Sucre-. (ABI). – El secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, reveló este lunes que además del exministro de Defensa, Fernando López Julio, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, también está refugiado en Brasil.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confesó en días pasados que su gobierno protege a exfuncionarios de Jeanine Áñez, quienes estarían en calidad de refugiados en ese país.
Entre ellos, están los excomandantes prófugos de la justicia, Orellana y Calderón, de quienes se desconocía su paradero, pero ahora con aquella confirmación, la Fiscalía dio inicio al proceso de extradición.
“El hecho que la autoridad oficial (Bolsonaro) haya indicado que el mismo (Fernando López) se encuentra en Brasil juntamente con el señor Carlos Orellana (excomandante de las FFAA) y nuestro anterior comandante de la Policía Boliviana (Yuri Calderón) hace que nosotros reactivemos el procedimiento de extradición”, indicó la autoridad fiscal en conferencia de prensa.
El Ministerio Público también activó la solicitud de detención preventiva de ambos excomandantes con fines de extradición.
“El señor Sergio Carlos Orellana Centellas tiene que venir a rendir cuentas”, señaló Quispe.
Recalcó que, en marco a las investigaciones, estos investigados son acusados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, entre otros.
El exgeneral Yuri Calderón, durante los conflictos de 2019 convocó a una conferencia de prensa para pedir a Evo Morales que renuncie a la presidencia del Estado.
El exjefe policial se encuentra prófugo de la justicia boliviana, fue juzgado en rebeldía y condenado a 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Ley.
Asimismo, explicó que el proceso de extradición del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, investigado por presuntos hechos irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se encuentra en sede de la autoridad jurisdiccional (Paraguay) y la Fiscalía realiza el seguimiento correspondiente.
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