Por Arturo Huerta González -.
La libre movilidad de mercancías y capitales le quitaron el manejo soberano de la política económica a los gobiernos de América Latina. Dicha política ha pasado a actuar a favor del capital industrial y financiero internacional para que penetraran en nuestros mercados y se dejó de tener política a favor del crecimiento y el empleo.
El libre comercio y los tratados de libre comercio han reducido la capacidad de los gobiernos para regular importaciones a favor de la producción nacional. Asimismo, prohíben a los gobiernos establecer políticas para proteger el medio ambiente en sus países, bajo el argumento que ello afecta el comercio internacional. Son las empresas transnacionales las que imponen políticas y condiciones a su favor.
La libre movilidad de capitales obliga a las autoridades monetarias y fiscales asegurar la estabilidad del tipo de cambio para evitar devaluaciones de la moneda controlada por ellos.
Para mantener la estabilidad del tipo de cambio, los países recurren al aumento de la tasa de interés, a la austeridad fiscal y a ofrecer activos atractivos para atraer capitales para aumentar las reservas internacionales.
Los países están obligados a promover entrada de capitales para financiar los déficit de comercio exterior que enfrentan. Ello explica el creciente proceso de extranjerización y de alto endeudamiento externo de las economías nacionales, junto con el bajo crecimiento económico derivado de las altas tasas de interés y la austeridad fiscal.
La estabilidad del tipo de cambio al no ajustarse al diferencial de precios y de productividad entre el país y sus principales socios comerciales, termina apreciando la moneda nacional, lo que actúa contra la competitividad de la producción nacional. Ello lleva a que las importaciones desplacen a la producción nacional, aumente el desempleo y se crezca cada vez menos. Las economías son afectadas tanto por las altas tasas de interés, como por los recortes presupuestales y la austeridad fiscal y la apreciación del tipo de cambio.
Las empresas para evitar pérdida de competitividad frente al abaratamiento de las importaciones derivadas de la apreciación del tipo de cambio, como por las altas tasas de interés, recurren a reducir salarios, para disminuir costos y mantener competitividad. Ello contrae más el poder adquisitivo de la población y por lo tanto la demanda, lo que afecta las ventas e ingresos de las empresas y esto disminuye la inversión, la actividad económica y la generación de empleo. Tales políticas aumentan la miseria y la delincuencia, como la inestabilidad política y social.
El libre comercio y la apreciación del tipo de cambio mantienen latentes y crecientes las presiones sobre la balanza de comercio exterior, lo que demanda entrada de capitales crecientes para financiarlo y mantener la estabilidad del tipo de cambio. Seguirán por lo tanto la alta tasa de interés, la austeridad fiscal, la mayor deuda externa y la extranjerización de las economías, así como los rezagos productivos y las presiones sobre el déficit de cuenta corriente, reproduciendo el círculo vicioso en que han estado las economías latinoamericanas por décadas.
Toda apreciación del tipo de cambio termina en crisis económica, tanto por las presiones que ocasiona en el sector externo, como porque atenta sobre el desarrollo productivo y el ingreso de empresas e individuos y aumenta los problemas de endeudamiento e insolvencia.
La libre movilidad de capitales y la estabilidad del tipo de cambio, limitan el manejo de la política económica para impulsar el crecimiento. El crecimiento económico requiere de bajas tasas de interés e incremento del gasto público, y las autoridades correspondientes no proceden a ello, ante el temor que ocasione presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio, que propicien salida de capitales.
En consecuencia, para tener política económica a favor del crecimiento, se requiere regular el movimiento de capitales y trabajar con tipo de cambio flexible para trabajar con baja tasa de interés e incremento del gasto público. Mientras ello no se haga, seguiremos sin poder tener políticas económicas a favor del crecimiento y del empleo.
Los gobiernos deben asegurar que el capital se invierta en el sector productivo, para lo cual deben expandir el gasto público para ofrecer condiciones de crecimiento y rentabilidad en dicho sector. Así, la baja tasa de interés no propiciaría salida de capitales, sino al contrario abarataría el costo de la inversión productiva.
Se debe trabajar con tipo de cambio competitivo, que se ajuste al diferencial de precios internos respecto a los de los principales socios comerciales, para proteger la producción nacional frente a importaciones e incrementar exportaciones. Debe haber política industrial y gasto público deficitario encaminado a incrementar la productividad y producción, para sustituir importaciones e incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones para reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales. La mayor dinámica económica mejoraría la recaudación tributaria que permitiría financiar el déficit público impulsor del crecimiento económico.
El control de los flujos especulativos es indispensable, tanto porque éstos no actúan a favor del sector productivo, como para poder flexibilizar la política económica para impulsar el crecimiento y el empleo. El capital financiero pondrá resistencia a ello, dado que demanda la libre movilidad de capitales y las llamadas políticas macroeconómicas que aseguren la estabilidad de la moneda, que impiden bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público a favor del crecimiento.
Se requiere de voluntad y fuerza política por parte de los gobiernos para subordinar al sector financiero a favor del crecimiento productivo y del empleo. Mientras siga el sector financiero siendo el hegemónico y dictando las políticas a su favor, no habrá condiciones de crecimiento.
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