febrero 7, 2023

Un puente clandestino y la debilidad de la gestión ambiental

Por Gustavo Rey-Ortíz *-.


Pese a los avances en la gestión de las áreas protegidas en muchos países del mundo, hoy todavía en Bolivia se suele confundir el objetivo de conservación de los ecosistemas y el resto de la biodiversidad con una protección estricta, entendiéndolas como áreas que “no se pueden tocar”. Aunque la Constitución Política del Estado (CPE) las reconoce como un bien común y parte del patrimonio del pueblo boliviano, y reconoce también que sus funciones no son únicamente naturales, sino que contribuyen al desarrollo sustentable con sus funciones sociales y económicas, mismas que están ligadas a los actores sociales que viven en los espacios declarados bajo protección especial.

Por otro lado, en los humedales, importantes ecosistemas acuáticos, muchos de ellos declarados como de importancia internacional, la Estrategia Nacional de Gestión Integral y Sustentable plantea que se deben desarrollar e implementar modelos apropiados a cada región en la que se sitúan, con el enfoque de asegurar que las funciones ambientales y los beneficios de estos ecosistemas se mantengan y contribuyan al desarrollo sustentable. En ese sentido, los objetivos y acciones no buscan limitaciones en los usos, más bien impulsan el desarrollo de gestión territorial, basados en acuerdos sociales y de soporte estatal, donde los tipos de uso permitidos se construyen y acuerdan con todos los actores sociales y económicos que requieren el uso y aprovechamiento de los diferentes recursos de los humedales [1].

Estas unidades de gestión del territorio buscan, o debieran hacerlo, ser parte de una gestión territorial más amplia, donde planificar el desarrollo requiere pensar que los valiosos ecosistemas con una buena gestión generan beneficios importantes para las poblaciones y son una oportunidad de un desarrollo sostenible en armonía con la Madre Tierra.

Por ello es que sorprende que en un lugar donde existen áreas protegidas y humedales de importancia internacional, presentando una gran oportunidad de desarrollo sustentable para todos los actores sociales, veamos construirse un puente clandestino muy cercano al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco y que está en el sitio Ramsar Bañados de Izozog y el río Parapetí, y que las autoridades responsables de la gestión ambiental del Departamento de Santa Cruz no hayan tomado las acciones inmediatas, necesarias para frenar la afectación a los importantes ecosistemas locales.

Tanto los medios de difusión como las autoridades mencionadas se han concentrado en buscar culpables de la superficie de desmonte producida para el puente y la carretera, tratando de extender una cortina de humo sobre el verdadero problema. Es imperioso reflexionar que esta infraestructura lleva a transformar grandes extensiones de bosques en campos de monocultivos extensivos, sin tomar en cuenta que toda la dinámica natural, tanto del agua, la agrobiodiversidad y otros alimentos dependen del bienestar de estos ecosistemas. La apertura de una vía de acceso de esa magnitud provoca no solo un gran desmonte de bosques, sino que transforma completamente la dinámica de los ecosistemas, lo que puede derivar en la pérdida del equilibrio natural y una merma considerable de la recarga de los acuíferos del lugar.

También llama poderosamente la atención que habiendo guardaparques y guardas forestales realizado sendos informes a principios de la gestión 2021 sobre el avance de desmontes y de un puente en una región no autorizada, estos documentos quedaran en los archivos de las autoridades de áreas protegidas.

Por eso es importante que la planificación territorial se pueda desarrollar con una mirada más integral conjunta con todos los dueños y administradores del territorio; no se puede pensar en la construcción de una infraestructura con un objetivo de ampliación de la frontera agrícola sin analizar los posibles daños ambientales que eso puede causar. Las autoridades llamadas por ley no actuaron en su debido momento y ahora, cuando se tiene un avance grande en el desmonte, debemos pensar que a falta de acciones por el Gobierno Autónomo Departamental, la Autoridad Ambiental Nacional, entre otros, debería tomar acciones que pongan en marcha las herramientas de gestión que ya se tiene aprobadas y vigentes para esas áreas, como ser el plan de manejo del área protegida, la estrategia para la gestión integral de los humedales y sitios Ramsar en Bolivia y el plan de la cuenca del río Parapetí, donde en cada una de ellas existe un comité de gestión con representación de los actores sociales.

Sin ninguna duda, la construcción de una gestión territorial sustentable puede contribuir a superar las barreras y “fronteras” que se autoimponen los responsables de las áreas protegidas, entendiendo que los ecosistemas valiosos no se hallan únicamente contenidos dentro de estas unidades de gestión. Y que se debe asumir las responsabilidades de evitar las acciones ilegales, más aún el caso de la construcción de un puente clandestino que permitirá, como ya dijimos, el cambio de uso del suelo en regiones aledañas al área protegida Kaa Iya Gran Chaco.

La articulación de las áreas protegidas y la gestión de humedales al resto del territorio, construyendo una gestión territorial sustentable, probablemente podría contribuir a lograr acuerdos sociales que permitan tanto que las actividades económicas se realicen, manteniendo también las importantes funciones ambientales, que aseguran la continuidad de los ecosistemas y el goce de sus beneficios por las comunidades y por la población en su conjunto. Sin embargo, esto solo será posible en la medida en que las autoridades ambientales de los distintos niveles del Estado asuman sus responsabilidades y aseguren la aplicación de las normas, así como de todas las medidas necesarias para la continuidad de las funciones ambientales.


  • Biólogo, con experiencia en manejo de vida silvestre y gestión de ecosistemas.

1           Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2018). Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad.

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