Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), hicieron un llamado internacional “a estar alertas ante los intentos de desestabilización” en Bolivia y expresaron su respaldo al Gobierno encabezado por el presidente Luis Arce quien ganó las elecciones con el 55,11% de respaldo del voto popular expresado en las urnas.
El organismo internacional, conformado por Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves, se reúne de la XX Cumbre en La Habana, Cuba.
Esa instancia emitió la Declaración de la XX Cumbre del ALBA-TCP en conmemoración de su XVII aniversario a propósito de los “17 años en defensa de la paz y la integración latinoamericana y caribeña”.
El punto 26 de la declaración indica que “Respaldamos al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por el Presidente Luis Alberto Arce Catacora, electo democráticamente mediante voto popular con el 55.1% y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar alertas ante los intentos de desestabilización”.
El pronunciamiento surgió luego de que cívicos y dirigentes políticos opositores de Santa Cruz y Potosí, los cuales impulsaron el golpe de Estado de 2019, impulsaron en noviembre una campaña contra una norma jurídica, estrategia que alcanzó niveles de desestabilización.
Por si fuera poco, esos mismos actores se congregaron, esta vez bajo el justificativo de pedir la liberación de uno de sus integrantes acusado de impulsar el incendio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí e impedir el cómputo de votos de las elecciones generales de 2019.
Ese año se produjo un golpe de Estado que permitió que Jeanine Áñez tome el poder gracias al impulso de varios actores, entre ellos Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien incurrió en injerencia en asuntos internos de Bolivia y dio pie al régimen de facto de 2019.
Al respecto, los países del ALBA-TCP emitieron la siguiente declaración: “Rechazamos la actuación injerencista en los asuntos internos de los Estados del secretario general de la Organización de Estados Americanos”.
“Denunciamos la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes progresistas de la región a través de procesos judiciales políticamente motivados (lawfare), la manipulación con fines desestabilizadores de los derechos humanos, la campaña de propaganda y desinformación, el uso malicioso de las tecnologías de la información y la comunicación, los ataques cibernéticos, y otros”, añade el pronunciamiento.
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