agosto 9, 2022

Relator Especial de la ONU y la justicia


Por La Época -.


La semana pasada, el relator especial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, presentó, finalmente, un informe sobre la situación general de la administración de la justicia en Bolivia. Leído su contenido no es nada distinto a su informe preliminar de febrero pasado, al concluir su visita en el país.

No hay que olvidar que la presencia del Relator Especial en Bolivia fue en respuesta a una invitación formulada por el gobierno del Estado Plurinacional, cuya motivación principal consistía, como efectivamente sucedió, en indagar el grado de independencia del Órgano Judicial y los problemas que enfrenta la administración de justicia, además de las usuales recomendaciones.

El texto, de unas 20 páginas, contiene recomendaciones en las que, quizá por una falta de prolijidad en el manejo y conocimiento del sistema institucional, no se ajusta plenamente a las competencias de los distintos órganos del Estado, lo cual ciertamente le quita algo de valor al estudio que se hizo para contar con un diagnóstico, lo más objetivo posible, de la justicia boliviana.

Empero, partamos de algo en que existe consenso: evaluar la forma de preselección y elección de los magistrados del Tribunal de Justicia Plurinacional y del Tribunal Constitucional Plurinacional que se hace, en la primera fase en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, en un segundo momento, a través del sufragio popular. Eso ocurrió en 2011 y 2017. Hasta ahora el mal trabajo de los asambleístas, cuyos miembros se cuotearon a los postulantes, le quitaron legitimidad a un mecanismo de participación del pueblo para la elección de los magistrados.

En lo que hay una coincidencia entre lo que el gobierno quiere y una de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas es la de impulsar un gran acuerdo nacional para la reforma de la justicia, “que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente”. Ese acuerdo dependerá del diseño que presente el gobierno mediante el Ministerio de Justicia y de la disposición de la oposición, además de la participación de la sociedad civil.

En lo que el informe entra en terrenos bastante cuestionables y a contramarcha de la línea de garantizar la independencia del Órgano Judicial es cuando pide que el gobierno se involucre en competencias que no son las suyas, como, por ejemplo, el de aumentar el número de juzgados y fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la violencia contra la mujer y de poner fin a la generalización y abuso de la práctica de las detenciones preventivas. Ambas tareas, para ser coherentes, corresponden al Órgano Judicial y al Ministerio Público.

No hay duda que existe el sentimiento compartido de que la detención preventiva no debería ser la regla sino la excepción. Salvo casos específicos, la gente debe defenderse en libertad y se debe garantizar el cumplimiento de los plazos procesales para enterrar la crónica retardación de justicia. Y, además, de que existe la enorme necesidad de evitar que casos que corresponden a los campos civiles, familiares y comerciales se ventilen por la vía penal.

En síntesis, en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas hay insumos para construir una ruta para la reforma de justicia y, sobre todo, para acercar la justicia a la gente.

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