enero 13, 2022

Solicitan pena máxima por caso Gases lacrimógenos en Bolivia

La Paz-. Los ministros de facto Arturo Murillo, Fernando López y otros siete implicados en la compra irregular de gases antidisturbios encaran la posibilidad de ser condenados a 10 años de prisión, confirmó hoy la Fiscalía boliviana.

“Se presenta ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de nueve personas implicadas en el proceso de contratación irregular de adquisición de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Defensa efectuado a finales de la gestión 2019”, aseguró el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

El representante del Ministerio Público afirmó que los encartados incurrieron en los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares.

Añadió Lanchipa que por esas ilícitas que provocaron al país un daño equivalente a más de dos millones de dólares se solicita la pena máxima, consistente en 10 años de prisión, de acuerdo con la legislación boliviana.

Sostuvo el fiscal en rueda de prensa que la acusación formal está debidamente sustentada y basada en 37 pruebas testificales y 179 documentales, ocupadas durante la investigación que corresponde al proceso de contratación en las carteras de Gobierno, que ocupaba Murillo, y Defensa, a cargo de López.

Informó que ahora se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional señale el inicio del juicio, y explicó que la declaratoria de rebeldía de alguno de los acusados prófugos no impide su desarrollo.

Lanchipa aclaró que con el objetivo de lograr la reparación de los daños se solicitaron todas las medidas cautelares sobre los bienes de los acusados.

Describió que la acusación formal recae en Murillo, López y el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (todos declarados en rebeldía).

Igualmente, figuran entre los encartados el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico de esa cartera, Alex Camacho; el exdirector de Logística, Pedro Rea, la exdirectora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, y el exresponsable de artículos denominados de clase cinco, Denis Vera.

Subrayó el representante del Ministerio Público que también se acusó formalmente al representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berman, declarado también en rebeldía.

Adicionalmente, la justicia toma en cuenta agravantes e investiga la compra que realizó Defensa en los primeros meses del gobierno de Jeanine Áñez a la empresa Bravo, intermediaria para adquirir los gases de la brasileña Cóndor, se informó.

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