agosto 12, 2022

¿Contra Camacho o contra Arce?


Por La Época -.


En las dos últimas semanas se han registrado dos bloqueos de carreteras en el departamento de Santa Cruz, en protesta por el incumplimiento del gobernador Luis Fernando Camacho en la construcción de carreteras y la atención de otras demandas adicionales en el marco de sus competencias. La medida de protesta en San Julián y Cuatro Cañadas han sido contundentes.

Es verdad que el gobernador cruceño demuestra cada día su total incapacidad para conducir el pujante departamento oriental y que sus promesas en la campaña electoral de las elecciones subnacionales no fueron más que demagógicas palabras para captar la atención de la población. A estas alturas solo le debe quedar el respaldo de su núcleo duro y la total frustración de los demás. Es más, Camacho, que también saliera derrotado en las elecciones nacionales de octubre de 2020, ha borrado cualquier tipo de expectativa en términos de gestión pública.

Empero, sería una ingenuidad pensar que el otrora líder cívico, que fue parte decisiva del golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el presidente Evo Morales, está muerto políticamente para otros escenarios no democráticos. La oposición no tiene a nadie, salvo a Camacho, que pueda generar y desarrollar condiciones favorables para desestabilizar al sólido gobierno de Luis Arce, quien pese a la adversidad nacional e internacional está demostrando capacidad de gestión económica.

Por esa razón, a pesar de la justeza de la protesta de los habitantes de San Julián y Cuatro Cañadas, hay que preguntarse con mayor frialdad a quien perjudican más los bloqueos de carreteras: ¿A Camacho, que de igual manera no podrá atender las demandas regionales, o a Luis Arce, que cada día libra batallas decisivas para consolidar la reactivación de la economía?

Es verdad que la protesta regional profundizará una mayor pérdida de respaldo político al gobernador cruceño, pero dada las circunstancias nacionales y su determinante internacional, es el presidente Arce quien a la larga puede ser el mayor perjudicado. No hay que olvidar la historia. Durante el gobierno de la reformista UDP, la derecha se montó sobre las acciones colectivas de los trabajadores para organizar y promover la caída del gobierno y la entronización del neoliberalismo durante dos décadas.

Si bien la realidad es radicalmente distinta respecto del período 1982-1985, en términos de que en la actualidad la inflación está controlada -la más baja del mundo-, hay crecimiento económico y un papel protagónico del Estado en la composición del PIB, el peligro de provocar problemas económico-sociales como factores de desestabilización política no ha desaparecido. Las fracciones hegemónicas de la burguesía -la agroindustria y la financiera- siguen representando un factor de amenaza a un proceso popular como el que se vive en el país. Los escenarios para la desestabilización del gobierno de Arce van desde el político hasta el productivo. Boicotear la gestión desde el campo de la economía es una posibilidad muy alta, particularmente desde aquellos sectores de grandes productores de determinados tipo de alimentos.

Por consiguiente, la toma de medidas de presión desde el campo popular debe considerar siempre los escenarios que se produzcan y, sobre todo, las consecuencias para la continuidad del proceso abierto en 2006 y que hoy pasa por la estabilidad del gobierno del presidente Luis Arce. Algunas medidas de presión más inteligentes y de impacto quirúrgico “focalizado” son las deseables.

 

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