agosto 12, 2022

Áñez dejó un país en ruina económica, desempleo, división, muertos en masacres y pandemia, y corrupción

La Paz-.(ABI).- En un año de mandato inconstitucional, Jeanine Áñez dejó el país con una crisis múltiple: fragilidad económica, desempleo, una sociedad dividida, miles de muertos en la pandemia y corrupción.

La mandataria de facto entregó un Estado sin liquidez ni reactivación económica, con un fracasado plan de empleo del que intentó obtener rédito político y con un endeudamiento público que escaló de 27,1% en relación al PIB, al 39%.

Al concluir su mandato, que se extendió por un año, no solo se fue huérfana y repudiada por sus aliados, sino también con una sociedad que le dio la espalda al considerar que traicionó su mandato al postularse como candidata, olvidando la promesa de no hacerlo y conducir al país hacia una transición ordenada y pacífica.

Durante su discurso de posesión, Luis Arce criticó el balance que dejó su antecesora.

“El Gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el Gobierno de la UDP (Unidad Democrática y Popular) en la década de los ochenta del siglo pasado. Han aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades”, dijo el flamante mandatario en la Asamblea Legislativa.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló en su momento que el gobierno de Áñez dejó el país solo con aproximadamente Bs 4.000 millones y no con Bs 17.000 millones como lo había asegurado.

Montenegro aseguró que el “descalabro” que tuvo la economía en el país fue de “magnitudes insospechadas”.

Bolivia experimentó entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 una caída de seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, de 3,5 a -2,5, al anularse la inversión pública.

Y no solo la pandemia influyó en el desempleo, también la administración de Jeanine Áñez hizo lo suyo. El confinamiento que aplicó su improvisada administración generó una ola de despidos de trabajadores, el cierre o la reducción de empresas y elevó en 2020 las tasas de desempleo más altas de los últimos 14 años, con un 11,8%, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Trabajo.

La exparlamentaria dividió aún más al país —golpeado ya por las masacres que dejaron 38 fallecidos y más de 500 heridos y perseguidos— al anunciar su candidatura en un momento crítico de impopularidad que la obligó más tarde a declinar en esa intención, pero ya en un momento de declive de su gobierno.

Con la institucionalidad del Órgano Electoral, apenas pudo cumplir con la misión inicial de dejar un nuevo gobierno elegido democráticamente en las urnas.

En el intento de Áñez de prorrogarse en el cargo y fortalecer su candidatura, orientó sus acciones a anular a los movimientos populares.

En ese marco dejó un país confrontado entre los sectores urbanos de clase media y los populares señalados como “violentos, corruptos, narcotraficantes”.

Al presidente Arce le tocó la responsabilidad de reconstruir la economía, promover el reencuentro nacional y resolver en democracia los problemas sociales.

Bolivia enfrentó el 2020 como su peor año económico desde 1985, cuando cayeron los precios internacionales de las materias primas, con miles de desempleados en las calles, un Estado en quiebra y la inflación a más de 20.000%.

El gobierno de Jeanine Áñez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció el influyente The New York Times.

El aumento en muertes –entre mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020– colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y a abrir nuevos cementerios.

Con la pandemia —cuyo devastador paso en Bolivia había dejado hasta ese momento más de 8.700 muertos— se descubrió que en su gobierno se compró con sobreprecio en España respiradores para pacientes con coronavirus.

Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país apenas unos días antes en un vuelo procedente de España y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.

Áñez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno.

Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de Sus 7.194, pero la administración de facto pagó –a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses– más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.

Ese monto estableció que cada uno le costó al Estado $us 27.000.

Otros casos de corrupción salpicaron su corta administración.

El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes está acusado de conducta antieconómica, mientras que el expresidente de estatal petrolera Herland Soliz es investigado por presuntas irregularidades en millonarias contrataciones realizadas durante la cuarentena.

A esos casos se agrega, entre otros, la venta de cargos e irregulares compras en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario