistémico.
Lamentablemente, la Izquierda política tradicional o incluso las fuerzas políticas que habían gobernado con programas populares de inclusión social, parecieran haber quedado, sino al margen, por lo menos rezagados.
Las críticas hacia su forma de relacionarse con los movimientos sociales o hacia sus errores en la gestión de gobierno, le han restado capacidad para articular esos movimientos sociales, una parte de los cuales tienen reivindicaciones muy puntuales y no interconectadas con otras demandas de otros sectores de la sociedad.
-Algunos economistas como Joseph Stiglitz consideran que el neoliberalismo está actualmente en terapia intensiva, ¿podría el actual contexto implicar en cierta medida un abandono de las políticas neoliberales aún cuando se trate de gobiernos de derecha?
Las políticas neoliberales provocaron un daño considerable en el tejido social y en la capacidad de los Estados para ser un actor económico importante y con capacidad redistributiva de la renta nacional.
Los gobiernos con una visión de Derecha muy conservadora privatizaron los activos del Estado, atacaron la base jurídica que había consolidado durante décadas un conjunto de derechos económicos y sociales, sobre todo la seguridad social y lo laboral.
Lo que vimos en los últimos fue un desmantelamiento brutal de muchas políticas que en América Latina fueron asumidas como parte de las obligaciones del Estado. El caso más paradigmático es Brasil en la época Temer-Bolsonaro, en la que se retrocedió en la protección de los derechos laborales y de seguridad social hasta la época de la segunda postguerra mundial.
Es posible que, en las circunstancias actuales, y tomando como referente el impacto negativo de la pandemia del Sars-Cov-2 en los sistemas de salud precarizados, las élites políticas consientan en que las políticas económicas deben ser ?suavizadas’ y el Estado debe recuperar parte de sus funciones para garantizar ciertos derechos sociales.
Pero esto no es actuar de bona fide, sino compulsados por la actual coyuntura. Dicho de forma abreviada: la pandemia del coronavirus ha resultado un duro desafío para la seguridad entendida en su forma multidimensional, por lo tanto se convirtió en una cuestión de seguridad nacional.
Las reformas que se realicen irán encaminadas a permitir que el Estado asuma esas funciones que en buena medida se habían transferido al sector privado.
-La solicitud de préstamos al FMI o el Banco Mundial, ¿no acarrearía, por ejemplo, una reproducción de las políticas neoliberales?
Las deudas públicas y privadas que contraen los gobiernos tienden a ser un problema para el funcionamiento de la economía en la misma medida en que en época de crisis es difícil cumplir con las obligaciones del pago de la deuda e intereses a los acreedores.
Buena parte de los países latinoamericanos se habían ido desendeudando en la década anterior e inicios de la presente, de manera que la deuda representaba un porciento menor de su PIB.
Sin embargo, aunque esa tendencia comenzó a revertirse aún en la época de los gobiernos populares, se profundizó notablemente el endeudamiento con los gobiernos de Derecha que le sucedieron.
Eso contrajo el gasto público, precarizó la prestación de servicios sociales y colocó a algunos Estados latinoamericanos en una situación compleja casi de default, lo que implica también una peor calificación de riesgo-país que desestimula las inversiones externas.
Sin embargo, los procesos de renegociación de deuda o de solicitud de préstamos a las Instituciones Financiera Internacionales (IFI’s) no son necesariamente lineales. Cuando la suma de la deuda es tan alta, los acreedores corren el riesgo de no recibir pago alguno, y eso pudiera ser visto como una ventaja a la hora de negociar por parte de los deudores.
Es por esa razón que se combinan diferentes opciones: quita de deuda, moratoria de pagos (para recuperar la capacidad para poder hacerlos), renegociación del monto y los plazos.
De manera que el asunto de la deuda y de los créditos no es sólo una cuestión de finanzas, sino que es también una cuestión de voluntad política expresada en su capacidad para negociar con los acreedores.
Un gobierno carente de esa voluntad puede llevar al extremo de asumir condicionamientos políticos como parte del proceso de negociación de créditos, como parece ser el caso del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que asumió la innoble tarea de entregar a Julian Assange a las autoridades británicas a cambio de un crédito.
-Cuando se cree predominará un mayor proteccionismo comercial y nacionalismo más grande, ¿podría a pesar de todo darse una mayor integración económica?
El proteccionismo es hoy una camisa de fuerza para el capital transnacional. No puede obviarse que aún se libra una disputa muy seria entre un sector con visión estadocéntrica, o post Westfaliano, y otro sector globalista. A este segundo corresponden no sólo los acuerdos en el marco del GATT sino de la OMC.
A esos segundos corresponden todos los acuerdos de libre comercio, de cualquier generación, incluidos los que dan cuerpo a los procesos de integración económica subregional o regional.
Y en la vía de profundización de esos acuerdos en un entorno de globalización neoliberal, estaban los frustrados megabloques o mega acuerdos inspirados los obamistas, con sus convenios más profundos o inclusivos de nuevos temas en la agenda de negociación, los OMC plus y OMC X.
Ahora, la integración económica no se da al margen de la política. Y por sí sola no es solución de nada sino sólo de lo que se expresa como voluntad política de quienes acuerdan entre sí integrarse.
Creo que cuando uno habla de integración siempre debe preguntarse ¿con quién?, ¿para qué?, ¿cuáles son los límites de esa integración?
Entonces tomemos por ejemplo la integración andina que es tan añeja, y que tenía aspiraciones y proyectos sectoriales tan ambiciosos que consideraban el hecho de que no todos sus miembros mostraban el mismo nivel de desarrollo y por eso tenían que recibir un trato especial, pero eso fue en época de gobiernos nacionalistas progresistas. Y en un contexto bipolar, de Guerra Fría.
Eso fue retomado en el acervo jurídico de la ALADI, y también en el ALBA-TCP. Pero luego en esos países andinos cambiaron los gobiernos, los intereses políticos, y lo que se privilegió fue el libre comercio. Y fue desapareciendo de la perspectiva de la integración aquello del ?arancel común’.
Y, por otra parte, las transnacionales se fueron ?apropiando’ de las dinámicas de los procesos de integración, y cada vez más una parte importante de ese comercio intrarregional era comercio intrafirma.
-¿Podría enumerar algunas de las ventajas que la integración proveería para la región?
Una integración que partiera de la complementariedad de las economías, del aprovechamiento de la economía de escalas, claro que podría facilitar una mejor inserción de las economías de la región en las cadenas globales de valor, en los flujos de comercio y de capital.
Orientada a la solución de problemas sociales ingentes, podría facilitar la satisfacción de las principales necesidades materiales de la población latinoamericana. Pongo como ejemplo la necesidad de energía y especialmente aquella que genere menor impacto ambiental.
Una alianza decidida entre todas daría como resultado importantes réditos con el intercambio de tecnología y del know how. Facilitaría la actualización de la información geológica sobre los yacimientos potenciales. Actuaría como un actor de peso en la fijación de los precios del barril de petróleo, y la disminución de la tarifa energética asociada al costo de los procesos productivos.
También facilitaría como primer paso la progresiva transición de una economía basada en el consumo de petróleo a gas natural. Y sería la fuente de recursos para financiar el gran salto hacia una matriz energética con mayor protagonismo de las fuentes renovables y alternativas.
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