septiembre 18, 2021

El Ministro de Defensa habla claro: el golpe de Estado y la sucesión inconstitucional

Edmundo Novillo es un político y servidor público de gran experiencia que nos analiza a fondo las razones que conducen a reafirmar la tesis del golpe de Estado, la inexistencia del fraude electoral –incluso basado en el propio informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)– y el carácter de facto de la presidencia de Jeanine Áñez.

Su paso por la Cámara de Diputados, donde llegó a ser su presidente, y su presencia en el actual gobierno como Ministro de Defensa, además de su participación y aportes en el área de transparencia en el sector de hidrocarburos en los últimos años del gobierno de Evo Morales, le han permitido ser un punto de referencia político-legal.

La Época (LE).- La oposición, sobre todo la más radical en Bolivia, afirma que no hubo golpe de Estado y que la sucesión de Áñez fue constitucional y legal.

Edmundo Novillo (EN).- En principio es importante manifestar que toda acción de los bolivianos y de los servidores públicos esencialmente, cuando están enmarcados en la Constitución, en las leyes y las normas, es un acto constitucional, democrático, legítimo y legal, y a la inversa, cuando estos actos no están enmarcados en la Constitución, en las leyes y en las normas, son inconstitucionales, antidemocráticos, ilegítimos e ilegales.

En ese entendido, es importante analizar en detalle lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019, aunque hay que tomar como referencia que desde las elecciones de 2009 y 2014 la oposición de derecha ya hablaba de fraude para justificar sus derrotas electorales.

LE.- ¿Lo que pasó en 2019?

EN.- Así es. No olvidemos que don Carlos Mesa llama a la movilización social, prácticamente a una convulsión, cuando dice que se ha ejecutado un fraude monumental, que es lo que irrita y hace que la ciudadanía empiece a creer este hecho.

En ese entendido, es importante entender que la tesis del fraude es el fundamento principal para llegar a la toma del poder y que no lo habían hecho ni en las elecciones del 2009, ni el 2014. Entonces esto está planificado como plan B, si ellos no ganan las elecciones del 2019. Como ya se tiene instalada la palabra fraude desde hace varias elecciones, el 2019 se tiene un plan para tomar acciones directas y la OEA se presta precisamente para eso. Este es el argumento por el que justifican acciones de hecho durante octubre y noviembre, acciones de violencia que llaman movilizaciones pacíficas.

Ahora bien, la gran pregunta es ¿hubo fraude en 2019? Cuando Mesa dice que se ha cometido un fraude monumental, tal vez la ingenuidad del entonces presidente Evo lo lleva a concertar con el Secretario General de la OEA para que auditen las elecciones y le dice a Luis Almagro “auditen, yo no he hecho ningún fraude, auditen”. Lo curioso es que ya la misión de la OEA, que estuvo en Bolivia, había realizado una serie de observaciones, pero esto tenía que concretarse en una auditoría, y esta tiene dos partes, un resultado preliminar y un resultado final, y yo tengo exactamente el documento preliminar.

LE.- ¿Qué dice ese documento?

EN.- Dice, Comunicado del Secretario General sobre Informe Preliminar, auditores, proceso electoral en Bolivia, 10 de noviembre de 2019. La primera ronda de las elecciones celebradas del 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del Órgano Electoral; asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. La Secretaría General reitera el llamado a evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el pueblo boliviano.

LE.- ¿Y cómo leer ese informe de la OEA a la luz de lo que pasó?

EN.- Lo primero que hace esta Auditoría es poner en duda la celebración transparente de las elecciones. Lo segundo, pide que se realicen nuevos actos electorales con nuevos órganos electorales. Tercero, pide que no se interrumpa los mandatos constitucionales, particularmente –dice– el de Evo Morales; y cuarto, hace un llamado al cese de la violencia.

Sin embargo, lo que la OEA pone en duda acelera la convulsión social y da a la ultraderecha el argumento para ejecutar el plan de la toma del poder. Lo que hace es ejercer violencia e interrumpir el mandato del presidente Morales.

LE.- Pero se insiste en la tesis de la sucesión.

EN.- Quienes planifican esta toma del poder, saben que no lo pueden hacer vía sucesión constitucional. ¿Por qué? La Constitución prevé, tal cual ocurrió en las sucesiones constitucional de 2001 y de 2003, ciertos requisitos que deben cumplirse. Si usted se da cuenta, en 2001 a Hugo Banzer Suárez le sucede el vicepresidente Jorge Quiroga, del mismo partido. En 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada le sucede Carlos Mesa del mismo partido, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). ¿Por qué se da esto? Porque la sucesión constitucional, en la anterior Constitución y que fue ratificada en parte por la actual, preveía la Presidencia para el bloque de mayorías, para el partido gobernante, para cuidar este principio de que no haya una ruptura constitucional. Por eso, en ausencia o impedimento del Presidente asume el Vicepresidente, en ausencia del Vicepresidente asume el Presidente del Senado y en ausencia del último le corresponde al Presidente de Diputados, aunque en la anterior Constitución se llegaba hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) solo llega la sucesión constitucional hasta el Presidente de la Cámara de Diputados, quién tiene el único objetivo de convocar a elecciones.

