octubre 15, 2021

Un cadáver insepulto en el centro del debate en Perú

Lima-. A cinco días de su muerte y a casi tres décadas de su derrota, el exjefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, congrega hoy, desde su refrigerado cadáver, gran atención mediática y política en Perú.

La expectativa se debe al inminente debate de proyectos de leyes elaborados para permitir que los restos sean cremados y sus cenizas desaparecidas, a fin de que nada quede de él y quienes quieran emularlo no tengan una tumba para rendirle tributo.

El Congreso, que intentaba que el Gobierno del presidente Pedro Castillo cargue con esa responsabilidad, decidió tratar esta semana los proyectos sobre el tapete, ninguno de los cuales fue producto de su obligación esencial de legislar.

Una reforma legal es indispensable para borrar de la faz de la tierra a Guzmán, pues la legislación vigente descarta la cremación inclusive de difuntos no identificados o sin familia que se haga cargo, casos en los que el cadáver debe ir a una fosa común.

Ante la falta de iniciativas parlamentarias, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó un proyecto de ley para autorizar a jueces y fiscales a decidir qué hacer con cadáveres cuya entrega, velorio o sepelio puedan ser riesgosos para la sociedad.

Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria , presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que este ordene a la Fiscalía abstenerse de entregar los restos de Guzmán a sus familiares y disponga su cremación, ‘en resguardo del orden constitucional’.

Ayer se esfumó la lejana posibilidad de que la Fiscalía del vecino puerto de Callao, donde se encuentra en una base naval, el presidio de máxima seguridad donde pasó Guzmán sus 29 últimos años, cumpla el trámite de entregar los restos a su viuda, la también condenada de por vida, Elena Iparraguirre.

Esa instancia rechazó el pedido de la reclusa de que una apoderada retire el cadáver y argumentó que el fiscal a cargo, Vladimir Farfán ‘ponderó el Orden Público y el interés social’. Antes, la justicia rechazó un hábeas corpus de similar objetivo.

La citada Fiscalía pidió al Ministerio del Interior el refuerzo de la seguridad de la Morgue de Callao, asediada por decenas de activistas de extrema derecha y miembros de una agrupación de familiares de víctimas de atentados senderistas.

Los exasperados manifestantes exigen ver el cadáver y han intentado echar abajo la verja montada para cerrar la calle sin salida donde se encuentra la morgue, y alegan el rumor falso de que el Gobierno simuló la muerte.

En ese contexto, el vocero de la bancada parlamentaria del partido gobernante, Perú Libre, Waldemar Cerrón, manifestó el desacuerdo de la agrupación ante lo que llamó ‘show mediático’ montado en torno a la muerte de Guzmán, lo que reabre las heridas del pasado.

‘Volteemos la página, Guzman fue un terrorista cuyas acciones no deben repetirse más adelante, evitemos el dolor, pasemos la pagina; tenemos que trabajar por el bienestar de nuestro país’, dijo.

Agregó que ‘estamos de acuerdo en que nunca más vuelvan a suceder ni el terrorismo de Estado ni ningún otro tipo de terrorismo’, aspecto del tema que pocos tocan, por el llamado ‘terruqueo’, práctica de acusar de terrorista a quien no se limite a condenar a Guzmán o se refiera a las condiciones de desigualdad propicias para que surja el senderismo.

Desde Francia, donde reside, el escritor peruano Diego Trelles criticó que si alguien, por ejemplo, se opone a que Guzmán sea cremado, sea sospechoso. ‘Si alguien se opone a que el Estado decida sobre los cuerpos de los terroristas muertos, es sospechoso’, añadió.

Trelles consideró aberrante y fascista aprobar una ley para que se incinere a los terroristas muertos y se esparzan sus cenizas, algo que, advirtió, ninguna organización de derechos humanos puede aceptar.

Sobre la polémica ley en preparación, nadie ha dicho cómo evitar que tenga efecto retroactivo -algo prohibido por la Constitución- para aplicarla al cadáver de Guzmán.

Consciente del problema, el parlamentario de extrema derecha José Cueto dijo que el Gobierno debe decretar la incineración de los restos y ver después la manera de afrontar las consecuencias jurídicas, que se prevé serían nacionales e internacionales.

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