Por Miguel Ángel Marañón Urquidi * -.
Nuevamente el mundo se ve escandalizado por la cantidad de dinero que varios empresarios y políticos logran acomodar en los paraísos fiscales, esto para evitar el pago de impuestos y sobre todo el sortear dar explicaciones del origen de esos dineros. Si bien en muchos países, incluido Bolivia, esta acción no es un acto ilegal, no menos cierto es que constituye un acto inmoral ya que el evitar el pago de impuestos va en contra de la gente pobre en tanto el Estado no contará con esos montos evadidos, así también reduce los ingresos de universidades y municipios.
En el caso boliviano se tiene a tres personas identificadas en los Papeles Pandora, dos de ellas ligadas al movimiento de octubre de 2019, nombres que en los siguiente días darán a conocer los investigadores internacionales.
A nivel internacional, los expertos estiman que la evasión impositiva sobrepasa los 600 mil millones de dólares, ni qué decir de los montos invertidos en acciones, de dudosas actividades legales, como ser el tráfico de armas, de personas o el financiamiento a organizaciones catalogadas como terroristas, flagelos que a nivel mundial se pretende combatir con normativas legales similares en todos los países.
En este aspecto la Ley de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo lo que persigue es “estandarizar” la normativa a nivel internacional (ya aplicada por la mayoría de los países), para que la lucha contra estos flagelos sea más efectiva y eficiente, sin vulnerar los derechos legales y económicos de las actividades transparentes. No es nada lógico creer que el Gobierno investigará a los gremiales por sus ganancias que, en el mejor de los casos, llegan a dos mil dólares, pero sí deberá investigar y castigar a los contrabandistas que generen ganancias y acumulación de capital que fácilmente alcanza a millones de dólares, producto de ingresos ilegales de mercaderías.
Es fácilmente demostrable que los parlamentarios aumenten sus patrimonio (por ahorro, herencias y otros), lo cual no será objeto de investigación, aunque se deberá contar con herramientas jurídicas para evitar los casos como el del exministro Murillo, que tan solo en 11 meses llegó a ser socio de empresas inmobiliarias en el país y tener su empresa y buenos dólares en Estados Unidos; o como el caso de los respiradores en época de pandemia.
Los opositores, parlamentarios y líderes, deberán cumplir con su trabajo y dejar de hacer politiquería, es correcto que tengan sus observaciones pero no lo es tratar de crear desconfianza en la ciudadanía con mentiras que bordean la ciencia ficción, como que el Gobierno controlará a cada uno de los bolivianos y podrán entrarse a su casa o negocio a simple denuncia y otras patrañas sin fundamento. Es bueno también informar a la ciudadanía que Bolivia al ser parte de foros y organismos internacionales tiene la obligación “moral” de adecuar su normativa para que los delitos internacionales sean eficientemente reprimidos y el país no se convierta en recinto de delincuentes solamente por el hecho de carecer de una normativa adecuada.
* Economista.
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