LE.- ¿Eso explica la violencia y el golpe?

EN.- Como saben que no pueden tomar el poder por la vía constitucional, entonces van a ejercer la violencia. Uno de los actos más violentos, comprobable, verificable, es que logran la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; esto es trágico, dramático, penoso y además no puede quedar impune. Había un mando político de la oposición que desde algún lugar planificaba y le hizo decir a Víctor Borda: “Si no renuncias muere tu hermano”. ¿Era realmente pacífica esa movilización? Que el pueblo analice y evalué. Cualquier renuncia en cualquier lugar del mundo si no es espontánea, voluntaria y si media alguna coacción, es nula de pleno derecho.

LE.- Pero se argumenta que la posesión de Áñez se basa en un comunicado del Tribunal Constitucional.

EN.- Le reitero. La sucesión constitucional no llega hasta algún miembro de las directivas de cámaras de diputados y senadores, solo hasta la presidencia de ambas instancias legislativas. Yo he llegado a la conclusión de que los que planificaron y operaban el golpe estaban en algún lugar, y en realidad querían camuflar el golpe de Estado con un discurso artificial y engañoso para instalar la idea de una sucesión constitucional. ¿Por qué sucede esto? Si se buscaba la sucesión constitucional, se respetaba la Constitución y se dialogaba con la bancada opositora, y se les decía ya no está Evo, ya no está Álvaro, no queremos que la presidenta del Senado asuma, queremos que haya nuevas elecciones, que asuma Diputados, que convoque a nuevas elecciones bajo la condición que haya nuevos órganos electorales, era otra cosa. Pero eso no pasó.

LE.- ¿El informe de la OEA habla de fraude?

EN.- El informe de la OEA no es ninguna prueba de fraude, porque la irregularidad en términos jurídicos no es sinónimo del delito. ¿Qué dice el Código Penal? Comete delito todo aquel que hace u omite lo que la ley manda o prohíbe bajo alguna pena, el acto tiene que ser tipificado, el acto tiene que ser antijurídico, tiene que ser punible y tiene que ser sancionado. ¿Qué es una irregularidad en términos jurídicos? Es un acto que se puede calificar de manera genérica, pero hay que verificar si se traduce en un hecho delictuoso y esta es la debilidad del informe de la OEA. Si usted presenta este informe en ningún estrato judicial le van a decir que esto es una prueba de un fraude, porque irregularidad no equivale a delito.

LE.- La tesis del fraude no fue probada.

EN.- Apenas tomaron inconstitucionalmente el poder, el Ministerio Público activó procesos contra los miembros de los órganos electorales, departamentales y nacionales, pero en un año que estuvieron en el poder nunca pudieron traducir las irregularidades en términos objetivos y debatibles al delito de fraude. Por eso fueron sobreseídos los vocales de los nueve departamentos.

LE.- Ocho organismos internacionales han emitido informes donde señalan que no hubo fraude, incluso en base al informe de la OEA.

EN.- Están en lo correcto esos organismos pues el informe de la OEA no concluye que hubo fraude, hace solo mención a irregularidades.

Cuando estuve como presidente de la Cámara de Diputados, me visitaron observadores de organismos internacionales, a quienes les dije, “ustedes que son expertos en materia electoral nos han observado sobre el padrón, que hay muertos que votan y dobles votaciones por los carnets”, y les pregunté, “¿esto es común? ¿O esto trae como consecuencia un acto ilegal, un acto que puede considerarse como fraude electoral?” Me dijeron, no existe un padrón perfecto, que los padrones que existían en ese momento siempre tenían un margen de error mínimo y el que tenía Bolivia estaba dentro los márgenes aceptables de error, y ahí surgió la propuesta de que se implemente el padrón biométrico para que no exista ningún fraude. En ese entendido nuestro presidente Morales implementó el padrón electoral para deshacerse de todas las dudas.

LE.- Otro argumento de la derecha es que el presidente Morales renunció.

EN.- Dicen que el presidente Morales abandonó el país, y la pregunta es: ¿Evo abandonó de manera injustificada? Porque hay que ver si el abandono es justificado o injustificado. En realidad se operan dos cosas fundamentales para el golpe y eso tiene que ser motivo de análisis. Si nos remitimos a la denuncia de María Galindo de Mujeres Creando, vemos que hubo un lugar desde donde se planificaba el golpe y se operaba, por lo que todas estas personas deben ir a declarar para responder el porqué no se dio la sucesión constitucional y se incumplió el Artículo 169, Parágrafo I, de la sucesión, que solo llega hasta el Presidente de la Cámara de Diputados, no llega al resto de las vicepresidencias.

LE.- ¿Por qué el presidente Evo Morales toma la decisión de renunciar e irse de Bolivia?

