Por La Época-.
El uso del Censo como mecanismo de desestabilización ha sido confirmado en las últimas horas. A pesar del extremado esfuerzo hecho por el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz (Comité Pro Santa Cruz, Gobernación y Universidad René Gabriel René Moreno) y evitar así un paro indefinido a partir de este sábado 22 de octubre, el cálculo político, pero, sobre todo, el proyecto político que se esconde en la medida extrema, ha impedido que los bolivianos y las bolivianas empiecen con tranquilidad los últimos días del mes.
No se comprendería esta afirmación si no se toma en cuenta la diferencia de tiempos en la propuesta de los cívicos cruceños. De acuerdo al resultado del Cabildo realizado en El Cristo, el Censo debe realizarse en el primer semestre de 2023 y los resultados conocerse en 120 días. La propuesta del Gobierno es que la encuesta nacional de Población y Vivienda se registre entre octubre de 2023 y abril de 2024, y aplicar los resultados en octubre del siguiente año. La propuesta inicial del Gobierno consistía en un Censo como máximo hasta junio y julio de 2024 y los resultados en 12 meses, lo que implicaba la aplicación de los resultados a mediados de 2025.
No hay duda que el Gobierno modificó sustancialmente su plan, en una señal muy clara de disposición al diálogo y de resolver, sin peligrosos enfrentamientos, los problemas en los que hay posiciones distintas. Lo que no se entiende es que los dirigentes cruceños no acepten conocer los resultados antes de lo previsto incluso por ellos mismos, así el Censo se tenga que realizar en una fecha posterior a la originalmente pensada. La única explicación es que aquella encuesta solo es un pretexto de un proyecto político de carácter antidemocrático.
¿Qué pone de manifiesto esa posición radical de la dirigencia cruceña, que rechaza una propuesta que de lejos sobrepasaba las expectativas generadas por el Cabildo? No hay otra razón que procurar la desestabilización del Gobierno, a tal grado de acortar el mandato presidencial de Luis Arce y de asignar al vicepresidente David Choquehuanca la tarea establecida por la Constitución Política del Estado (CPE) de lanzar la inmediata convocatoria a elecciones generales. Es decir, lo que está en marcha es un nuevo golpe de Estado, aunque la interrupción de la democracia asuma una forma distinta a la de noviembre de 2019, cuando una combinación de alzamiento civil y militar derrocó al expresidente Evo Morales.
Por eso no resulta sorprendente que muchos de los que fueron protagonistas del golpe de Estado en 2019 estén ahora en proceso de rearticulación. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, organizó el viernes 21 de octubre una asamblea de sus seguidores y activistas de derecha, para hacer aprobar la línea de organizar una marcha y movilización en la sede de gobierno en respaldo a la demanda de Censo 2023. La derecha quiere llevar el conflicto de Santa Cruz a La Paz.
Lo grave es que, a pesar de ser tan evidente el proyecto de la derecha, el masismo se desgaste en peleas innecesarias que perjudican al Gobierno y benefician a la derecha.
Leave a Reply