octubre 20, 2021

Crisis política persiste sin dar tregua en Perú

Lima-. A un mes de la defenestración del presidente Martín Vizcarra, la crisis política peruana persiste por diversos factores, como la sorda hostilidad del impopular Parlamento hacia el frágil gobierno de Francisco Sagasti.

Un proyecto de ley que busca reponer a 18 generales retirados por el jefe de Estado para dar paso a un proceso de cambio de la Policía por problemas de corrupción y la excesiva violencia policial contra manifestaciones, se sumó a las iniciativas congresales contra la política del Ejecutivo.

El hecho se suma a la tribuna dada por el Parlamento al fugaz ministro del Interior, Cluber Aliaga, cuya renuncia le fue requerida por la primera ministra, Violeta Bermúdez, por oponerse públicamente a la baja de los generales decidida por el gobernante, y por aceptar el cargo sin exponer sus discrepancias.

El Gobierno recibió críticas de todos los frentes por haber nombrado ministro a Aliaga y generar inestabilidad , por lo que Bermúdez tuvo que reconocer lo erróneo de la designación.

La mayoría parlamentaria, según diversos analistas, actúa con resentimiento por el fracaso de su decisión de vacar (destituir) a Vizcarra contra la opinión mayoritaria, según encuestas, y reemplazarlo, por línea de sucesión, por el presidente del Legislativo, Manuel Merino.

Adoptada el 9 de diciembre, la decisión generó grandes movilizaciones en todo el país, con mayor masividad en Lima, contra el conservador Merino, quien asumió al día siguiente y tuvo que renunciar ante la presión popular y tras la muerte de dos manifestantes, el día 15.

La indignación popular obligó al Parlamento a designar a su nuevo titular y, por tanto, sucesor presidencial, entre los pocos congresistas que no votaron por vacar a Vizcarra, siendo nominado Sagasti, quien deberá entregar el cargo al nuevo gobernante elegido en abril de 2021.

Consciente de su precariedad y en medio de alertas sobre una posible conspiración congresal para vacarlo también a él y postergar las elecciones, el mandatario espera que se imponga la racionalidad para que los comicios y la transición se cumplan sin tropiezos.

Sumido en una mayoritaria impopularidad, según diversas encuestas, el Parlamento ha tomado otras decisiones contra las posiciones del Gobierno, como una ley que lo obliga a devolver a los aportantes las cuotas pagadas al sistema estatal de pensiones.

La norma fue dictada pese a los argumentos del Ejecutivo, de que no se trata de fondos individuales sino de un mecanismo colectivo y solidario, en el cual las nuevas contribuciones financian las pensiones de los jubilados, y pese a reparos legales, por lo que el Gobierno impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional.

Además, Acción Popular, partido de Merino, inició una campaña contra el nuevo ministro del Interior, José Elice, por ser militante del Partido Morado, lo que invoca para atribuir al Gobierno el uso de ese importante organismo con fines electorales.

Esa mayoría arremetió contra el Gobierno por no reprimir a los manifestantes que durante cinco días mantuvieron bloqueada la importante carretera Panamericana la semana pasada, contra una ley neoliberal agraria que, según dicen, facilita la sobreexplotación.

Cuando el gobierno preparaba un proyecto para modificar la ley, el Parlamento la anuló pese a la intención del Ejecutivo de armonizar los derechos de los trabajadores con el estímulo a la agroexportación beneficiada por la norma.

De los partidos representados en el legislativo por nueve minorías más dos escisiones, cuatro figuran entre los 10 que aparecen en las encuestas, y con solo entre dos y cuatro por ciento de las preferencias.

En ese contexto, críticos del Gobierno le reprochan no usar la fuerza de las calles que lo llevó a la presidencia y que pide cambios profundos y una nueva Constitución.

A la vez que cuestionan que, en vez de ello, busque una conciliación con el Legislativo, sin tener claro dónde están sus aliados.

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