Por Sonia Victoria Avilés Loayza *-.
Si alguien hizo el mayor daño posible a Bolivia desde que tengo uso de razón, ese fue Gonzalo Sanchez de Lozada: “Goni”, dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), quien nos enseñó con hambre y sangre, entre otras cosas, que los bolivianos éramos dueños del gas sólo cuando estaba bajo tierra y cuando este precioso recurso salía del subsuelo ya no lo éramos, nos saqueó y empobreció a niveles de explotación colonial.
Concentrándonos en el tema de la corrupción, existe un antes y un después de Goni. Antes existían los INTERVENTORES ubicados en las diversas instituciones públicas. Por citar un ejemplo, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) tenía un interventor por distrito: uno en Camiri, uno en Sucre, uno en La Paz y así sucesivamente. Estos fiscalizadores se movían al interior de sus respectivos entes, controlando los movimientos y el funcionamiento en general del manejo público en todo el país; todos ellos pertenecientes a la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, la misma que EXIGÍA a los interventores presentar informes periódicos más allá de la favorable voluntad de los jefes o personal de los establecimientos. Este sistema del interventor por institución garantizaba un mejor funcionamiento, pues la corrupción se detectaba a tiempo. Por otro lado, el interventor en la mayoría de los casos con formación de auditor detectaba los puntos débiles y las fortalezas de la institución en materia económica y hacía los balances de caja necesarios.
Goni decidió cambiar las cosas y eliminó la figura del interventor y despidió a todos los interventores de todas las instituciones, con la escusa de que estos se dejaban comprar y permitían que la corrupción continuase. Asimismo, alegó que eran innecesarios en el nuevo modelo con el cual se procedería: las auditorías. Fue así como las instituciones quedaron sin control alguno por parte del Estado, aumentando a partir de entonces terriblemente los índices de corrupción hasta el presente.
Si bien es muy probable que un porcentaje fluctuante entre el 10 y el 20 % de los interventores se dejaran sobornar, el grueso funcionaba como un efectivo sistema a priori contra la corrupción. Una vez descubiertos los supuestos sobornos, la contraloría tenía la potestad de cambiar a los interventores que se hubieren corrompido. Para completar el cuadro de garantías requeridas, es importante señalar, que los sueldos de los interventores incentivaban a los mismos a cuidar sus puestos de trabajo, es también valorable su independencia con respecto a las instituciones que fiscalizaban –pues ellos se debían única y exclusivamente a la contraloría–. Hoy en día, si una determinada institución, por ejemplo una alcaldía pide una auditoría, ésta será presentada al alcalde, al cual sino le convienen ciertas irregularidades podría pedir “maquillar” la auditoría o mantenerla como confidencial, a menos que haga una auditoría de una gestión pasada, la auditoría en cuestión no sería imparcial.
En lugar de mejorar el sistema de los interventores, éste fue cancelado. Podían haberse institucionalizado los concursos abiertos donde por méritos y competencias se escogieran a quienes tuvieran los puntajes más altos: estudios, experiencia, servicio a la comunidad, etc., cubriendo así los cargos con gente idónea. Ojalá fuéramos un país de convocatorias públicas dónde la norma sea que gane el mejor y no un país de favoritismos.
Actualmente, esta pesada carga de la herencia de Goni se hace día a día demasiado dañosa: NO HAY INTERVENTORES EN LAS INSTITUCIONES. Si bien algunas se someten “voluntariamente” a auditorías, el problema es que la auditoría no es preventiva, como era el caso del trabajo de los interventores que detectaban las faltas a tiempo, sino que es un método a posteriori, tardío, pues el robo ya se ha efectuado y la auditoría simplemente lo pone en evidencia, con escasa probabilidad de recuperar lo asaltado y condenar a los culpables, quienes por lo general ya están a buen recaudo.
Luego de la eliminación de los interventores, se probaron muchos métodos para frenar la corrupción. Sin embargo, todo plan era inútil, cada año se incrementaban los casos de corrupción colocándonos entre los países más corruptos del mundo. Uno de estos métodos fue la creación del cargo: Delegado Presidencial para la lucha contra la corrupción de Bolivia, puesto desempeñado por Lupe Cajías. No obstante, como era de esperarse, esto tampoco solucionó el tema, claro está que una persona sola por toda la buena voluntad que tenga poco o nada puede hacer frente a cientos de instituciones públicas donde las redes de amiguismo y nepotismo actúan silenciosamente.
Los problemas se incrementaron. Supliendo las contralorías departamentales aparecieron las gerencias carentes de autoridad aunque dependientes de la contraloría. Los consejos municipales pedían fiscalizar a sus alcaldes sin éxito, pues la sede de gobierno no podía atenderlos por su gran cantidad. Muchos de estos problemas continúan en el presente.
Hacia finales del 2002 a distancia de casi un año para la caída de Goni a manos de la revolución popular conocida como la Guerra del Gas, Goni nos dejaba una Bolivia con indicadores económicos y sociales propios del África Subsahariana, convertida en uno de los países más pobres de Latinoamérica. 7 de cada 10 bolivianos era pobre, prácticamente la pobreza azotaba al 70 % de los 8,5 millones de Bolivianos, siendo en el campo la pobreza 6 veces mayor que en las ciudades. Los aportes de la cooperación internacional superaban el 50% de la inversión contra la pobreza. Las palabras de quien fuera Vicepresidente de Goni, Carlos Mesa, y posteriormente su sucesor (2003-2005), reflejaban perfectamente a la Bolivia mendiga de aquellos años: “Sino extiendo la mano para pedir la limosna internacional no puedo pagar sueldos…”
En octubre de 2003 Goni deja una Bolivia marcada por lágrimas, marchas, crucifixiones y muertes, siendo quizás la causa de fondo que precipitó su fin, no su intento de vender gas a Estados Unidos via Chile o el Impuestazo, sino: la CORRUPCIÓN.
Finalmente, corona la impunidad. En 116 años solo un juicio de responsabilidades se ha efectivizado (Ley de 1884): El exdictador Luis García Meza fue procesado con 30 años de cárcel en Chonchocoro sin derecho a indulto, por alzamiento armado, violación a los derechos humanos y delito económico contra el estado.
¿Por qué Goni eliminó a todos los interventores de las instituciones públicas? ¿Tenía acaso planes de desfalco previos? Es posible que sí, pues Bolivia sufrió durante aquellos años de la larga y triste noche neoliberal una de las mayores depredaciones de su historia, sin hablar de la privatización de las empresas estratégicas de Bolivia bajo el término capitalización.
* PhD Antropóloga y analista política
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