EN.- Primero, que hay una convulsión social, si, agresiva, totalmente agresiva: está la Resistencia Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y otros grupos que están tomando por la fuerza las instituciones; se está torturando, como en Potosí, y también hay un amotinamiento de la Policía. Lo más grave fue de las Fuerzas Armadas, que le piden la renuncia al Presidente, sabiendo que este hecho es inconstitucional, ilegal y constituye un delito la insubordinación. En realidad este grupo que planifica y ejecuta el plan para tomar el poder comete el error grotesco de utilizar a los militares para ponerle la banda presidencial a la señora Áñez.

El pedido de renuncia de parte de los militares ya es un acto que pone en riesgo la vida del Presidente y ante esa situación todos estamos en la obligación de protegernos primero. Hay algunos que dicen que Evo Morales juró “patria o muerte” y que debería haber muerto en el acto. Esto dicen quienes siempre han satanizado a Evo Morales y lo querían muerto, pero para la gran mayoría de los bolivianos él valía más vivo que muerto.

LE.- Ahora, con el gobierno recuperado, ¿se está en actitud de venganza?

EN.- Nosotros no somos el Ministerio Público, ni somos tampoco órgano jurisdiccional ordinario, en ese entendido, quienes están activando estos procesos contra los responsables, ya sean civiles o militares, son los órganos jurisdiccionales que tienen que cumplir su rol, y tienen que hacerlo aplicando estrictamente la Constitución y la ley, para que los hechos que se están denunciando se puedan comprobar o desestimar.

LE.- ¿Cuál es el aporte desde el Ministerio de Defensa?

EN.- Lo que hemos hecho es entregar toda la información que nos requieren los órganos jurisdiccionales, pero se ha podido constatar que mucha de la documentación, y además gran parte también de los procesos informáticos que tenían las computadoras, se han borrado; es decir, en el gobierno de facto se han limpiado las huellas para que no queden y esto ya demuestra un principio de autoculpa.

LE.- ¿En qué momento estamos?

EN.- Yo quiero decir ahora de manera muy sensata, el país resolvió esta crisis política el pasado mes de noviembre y esta ha sido fundamentalmente resuelta bajo un compromiso del actual Gobierno, el que se haga justicia sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019, porque se cometieron delitos.

Que ahora nos digan que hay persecución política y a título de persecución política nos digan, “no vamos a permitir más detenciones, no vamos a permitir…”, nos están pidiendo que esos actos queden impunes. Lo que tiene que indagarse son esos hechos y las denuncias de las víctimas, y entonces el Ministerio Público tiene que activar y la Policía también. Estos actos no pueden quedar en la impunidad. Si dejáramos que queden en la impunidad sería un funesto precedente para la democracia.

LE.- Pero políticos y medios de oposición dicen que Áñez tenía la obligación de asumir la Presidencia ante la ausencia de los demás.

EN.- La Constitución no permite que otros miembros de la directiva asuman la sucesión presidencial. Pero además quiero decirle que lo más fraudulento lo han hecho, en términos comunicacionales, mintiendo a la población, es decir, “saben que ante ese vacío de poder hemos hecho una consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha reconocido, consiguientemente es constitucional la Presidenta”.

Aquí tiene que investigarse quién colgó ese comunicado del año 2001, que se refería a la sucesión constitucional de Jorge Quiroga, que no tiene ninguna relación con la asunción de una segunda Vicepresidente. Hay una diferencia de fondo, la consulta deberían haberla hecho de forma expresa y el tribunal debería haberse pronunciado en forma expresa. Y, sin saber las consecuencias, Áñez lee este comunicado para autoproclamarse como presidenta.

Ahora la Fiscalía convoca a Petronilo, como miembro del Tribunal Constitucional, a declarar sobre la validez de ese comunicado y ¿qué dice sobre este comunicado? Es importante que lo sepan. El magistrado dice que “el comunicado sobre la sucesión de Añez no es legal”. En la explicación de fondo, dice que no tiene ningún valor legal, ni tampoco es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que esa declaración no tiene efecto alguno sobre la sucesión de Jeanine Áñez.

LE.- ¿A qué apuestan las movilizaciones opositoras de ahora?

EN.- Lo que están buscando otros grupos de interés político es volver a convulsionar el país amenazando nuevamente, y están diciendo: “Si le hemos dado un golpe de Estado a Evo Morales, también te vamos a golpear señor Arce”.

Creo que hay que actuar con la cabeza fría, hay que actuar en democracia y en Estado de derecho. Ellos dicen que han recuperado la democracia, cuando quienes recuperaron la democracia fueron las organizaciones sociales con el bloqueo nacional que garantizó que se convoque a elecciones. El fundamento de la democracia es la voluntad popular y en noviembre se realizó el acto eleccionario que se pronunció en las urnas con un claro ganador. Yo invoco a personalidades que no tienen interés político, del ámbito académico, jurídico y otros, a pronunciarse y analizar esto, porque si no la historia va a hacer que las mentiras repetidas 100 veces se queden como verdades en la mente de la gente y que queden impunes actos delictuosos, incluyendo muertes que se han dado, torturas, detenidos, persecuciones, entre otras.

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